Por Nicolás Romero
La Legislatura porteña aprobó la reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad que impulsó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pese al rechazo de la oposición y las críticas de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Si bien el artículo más polémico, que establecía distintas medidas de vigilancia remota y sin límites de tiempo, que avanzaban sobre los derechos a la privacidad de las personas, fue bajado a último momento, el coordinador del área Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Federico Efrón, sostuvo que la ley mantiene una mirada “orientada a ampliar el poder punitivo y limitar garantías”. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sostuvieron que la reforma “legaliza los infiltrados, los buchones a sueldo, que van a permitir intervenir un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas, con la excusa de combatir el delito”.
Las modificaciones al Código que establece el marco en el que deben moverse los jueces, fiscales y defensores durante la etapa de investigación de un delito y el juicio posterior fueron aprobadadas con 33 votos positivos del bloque oficialista y 24 negativos de las bancadas opositoras: PTS, AyL, PO, PS, GEN, MC, Evolución, Unidad Ciudadana y el Bloque Peronista.
Según el gobierno, el proyecto de 69 artículos, que introduce cambios en el Código sancionado en 2007, tiene por finalidad modernizar el marco normativo, brindar “nuevas herramientas de investigación” y preparar a la Ciudad para el momento en que reciba la transferencia de delitos de competencia nacional, como establece un convenio firmado entre ambas jurisdicciones.
Entre esas herramientas estaban la vigilancia acústica, la vigilancia remota sobre equipos informáticos (celulares, computadoras), la vigilancia a través de equipos de captación de imagen y la vigilancia a través de dispositivos de geolocalización (activación de los GPS de los aparatos informáticos).
A pesar de que distintas organizaciones civiles se manifestaron en contra del proyecto, entre ellas el CELS, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Fundación Vía Libre, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y Poder Ciudadano, el oficialismo sólo descartó, a última hora, el artículo que impulsaba la vigilancia.
Para Efrón, entre las modificaciones que implican un retroceso en materia legal está la modificación del artículo 28, que “complicara un poco más lo que ya era complicado”. El acceso a un abogado cuando una persona está detenida en una comisaría queda en una zona gris al modificar la certeza de “ser asistido” por “proponer para ser asistido”.
Al respecto, el defensor general de la Ciudad, Horacio Corti, señaló que la reforma implica “graves restricciones a la libertad personal, además de limitar, injustificadamente, el derecho a la asistencia y la defensa en juicio”, y aseguró que “el objetivo es alejar a la defensa pública de las comisarías”, ya que les permitirá a las fuerzas de seguridad diferir de manera arbitraria, el derecho de ser asistido por un defensor desde el primer momento.
Según el Efrón, esta modificación se enlaza con el cambio en el artículo 173, que amplía de 24 a 48 horas el plazo para resolver la prisión preventiva o la libertad de una persona. “Podés llegar a pasar hasta tres días para estar frente a un juez que controle la legalidad de tu detención. No respeta los estándares de derecho humanos, porque el estándar dice con claridad que la privación de la libertad necesita de control inmediato de la legalidad por un juez. No tres días”, explicó el letrado, quien remarcó que “cuando se acepta que el Estado limite derechos es porque es necesario para tener mejor respuestas a los delitos, y los legisladores no fundamentaron por qué se necesitan estas medidas para investigar mejor. Es sólo una idea punitiva la que sustenta la reforma”.
Por otra parte, se amplía el plazo de la Investigación Preparatoria, la etapa previa al juicio, y la extiende a un plazo máximo de dos años, cuando antes era de 90 días, que podían extenderse por otros 90, y muy excepcionalmente llegar al año. Según Efrón, la medida va a contramano de la búsqueda de un sistema judicial eficaz. En lugar de tender a un sistema penal acusatorio rápido se van a extender los plazos. También se amplía el tiempo que un fiscal puede intervenir teléfonos, llevándolo de los 45 días actuales, a 90 (45 renovables por otros 45).
Además, incorpora las figuras de agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada, como así también sus implicancias procesales.
El abogado de la Correpi Juan Ignacio Maurin sostuvo que “bajaron el artículo que hablaba de vigilancia para hacer pasar esto, que va a permitir intervenir un amplio abanico de organizaciones que tienen sede en la ciudad”, y explicó que “si alguien pinta un monumento histórico, con la figura de daño agravado justificarían la intervención a una organización política con agentes encubiertos. Un buchón a sueldo puede iniciar una causa y la propia versión de quien la inicia es prueba suficiente para el proceso. Esto da lugar a un estado de sospecha constante y viola las garantías, no sólo del imputado sino de las personas en general”, remarcó. Según el abogado, la estrategia oficial fue enmarcar esta reforma en el combate de delitos como el narcomenudeo, el grooming, abusos sexuales, cuestiones que en las que pueden ser satisfactorias, pero que terminará abarcando a casi todos los delitos. “Hace poco, a los trabajadores del subte los acusaron de asociación ilícita. Con esa acusación justificarían que un agente encubierto, designado no se sabe bien por quién, investigue una organización gremial”, dijo Maurin, y remarcó que “ése es el lado tenebroso de esta reforma”.
En este sentido, Efrón remarcó que “como está formulado pueden aplicarlo a cualquier delito, porque los limites son vagos. Hay mucha discrecionalidad, y es difícil que esto ayude a investigar si no se respeta el debido proceso”.
