El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) denunció a Gustavo Arribas, Director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ante la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). La organización, dedicada a la implementación de políticas de prevención y persecución de la criminalidad económica, reclamó que se investigue la situación del jefe de los espías, que fue denunciado por cinco transferencias que presuntamente recibió en su cuenta del Credit Suisse por casi 600 mil dólares realizadas por un operador financiero y cambiario condenado en el marco de la investigación Lava Jato, en Brasil. Al margen de las sospechas desatadas luego de la revelación de estos depósitos y de las causas judiciales que se abrieron al respecto, Cipce destaca que la OA y la UIF deberían poner la lupa en posibles incompatibilidades en el ejercicio de la función pública e inconsistencias en la declaración jurada financiera y patrimonial de Arribas, lo que podría costarle el cargo independientemente del destino que tengan los expediente abiertos en Comodoro Py. En ese sentido, la organización destacó que Arribas sigue registrado en la AFA, junto con su hijo, como intermediario en la venta de jugadores; que tuvo tres denuncias penales por evasión tributaria y que sus declaraciones juradas están, por lo menos, incompletas y tienen inconsistencias. 

“Podrían encontrarse afectadas la ética y la transparencia necesarias para el ejercicio de la función pública, acrecentada dicha exigencia por el cargo que detenta el señor Arribas”, señalaron en los escritos que presentaron ante la OA y la UIF, Agustín Carrra y Nicolás Macchione, de Cipce. Allí destacaron las denuncias de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió y de los diputados del Frente para la Victoria Héctor Recalde, Teresa García, Martín Doñate, María Emilia Soria y Rodolfo Tailhade. Estos últimos acusaron a Arribas de ser el posible encargado de pagar coimas y sobornos para que el consorcio integrado por la empresa brasileña Odebrecht, la argentina Iecsa –del primo del presidente Mauricio Macri Angelo Calcaterra– la española Comsa y la italiana Ghella se quedara con la licitación del soterramiento del tren Sarmiento. Según la información revelada la semana pasada por el diario La Nación a partir de una investigación en colaboración con el equipo peruano IDL Reporteros, Leonardo Meirelles transfirió, entre el 25 y 27 se septiembre de 2013,  594.518 dólares mediante cinco giros a una cuenta suiza de Arribas desde una cuenta bancaria en Hong Kong. Esa cuenta era controlada por el operador brasileño a través de la empresa RFY Import y Export Limited, que la justicia de su país calificó como “empresa de fachada” destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión. Alberto Youssef, socio y jefe de Meirelles, declaró en Brasil que usó la citada cuenta en Hong Kong para pagar coimas de Odebrecht por 2,4 millones de dólares. El diario La Nación publicó el domingo que los abogados de Arribas le hicieron llegar un mail de “una ejecutiva de cuentas del banco suizo” (no se aportó el nombre de la funcionaria) en el que se afirma que sólo uno de los cinco giros realizados por Meirelles habrían llegado a la cuenta del director de la AFI. Para los directivos de Cipce esta información no cambie el eje de las presentaciones que hicieron ayer, por el contrario, se trata de datos que los organismos deberían chequear.. 

Los escritos de Cipce ponen el dedo en la laga acerca de la falta de control de funcionarios públicos por parte de la OA y la UIF. Laura Alonso, titular de la OA, fue denunciada la semana pasada por el abogado Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) por actuar con parcialidad debido a que la funcionaria hizo una presentación judicial contra Emilio Pérsico, del movimiento Evita, por no presentar una declaración jurada. Grabois destacó que había más de 20 mil personas en la misma situación que Pérsico que no fueron denunciados. La ONG Poder Ciudadano, que presidía Alonso antes de su salto a la función pública, reclamó que el Gobierno aparte al director de la AFI mientras dura la investigación judicial. La OA, que se sepa, no tomó cartas en el asunto. 

La UIF ya había recibido el año pasado alertas por operaciones sospechosas respecto de las transferencias de Meirelles. Pero el organismo a cargo de Mariano Federici se escudó en el “secreto profesional” para justificar no haber avanzado en la investigación por los depósitos del jefe de los espías. CIPCE reclama que la UIF se presente ante la Justicia. 

“La OA fue parte de la plataforma de campaña del partido gobernante y no se observan avances. Hay datos nuevos que modifican sustancialmente lo determinado por el organismo hace meses atrás”, señaló a Página 12 Macchione, de Cipce. “Y el secreto de sumario que adujo el jefe de la UIF no implica que no tenga un rol activo y que el caso no pueda ser materia de tratamiento en el Congreso a puertas cerradas, por ejemplo. La UIF lleva más de 300 días analizando datos de una persona que debería ser prioridad. La preocupación por la incompatibilidad de Arribas se ve acrecentada por las nuevas denuncias y  pruebas que presentamos. Hay inconsistencias respecto a lo declarado y es es preocupantes”, agregó el abogado. 

  A partir de un relevamiento de información y de un informe comercial de la base de datos Nosis, la organización destacó: 

  • Arribas está incluido en la actualidad como intermediario registrado en la  AFA, pero esto no está indicado en la declaración jurada. 
  • En la declaración jurada no está incluida la madre de su hijo, ni sociedades en las que participa. 
  • Hay una posible omisión de declaración de inmuebles, ya que en Nosis aparecen cinco domicilios vinculados en Capital y en la declaración jurada figuran solo cuatro. 
  • La organización señala, entre posibles inconsistencias: la valuación de un automóvil Porsche de 2004 en 400 mil pesos, mientras que el valor de marcado sería de 600 mil. Y la valuación de un terreno de 200 metros cuadrados en San Martín de los Andes en 166 mil pesos, mientras que el valor real sería mucho mayor.     
  • Cipce reclama que se investiguen las sociedades civiles en las que estuvo Arribas y fueron cuestionadas por posible lavado de dinero en el negocio de compra y venta de jugadores de fútbol: HAZ Sport Agency de Argentina y otras empresas con el mismo nombre o similar en distintos paraísos fiscales, como Gibraltar, Luxemburgo o Delaware. (Arribas tuvo al menos tres denuncias por supuestas ilegalidades en esa actividad, una de ellas relacionada con los pases de Carlos Tévez y Javier Mascherano.) En el informe Nosis también aparece vinculado a Gag Construcciones, que tiene una sede homónima en España y es una de las grandes empresas licitantes de obra pública en América Latina. Gag construcciones participó en licitaciones en las que se presentó Odebrecht.

Macchione puntualizó: “Decidimos denunciar a la OA para que se investigue no (solo) si Arribas cometió delitos durante la función pública, sino como órgano de control de la ética de funcionarios. A la luz de los nuevos datos conocidos debe establecerse si es confiable un sujeto que entre otras cuestiones acumula más de seis denuncias penales”.