Más del 70 por ciento de las detenciones que se producen en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires fueron registradas bajo el delito de “atentado y resistencia a la autoridad”, mientras que más del 50 por ciento fue detenido por la contravención “uso indebido del espacio público”. El promedio de edad de las personas detenidas fue de 31 años y la mayoría de ellos, más del 98 por ciento, eran personas que no contaban con un empleo formal. 

Organizaciones sociales, territoriales y de derechos humanos, a partir de estos datos que dio a conocer el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad, manifiestaron su preocupación por estas cifras que, coinciden, “demuestran que hay semáforo en verde para el proceder policial sobre los sectores populares, sobre la protesta social y el uso del espacio público en general”.

El informe del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires revela que el 70,59 por ciento de las causas imputadas a quienes expusieron haber sufrido violencia institucional fueron por las figuras previstas en el capítulo de “Atentado y Resistencia a la Autoridad”. 

El 1º de marzo pasado entró en vigencia el traspaso de competencias establecido por la Ley Nacional 26.702 y la Ley porteña 5.935, que incluye, entre otras figuras, los delitos contra la administración pública, y en particular las figuras de atentado y resistencia a la autoridad. 

El defensor general adjunto del Ministerio Público de la Defensa, Luis Duacastella, manifestó su preocupación por el aumento de las detenciones bajo esa figura. “Se utiliza en varios casos, como el de Mariana Gómez, que se estaba besando con su pareja en Constitución, entonces bajo la excusa de que no apagó el cigarrillo la detuvieron y la procesaron bajo resistencia a la autoridad”, recordó para ejemplificar los abusos de la policía a la hora de aplicar el delito.

El informe permite observar que “el 97 por ciento de los detenidos son pobres porque es gente que no tiene empleo formal”. En ese aspecto, el informe habla de una persecución a quienes realizan actividades de subsistencia en el espacio público como manteros, cuidacoches, limpiavidrios y trabajadoras sexuales. “Es muy alto el porcentaje de personas que se dedican a esta actividad que fueron objeto de resistencia a la autoridad”, manifiesta Duacastella.

El informe señala, además, que el promedio de edad de las víctimas de violencia institucional es de 31 años, y que la mayoría de los detenidos tienen 22; mientras que el 40 por ciento de los casos se da entre los 18 y 28 años. El detenido más joven tiene 17 años, mientras el mayor tiene 57 años. 

En cuanto a la persecución en los sectores vulnerables, el abogado Nahuel Berguier, integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, explicó que “las fuerzas policiales aplican la violencia y van conformando una especie de ciudadanías de segunda que conviven cotidianamente con situaciones de discriminación. Hay acciones que a pesar de estar prohibidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como subir a  pibes y pibas a dar la vuelta en patrullero y bajarlos, ponerlos contra la pared y tenerlos un rato largo en razzias, son moneda corriente en los barrios estigmatizados, y fueron intensificadas muchísimo en el último tiempo” (ver recuadro). 

Berguier, que trabaja en territorio y es querellante de varias causas de violencia institucional, señala que la mayoría de los casos no se denuncian porque los pibes sienten los hechos como parte de la cotidianidad y aseguró que “hay una sensación de que nunca pasa nada con ese tipo de denuncias”. Por eso rescata el caso de Iván y Ezequiel, que se animaron a denunciar, se pudo avanzar y la Justicia dijo que fue tortura. Además, “los docentes del barrio, las familias, las organizaciones populares dieron ese resultado justo, como resguardar la prueba de los hechos”: cuando los testigos del caso fueron amenazados, la respuesta fuerte la dieron las organizaciones sociales, que los acompañaron en caravana a declarar.

En ese sentido, María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), explicó a PáginaI12 que “más del 95 por ciento de las causas por aplicación de tormentos que llegan a ser juzgadas son tipificadas judicialmente con alguna otra figura menor, como apremios, vejaciones o severidades”. 

Según la titular de Correpi, la violencia exacerbada de los agentes de seguridad responde a la “híper saturación de efectivos de fuerzas federales y locales en los barrios”. 

Para Verdú, esta situción se debe al aumento “del poder de fuego en las calles”, que aumenta los casos de gatillo fácil y que desemboca en detenciones arbitrarias.

“Más gente circula por comisarías, ergo, más torturas y más muertes bajo custodia”, enfatizó Verdú, y agregó que “el gatillo fácil es la otra modalidad represiva por excelencia”. En ese sentido, subrayó:  “Junto a la tortura, nos está costando más de una vida por día bajo el gobierno de Macri y Bullrich”.

La problemática de la violencia institucional es abordada desde varios aspectos. Uno de ellos es el psicológico, que suelen trabajar con los familiares las víctimas no sólo para contenerlas, sino también para que los casos no caigan en la impunidad y para repensar un paradigma que desande el punitivismo.

Florencia Suárez, psicóloga e integrante de la Campaña contra la Violencia Institucional, sostuvo que se recurre a conceptos repetidos para afrontar la seguridad. “Las mismas recetas de hace treinta años, como el aumento de penas, mayor saturación policial y estrategias de acordonamiento de barrios vulnerados. Nunca se piensan estrategias de prevención del delito, ni tampoco en todo lo que tenga que ver con la participación ciudadana en las políticas de seguridad”, concluyó la psicóloga en diálogo con PáginaI12.

Investigación: Fedra Abagianos y Clarisa Busemi.