Desde Lima

El ex dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, indultado irregularmente y que ahora debe volver a prisión al haberse anulado ese perdón, vuelve a ser protagonista político y tensa más el cargado e inestable escenario peruano. El caso Fujimori, la posibilidad que un acusado de violaciones a los derechos humanos se convierta este domingo en alcalde de Lima, el enfrentamiento de una agresiva mayoría parlamentaria fujimorista con el gobierno, escándalos de corrupción que se suman uno tras otro, un profundo descrédito de la clase política y las instituciones y una creciente indignación ciudadana, se entrecruzan en el convulsionado escenario peruano, que se ha crispado aún más esta semana. 

Fujimori sigue en la clínica en la que se internó el miércoles cuando un tribunal revocó el indulto que en diciembre pasado le diera el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski –que tres meses después debió renunciar– argumentando razones humanitarias, pero que en realidad fue parte de un pacto político. El autócrata de 80 años, que gobernó entre 1990 y 2000, aduce supuestos males cardiacos para seguir en la clínica y evitar su regreso a prisión. 

Desde su cama del centro médico, Fujimori ha enviado un video en el que suplica que no lo regresen a la cárcel. “Quiero pedirle al presidente, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más”, dijo, dramático, en su breve mensaje. Todo parecía calculado para buscar respaldo a partir de generar lástima. Voceros fujimoristas siguieron el mismo guión. El presidente Vizcarra ha respondido diciendo que se debe respetar la decisión judicial que revocó el indulto. La Corte Suprema verá la apelación presentada por la defensa del ex dictador.   

Fujimori ha jugado tantas veces con la supuesta gravedad de su salud para buscar impunidad –con ese argumento, que se demostró era falso, obtuvo el indulto–, que resulta difícil creer en la veracidad de su dramático alegato. No hay un informe médico imparcial que lo avale. 

El fujimorismo presiona con su mayoría parlamentaria –y con el apoyo de sectores de la derecha más conservadora y autoritaria– en defensa de su fundador. Y maniobra para salvarlo de un regreso a la cárcel. Ahora pretende sacar en el Congreso una ley para que a las personas mayores de 80 años, la edad que tiene Fujimori, se les conmute las condenas que tengan. Tiene el poder de los votos para aprobarla, pero no el del respaldo popular, con su lideresa Keiko Fujimori generando un 80 por ciento de rechazo. Sería además una decisión que abonaría a la indignación ciudadana y al descrédito del Congreso, que tiene menos de diez por ciento de aceptación.  

Si se da marcha atrás en la derogatoria del indulto o se anula la condena de Fujimori con una ley con nombre propio, eso gatillaría protestas en las calles y un amplio rechazo de diversos sectores, desde la izquierda hasta la derecha liberal, como ya ocurrió cuando se dio el indulto trucho hoy anulado. 

Si la anulación del indulto a Fujimori fue recibida como una victoria de la justicia y los derechos humanos, al día siguiente otro tribunal apuntó en el sentido opuesto: en un cuestionado fallo absolvió del cargo de asesinar a un periodista al general retirado Daniel Urresti, actual candidato a la alcaldía de Lima en las elecciones de este domingo. El crimen ocurrió en 1988 en Ayacucho, zona que era epicentro de las acciones del grupo armado Sendero Luminoso, donde Urresti estaba destacado como capitán del ejército. 

Urresti fue ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala y frustrado candidato presidencial por el humalismo en 2016, y ahora se postula a la alcaldía de Lima con un discurso de mano dura contra la delincuencia. La última encuesta, publicada el domingo pasado, lo pone en el primer lugar entre los veinte candidatos, con 17,3 por ciento de la intención de voto. El ex congresista fujimorista Renzo Reggiardo, que ha formado su propia agrupación, se ubica muy cerca, con 16,9 por ciento, pero está en caída. En tercer lugar está el centrista Jorge Muñoz, con 14,2 por ciento y con una tendencia al alza. La candidatura del favorito Urresti se fortaleció con la sentencia.  

El periodista Bustíos fue asesinado cuando cubría información en un paraje rural andino. Fue acribillado y rematado con explosivos. En 2007, dos oficiales del ejército fueron condenados por el crimen. Después de esa sentencia, dos militares acusaron a Urresti, quien fue jefe de inteligencia en esa zona, de haber participado en el asesinato, pero sospechosamente durante el juicio se retractaron. Una campesina, testigo de lo ocurrido, lo identificó ante los jueces como autor del asesinato, pero su testimonio no fue considerado por el tribunal. A su salida del juzgado, Urresti celebró con sus seguidores y aprovechó para hacer campaña.

La aprobación esta semana en el Congreso, después de un largo y áspero debate, de las cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente Vizcarra –la no reelección inmediata de los congresistas, volver a un Congreso bicameral, el control de los aportes privados a las campañas electorales y la reforma del organismo encargado de nombrar y destituir a jueces y fiscales, que serán sometidas a referéndum en diciembre, no ha descomprimido las tensiones políticas como algunos esperaban.