La diputada radical Aída Ayala quedó a un paso de la cárcel. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó ayer su procesamiento con prisión preventiva, lo que desencadenó en que la dirigente se viera obligada a solicitar a sus pares de la Cámara de Diputados la suspensión de su inmunidad legislativa para ponerse “a disposición de la Justicia”. “No me escudaré en los fueros parlamentarios, esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde”, afirmó Ayala mediante un comunicado en el que calificó al fallo como “groseramente arbitrario”. Lo cierto es que Ayala había quedado atrapada por la propia postura de Cambiemos, que la protegió durante el proceso pero que había fijado como posición institucional avanzar con los pedidos de desafuero cuando éstos cuenten con la confirmación por parte del tribunal de segunda instancia. Esa es la línea que ratificó hace apenas unos días el presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, al anunciar que en noviembre tratarán de avanzar con el desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández.

La decisión de los camaristas María Delfina Denogens, Eduardo Belforte y Rocío Alcalá no sólo generó consecuencias jurídicas sino que abrió varias secuelas políticas. Los jueces ratificaron el procesamiento con prisión preventiva de Ayala y los otros imputados que había resuelto la jueza de primera instancia, Zunilda Niremperger. La causa se la conoce como “Lavado II” y en ella se la imputa a la ex intendenta de Resistencia por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros. Se la acusa de “haber conformado una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones por un lado, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños y por último la conformación  de sociedades a través de las cuales ingresa el producido de este tipo de maniobras”. Las maniobras se habrían realizado con la complicidad de Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia y a través de la contratación de camiones a una empresa para la recolección de residuos. Esa empresa, PIMP S.A., tiene como uno de sus socios a Daniel Fischer, ex yerno de la diputada, también detenido en el marco de la causa. 

“El fallo no tiene nada que lo sustente. Cualquiera que lo intente puede comprobar si los jueces pudieron acreditar lo siguiente: 1) si yo me beneficié patrimonialmente; 2) si tengo alguna vinculación concreta, pacto y/o compromiso con las empresas intervinientes (se sostiene que me he valido de Daniel Fischer y la relación más cercana que hemos tenido fue cuando era novio de mi hija hasta el año 2006); 3) si se ha verificado un sobreprecio; 4) si se ha producido un incumplimiento en el servicio”, se defendió ayer Ayala en el comunicado. Por el contrario, para los camaristas, el fallo de la jueza “no se advierte se encuentre infundado, inmotivado o no se ajuste a las reglas de la sana crítica racional, no advirtiéndose fisuras en las argumentaciones”. 

Hasta ayer Cambiemos había logrado esquivar el desafuero realizado por Niremperger: Lo rechazó en la comisión de Asuntos Constitucionales con el argumento de que había sido pedido antes de la declaración indagatoria de Ayala pero nunca llegó luego a votarlo en el recinto. Tras la indagatoria y la confirmación ahora de la Cámara, el oficialismo no tenía más remedio que avanzar. “Si llega un nuevo pedido de desafuero lo vamos a tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, tal como hicimos con los pedidos anteriores”, aseguró ayer el macrista Pablo Tonelli. En el entorno de Ayala aseguran que la radical quería presentarse ayer para renunciar a sus fueros, algo que no es posible ya que la inmunidad no le pertenece a ella sino al cuerpo. Si bien no están fijados los plazos, fuentes parlamentarias estiman que avanzarán en las próximas semanas.