Paolo Rocca, dueño de Techint, la empresa más grande de Argentina, fue indagado ayer en la causa de las fotocopias de los cuadernos y no sólo volvió tranquilo a su casa sino que ni siquiera necesitó convertirse en arrepentido. Negó haber pagado coimas en la obra pública y trasladó la responsabilidad a uno de los directivos de su firma, Luis Betnaza, quien había declarado como imputado colaborador y está procesado por ocho pagos ilegales. Rocca le atribuyó “autonomía” por el cargo que tenía y, en ese contexto, dijo que pudo haber pagado para que el gobierno argentino intercediera ante Venezuela para impedir la nacionalización de Sidor, firma de su holding. Según figura el expediente, Betnaza había ordenado un pago de, por ejemplo, un millón de dólares, una cifra que resulta llamativo que salga de la compañía sin que el máximo responsable se entere.
En agosto, en medio del máximo revuelo por la causa de los cuadernos, en una reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Rocca aseguró que no participó del llamado “club de la obra pública” aunque sabía que “las cosas no estaban bien, pero no fuimos cómplices ni partícipes”. Sin embargo, reconoció también que “Betnaza accedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces de un apoyo”. Pocos días después viajó a Vaca Muerta con Mauricio Macri, donde recorrieron la planta de procesamiento de gas de Tecprol, del grupo Techint. Cuando declaró ayer ante el juez Claudio Bonadío y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, Rocca dio una versión sensiblemente diferente, destinada a ahorrarse complicaciones procesales. Ofrecerse como “arrepentido” hubiera tenido fuertes consecuencias para Rocca y su holding en causa judiciales que tramitan en Italia y Brasil, ambas por sobornos, y también impactaría en Estados Unidos, donde tiene -en Houston– una fábrica de tubos sin costura para la industria petrolera que las empresas estadounidenses miran con atención por ser fuertes competidores en el rubro.
Rocca aseguró ante el juez que no tuvo conocimiento del pago de supuestas coimas a ex funcionarios y que, en todo caso, pudo ocurrir que de haberlas corrieran por cuenta de Betnaza. Lo que sucede es este último, cuando declaró como arrepentido dijo que funcionarios del Ministerio de Planificación le pidieron plata para que el gobierno argentino hiciera una gestión ante el de Venezuela, por la situación de las empresas de Techint allí, en particular ante la expropiación de Sidor. Reconoció que él le indicó al ex director de administración de la firma, Héctor Zabaleta, que arreglara con Roberto Baratta –ex mano derecha de Julio De Vido en Planificación– lo que llamaban “aportes” por la gestión. El argumento fue que lo hizo “para salvaguardar la integridad física y la repatriación de más de 200 empleados del grupo Techint y sus familiares en Venezuela” en el proceso de nacionalización.
Antes que Betnaza, quien había declarado fue Zabaleta, quien dijo que entregó dinero por indicación de Betnaza. Cuando el juez dictó procesamientos, señaló ocho pagos de Techint entre mayo y diciembre de 2008, realizados por Zabaleta, a quien le dictó falta de mérito, decisión que fue apelada por la fiscalía. Se los entregaba a Baratta en oficinas en la calle Della Paolera. “Betnaza me dijo que tenía un compromiso con el Gobierno porque si no le cortarían la luz y gas de Siderca”, fue una de las afirmaciones de Zabaleta, quien especificó que le indicó pagos por un millón de dólares. El otro arrepentido que habló de pagos de Techint, fue Claudio Uberti, quien señaló entregas de 100 mil pesos también en la calle Della Paolera. Esto fue negado por Betnaza, quien dijo que allí no funciona Techint para la época señalada por el ex titular del Órgano de control de Concesiones Viales.
Hasta ahora, la lógica en la causa fue que a varios de los empresarios que no se arrepintieron, los dejaron detenidos. Pero tampoco parece que en este caso los fiscales hayan puesto énfasis en buscar una confesión. Era difícil entender por qué no era indagado Rocca hasta ahora, de la misma manera que tampoco está claro por qué hasta ahora no fue convocado a declarar Franco Macri, dueños de Iecsa hasta 2007, otras de las empresas involucradas en esta causa incluso antes de ese año.
