Un Gobierno de ricos para ricos, sólo puede generar mayor desigualdad. En la actual coyuntura la devaluación –que todavía no impacto de lleno en los precios–, los tarifazos y, en general, el alza del costo de vida, provocó un aumento grave de la desigualdad, demostrado con el coeficiente Gini. Vale recordar que ese indicador cuánto más se aleja de 0 por ciento más aumenta la desigualdad: subió al 0,440 mientras que el de 2015 fue de 0,391.

En el caso concreto de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, la obvia desigualdad existente fue agravada por el creciente número de asalariados despedidos o suspendidos, por los despidos encubiertos, los retiros voluntarios, las falsas renuncias gratificadas, todo ello una simulación ilícita pero homologadas por el inexistente Ministerio de Trabajo. Digo inexistente no sólo por su desjerarquización que lo redujo a Secretaria de Trabajo (congruente con la política antisocial de Macri), sino porque también disminuye los recursos que hace al control por el previsible ajuste en la dotación de personal a lo largo y ancho del país en un contexto donde el trabajo no registrado (en negro) pasó del 31,4 al 34,2 por ciento. Pero mal pese a la conducción de la autoridad administrativa del trabajo, muchísimos de los empleados tienen puesta la impronta de la verdadera esencia de su función, que es la defensa de sus hermanos de clase.

Hoy el desempleo llega a los dos dígitos, cuando en el tercer trimestre de 2015 era del 5,9 por ciento. Todos los días se despiden un promedio de 154 trabajadores, mientras que el ministro Jorge Triaca (h) afirma que no hay despidos masivos. El gobierno desde que asumió cesanteó a 24.824, sin que se sepa cuántos empleados públicos perderán su trabajo por la reestructuración de ministerios. Las expectativas de empleo son negativas o pesimistas para la casi totalidad de las consultoras. Manpower informa que la tasa de actividad es la más baja de los últimos once años. Los trabajadores desempleados que buscan trabajo y no consiguen por más de un año creció un 11 por ciento desde el 2015. 

Del total de los ocupados, alrededor del 70 por ciento es asalariado, el 25 por ciento dice ser cuentapropista y el 5 por ciento restante son patrones. Al 34,3 por ciento de los asalariados no se les realizan aportes jubilatorios y, la incidencia de la informalidad en los cuentapropistas es del 64 por ciento. A su vez, los ocupados que necesitan trabajar más horas (subocupados) alcanzan el 15,3 por ciento. 

Este cuadro político, económico y social, entre varias de sus consecuencias negativas, influye en la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo: concretamente, los despidos y las amenazas operan como disciplinador llevando a las organizaciones sindicales a la extorsionadora opción: ¿defender el empleo o el salario?

La inflación de este año se estima de 45 al 50 por ciento, mientras la inmensa mayoría de las paritarias se cerraron muy debajo de esos porcentajes. Basta observar los porcentuales de ajuste salarial logrados en las paritarias para concluir que la casi totalidad de ellas no lograron siquiera empatar con el alza del costo de vida, por más cláusulas de reajuste pactadas. La inflación en 2016 fue del 40 por ciento, en 2017 fue de 25 por ciento y en 2018 estará en casi el doble. Para este año el Gobierno dio pautas de aumentos, primero del 15 por ciento y luego del 20. El salario mínimo vital y móvil en agosto de 2015 equivalía a 602 dólares (paridad a 9,28 pesos) y en septiembre de 2018, llego a sólo 249 dólares (paridad a 40,20 pesos). 

En un análisis optimista, Ecolatina dijo que el salario real caería un 6 por ciento. La pérdida será mayor y, obviamente, se intensificará en el creciente número de trabajadores no registrados.

Si existiera un gobierno, ya ni siquiera nacional y popular, sino con un poco de sensibilidad social, aparecería el Estado procurando corregir la asimetría, la disparidad en la relación de fuerzas entre las partes de la convención colectiva de trabajo y esto se lograría con algunas medidas muy concretas: 1) con un aumento de emergencia para todos los trabajadores; 2) con la convocatoria del Consejo  Nacional del Empleo, la productividad  y el salario mínimo vital y móvil; 3) con la declaración de la emergencia social y laboral; y 4) con la suspensión temporal de despidos y cesantías. Estas acciones no sólo corregirían en parte la injusticia social, sino que además contribuirían a la paz social, hoy amenazada por la desigualdad y por un inaceptable retroceso. Juan Carr había definido hace unos años que había hambre cero y hoy, lamentablemente, tenemos que decir que fue otra conquista perdida, ya que una parte importante de la población vuelve a sufrir las consecuencias del hambre. La pobreza, según el último dato oficial llegó al 28,7 por ciento, pero se prevé un aumento mayor en estos meses. Mientras tanto aumenta la fuga de capitales, que ya superó los  20.027 millones d dólares en lo que va del año y el gobierno sigue endeudando al país.

* Abogado laboralista.