Ahora temen por las pruebas

La fiscal María Laura Martí advirtió sobre el destino de las pruebas en la causa que le abrieron a ella y a su colega Roberto Apullán por haber investigado al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, hace ya un año. Algunas de esas pruebas son los teléfonos móviles que les incautaron por orden de los fiscales de Rosario que los investigan, Juliana González y Gustavo Ponce Asahad, en diciembre de 2017. “Estaban para su peritaje en el grupo de Análisis Digital Forense de Rosario, que dirige la ingeniera (María Eugenia) Casco”, donde el 26 de setiembre “hubo una sustracción de celulares de una banda que se juzgó hace poco. Me resulta suspicaz y sospechoso que los elementos que ellos dicen tener en mi contra estaban ahí y puedan ser modificados”, denunció Martí. Las otras pruebas son “más de 300 CD con escuchas telefónicas de una “trama de corrupción político-policial con protección judicial” –como la llamaron- que ella entregó en octubre de 2017 al abogado Santiago Lemos, uno de los subsecretarios del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti. Martí dijo que ejercerá su “derecho” para que esos 300 archivos digitales se puedan escuchar en Tribunales, ante un juez y en una audiencia pública, con acceso de la prensa. Ya en junio de este año, en el debate de una incidencia ante el juez de la Cámara Penal de Santa Fe Enrique Alvarez en el que González y Ponce Asahad estaban de un lado y los investigados del otro, Martí reveló que en la investigación al ex jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, Adrián Rodríguez estaba “el resto de las escuchas que involucran a altos funcionarios políticos y altos funcionarios de la Fiscalía General y del Ministerio Público de la Acusación. Ese legajo no sé donde se encuentra”, planteó.

Martí declaró el viernes en una audiencia imputativa secreta a metros del despacho del fiscal general de la provincia Jorge Baclini, en la que González y Ponce Asahad la imputaron por supuesta “falsedad ideológica”, “abuso de autoridad” e incumplimiento de deberes” en la causa en la que Pullaro es querellante. Apullán no participó porque está de licencia. Y quince fiscales de Santa Fe que pusieron el cuerpo en solidaridad con su colega investigada no pudieron ingresar para saber de qué se la acusa.

A la salida, Martí dijo que la “persecución” contra ella y Apullán tenía un objetivo disciplinante, “es un claro mensaje a los fiscales” de la provincia por haber investigado a Pullaro. Y sorprendió con una revelación. “Como evidencia en mi contra (González y Ponce Asahad) han mencionado los elementos que me incautaron. Yo he sido advertida, me han anoticiado, que en la ciudad de Rosario, en el sector de Análisis Digital Forense ha existido la sustracción de elementos, en este caso celulares; entiendo que pertenecían a la banda que se juzgó hace poco. Por lo tanto, me resulta suspicaz y sospechoso porque las pruebas que ellos dicen tener en mi contra estaban ahí y a mí me genera una cierta duda y suspicacia respecto a la modificación que pueda haber en los elementos que estaban reservados allí”, relató Martí.

Fue lo que dijo en la ronda de periodistas. Cuando salió Pullaro, los colegas lo siguieron hasta la vereda de enfrente. El despacho de Baclini está en diagonal con el del ministro, bordeando la plaza San Martín. Martí quedó con los fiscales que la acompañaban. “¿Cómo es ese tema de los teléfonos?”, le preguntó Rosario/12.

“Un policía que me trajo documental de un procedimiento me comentó que donde se hacen las pericias digitales, que es la oficina de Análisis Digital Forense de Rosario bajo la dirección de la ingeniera Casco hubo una sustracción de celulares que en su mayoría serían de la banda que les mencioné antes”.

-- ¿La banda de los Monos?

-- No sé, puede ser. Por lo tanto, me queda la duda. Si entre los demás (teléfonos) estaban mis celulares o algún elemento de los que me fueron  secuestrados que estaban listos para peritar y que ahora estén en poder de personas que desconozco,  que realizaron esa sustracción ilegal --respondió Martí.

-- ¿Le incautaron el celular, lo llevaron a Rosario para un peritaje y allí hubo un robo en esa sección?

-- Sí, casualmente el mismo día que me mandan la célula de citación.

-- ¿El 26 de setiembre?

-- Exactamente. Suspicaz ¿no? --se preguntó la fiscal.

Y acerca de los 300 CD con las escuchas telefónicas, Martí dijo que su descargo del viernes será el primero. “Estoy imputada, he declarado por consejo de mi defensor (Alejandro Otte), pero me reservé el derecho de ampliar la declaración ante un juez, en una audiencia pública en la que puedan ingresar mis compañeros fiscales y la prensa y se puedan escuchar los 300 CD y las constancias del legajo de Rodríguez que es importante que se conozcan”. “En esa causa –había dicho en la audiencia de junio- se encuentran el resto de las escuchas que involucran a altos funcionarios políticos y altos funcionarios de la Fiscalía General y del Ministerio Público de la Acusación”.