Una de las garantías de la impunidad es la naturalización de la mentira. Es lo que está haciendo el gobierno en el caso de la tarifa de gas. Antes fue Aranguren-Macri. Ahora es Iguacel-Macri, porque los ministros o secretarios son ejecutores de la política del gobierno.
Ya explicamos que la tarifa de gas es una gran estafa (Página 12 del 3 de septiembre), que consiste en que los usuarios nos hacemos cargo de financiar la inversión para el desarrollo de los yacimientos, para que las petroleras hagan importantes ganancias vendiendo el gas en el país o exportando. También, que su precio en dólar era insostenible. Pero no imaginamos entonces el conflicto suscitado entre las petroleras y las distribuidoras de gas, una pelea entre buitres.
Las distribuidoras alegaron que no podían pagar el precio convenido por el gas en boca de pozo dolarizado, con los valores actuales de la divisa. Porque ellos le cobran a los usuarios en pesos con tarifas vigentes que no les alcanza para honrar lo acordado con las petroleras. El secretario Iguacel, como Pilatos, les dijo: arréglense entre ustedes. Pero ningún buitre deja a su presa y no cedieron en sus posiciones.
“Que las petroleras bajen su precio”, dijeron las distribuidoras, que ya tienen asegurada su renta con la revisión integral de sus tarifas permanentemente actualizadas. “No nos bajaremos de nuestro derecho a un precio del gas en boca de pozo dolarizado, que es nuestra renta, porque el dólar haya subido mucho”, contestaron las petroleras, sin ceder un ápice.
El Estado ausente de Iguacel-Macri se pasó más de un mes observando el partido, sabiendo que no podía transmitir la pretensión de las petroleras al reciente aumento tarifario del gas. Hasta que cortó por lo sano: la diferencia de lo que pretenden las productoras de gas por el dólar alto, respecto de la tarifa vigente, lo pagarán los usuarios, pero ahora sí sin pérdidas para distribuidoras o productoras: en 24 cuotas, y con intereses del Banco Nación del momento, que hoy están alrededor del 40 por ciento. Total, no será para tanto, dice Iguacel, naturalizando la estafa.
El resultado es un Estado ausente, desorientado, rehén del mundo empresario (aunque alguno esté en los cuadernos), insensible a la realidad de la sociedad. Un gobierno que ha perdido el sentido común, que nos puede llevar a un caos social. Así que el incremento del gas en un 35 por ciento ahora, y otro adicional en enero, es una mentira naturalizada con la impunidad de los ricos. La reacción de la sociedad entera, residenciales y empresas a esta demasía, puede ser el inicio de una rebelión que nadie quiere, pero que el gobierno se empeña en alentar.
* Director del Observatorio de Tarifas de la Umet. Integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.
