Claudia Alejandra Martínez tenía 40 años, era madre de cuatro hijos y arrastraba un grave problema de consumo de alcohol hasta que se internó, por pedido de sus hermanas, en la granja de rehabilitación San Antonio, una comunidad terapéutica que arrastraba denuncias: por la muerte de dos internos, por “privación ilegítima de la libertad, torturas, y tratos inhumanos” y pedidos de clausura, y de donde la mujer salió muerta hace dos semanas. Pablo Galfré, autor de La Comunidad: Viaje al abismo de una granja de rehabilitación de adictos y quien viene denunciando las muertes en las comunidades terapéuticas dijo que “es la tercera muerte en San Antonio desde 2013”, un centro que sigue funcionando a pesar de que tenía un hábeas corpus colectivo por torturas, de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), y el pedido de clausura del Órgano de Revisión Local de la Ley Nacional de Salud Mental (ORSM).

Según contó Galfré, la mujer falleció el 25 de septiembre a la tarde, en una de las tres sedes que tiene el centro de rehabilitación San Antonio,  ubicado en Avenida Madero al 2100 en la localidad Del Viso.

“La mujer, que tenía problemas renales, empezó a decir ‘me siento mal, me siento mal’, se fue a dormir la siesta y no se levantó más. Llamaron al servicio de emergencia Más Vida, pero cuando llegaron los médicos no pudieron hacer nada”, explicó Galfré, y remarcó que “esto es un revival de la muerte de Matías Lamorte (30 años) en 2015, que era asmático y empezó a gritar a las cuatro de la mañana que se ahogaba. Como estaba al cuidado de dos pibes de 15, adictos a las drogas, que en vez de llamar a un médico lo cambiaron de habitación y le pusieron un ventilador en la cara, Matías terminó muerto, cuatro días después de haber ingresado”. Y agregó “es lo que pasa en estos lugares donde nunca hay médicos ni enfermeros para atender a personas que tienen problemas de salud, además de los problemas de salud mental. Ni tiene personal capacitado para dar primero auxilios. Los médicos o psicólogos van una hora por día dos o tres veces por semana. Las comunidades terapéuticas laburan con no médicos. Si tenía problemas renales, tendría que haber estado internada en un hospital general, no en San Antonio, donde además de Lamorte, también murió Franco Ruiz Díaz en 2013, un pibe de 24 años”.

Galfré relató en su libro los casos de violencia terapéutica y los mecanismos violentos de reclutamiento de pacientes en este tipo de granjas de rehabilitación para personas con consumos problemáticos, y los casos de Lamorte, de Saulo Rojas y Felipe Mariñansky, estos últimos fallecidos en el centro San Camilo, que ya fue clausurado. El dueño, Martín Iribarne, el director terapéutico Alejandro Jacinto, y el empleado de seguridad de la clínica, Angel Súñez, fueron imputados por el delito de “homicidio culposo” de Rojas. De ese centro salió Nicolás Perrone, el expaciente, con antecedentes penales, que fundó San Antonio.

“Estas muertes pasan como naturales cuando no los son. No tenés que morir por un problema de riñón, o como Saulo que era diabético y no le dieron su dosis de insulina cuando lo encerraron en la celda de aislamiento, donde se terminó suicidando. O con un edema pulmonar y síndrome asfíctico, como el caso de Lamorte. Ni como Mariñansky, que tenía retraso madurativo, VIH y leucemia, y que murió un mes después de llegar a la guardia de un hospital donde le detectan un hematoma subdural crónico”, dijo el investigador, que sostuvo que son personas que “no se hubieran muerto si hubieran estado bien atendidas, por profesionales capacitados y en lugares adecuados”.

A excepción de Mariñansky, los casos de Lamorte, Rojas y Ruiz Díaz están judicializados. Las tres causas las tiene el mismo juez de Garantías, Nicolás Ceballos, quien ahora sumó el caso de Alejandra Martínez, que tramita en la UFI 2 de Pilar, a cargo de la fiscal Valeria Oyola, la misma funcionaria que según Galfré, “no instruyó la causa de Lamorte, cuando había mucho que investigar porque fue una muerte traumática”.

En marzo el ORSM provincial y el nacional inspeccionaron las casas de San Antonio y pidieron la clausura. La CPM presentó un hábeas corpus colectivo por “casos de privación de libertad, torturas y tratos degradantes, en clara violación a los derechos humanos de quienes estaban bajo la custodia de esta institución” y exigió la derivación de todos los usuarios a hospitales generales a los fines evaluar la existencia de criterios para la internación.

“Cevallos ya tenía en sus manos las causas de Saulo, Franco y Matías, y rechazó el hábeas corpus y el cierre, ahora se sumó una cuarta muerte, la de Alejandra”, dijo Galfré, al mismo tiempo que remarcó que con la misma información, es decir, la denuncia por dos muertes, “el año pasado, el juez de Garantías Nº 7 de Pilar, Walter Saettone, habilitó el hábeas corpus, impulsó al Ministerio de Salud a clausurar y se cerró San Camilo, que ahora va a juicio oral”.