Gases toxicos

El secretario de Energía, Javier Iguacel, confirmó ayer que no habrá marcha atrás ni en el aumento del gas ni en la aplicación de un ajuste retroactivo para compensar a las distribuidoras por la suba del dólar en la primera mitad del año. Iguacel ofreció una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda en medio del aluvión de presentaciones judiciales de entidades de defensa del consumidor e intendentes en contra de la aplicación de esas compensaciones sobre facturas ya abonadas (ver aparte). “Lo hicimos a partir de una ley de 2004 que no se cumplía”, justificó el ex ministro, quien luego aseguró que ya hubo casos de traslado de “diferencias”, pero siempre habían sido “menores e insignificantes”. Esta vez el dólar se apreció en el semestre un ciento por ciento. “Es un problema entre las distribuidoras y los usuarios”, se excusó el funcionario al responder sobre los amparos presentados, aunque sin dejar de recomendar a empresarios una posible respuesta: “Si no lo quieren en 24, que sea en seis meses, como dice la ley”, en referencia a la de 2004, que dijo que no se cumplía. Después volvió a culpar el gobierno anterior de la situación y dio su versión de que Cambiemos salvó al país de la catástrofe: “Si seguíamos como veníamos esta suba hubiese sido del 200 por ciento”.

Junto con el aumento promedio de las tarifas del 35 por ciento, que supera el 50 por ciento en el caso de las dos categorías residenciales de menor consumo (R1 y R2), los usuarios deberán compensar en los próximos dos años a las distribuidoras con pagos en cuotas que se actualizarán a la tasa de interés del Banco Nación (hoy 20 por ciento). Los pagos arrancarán en enero. Las empresas reclaman por la diferencia del tipo de cambio. Tras confirmarse el decreto que carga en los castigados bolsillos de los usuarios unos 10 mil millones de pesos en compensaciones hubo distintas presentaciones de organizaciones de consumidores. El fiscal federal Guillermo Marijuan interpuso una cautelar sobre el pago reatroactivo a las distribuidoras de gas, aduciendo “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El fiscal advierte sobre el perjuicio que genera al patrimonio de consumidores. “Los contribuyentes ya han hecho pagos y uno de los efectos que tiene es la cancelación total. No se puede de modo alguno quitarle esa entidad jurídica que tiene el acto de pago”, señala el escrito de Marijuan (ver aparte).

“La Justicia es la que tiene que expedirse. No vamos a interferir. Van a ser los productores los que apelen las cautelares de los usuarios. Nosotros no vamos a resolver los problemas de ellos”, sostuvo Iguacel, aunque ratificó las 24 cuotas en beneficio de las empresas y en perjuicio de los usuarios. El funcionario aclaró que el valor de cada cuota será en promedio de entre 90 y 100 pesos, aunque la cifra concreta dependerá del consumo que haya tenido cada hogar durante el invierno. “Las distribuidoras no tienen que ganar ni perder. Trasladan al consumidor lo que pagan al productor”, dijo el secretario. Iguacel veló de tecnicismos la decisión política de que sean los usuarios los que compensen a las compañías por el desaguisado económico del Gobierno. Como en otras oportunidades, habló de los distintos componentes que hacen al precio del gas y de la necesidad de respetar los contratos con las empresas. Cuando se le consultó sobre la difícil situación en que quedarán los hogares de menos ingresos -a los que se les quitó la tarifa social-, respondió que “en verano va a venir menos de gas y, entonces, durante ese período van a poder hacer frente a las cuotas y a los aumentos”. Por último, lo comparó con el subsidio para el consumo en los hogares de la Patagonia. Desde las productoras rechazaron que ya se haya aplicado este esquema general de ajuste por compensación de variación del tipo de cambio. 

El funcionario responsabilizó de la situación al gobierno anterior. “Si la factura del gas hubiese sido al precio con los contratos que dejó el kirchnerismo dolarizados, con la actualización de acuerdo con el aumento del petróleo y el gas, hubiésemos pagado más el doble de la factura. Este aumento hubiese sido de 200 por ciento y no de 34,5”, afirmó Iguacel. Sin embargo, la política de quita de subsidios para llevar las tarifas a precios de “mercado” la aplicó el Gobierno, con lo cual el ejemplo contrafáctico del secretario podría responderse con que el Estado, responsable de la política económica, absorbería la diferencia. De la única situación que el kirchnerismo, a criterio del funcionario, no es responsable es de las inversiones en Vaca Muerta, zona que empezó a desarrollarse con la estatización de YPF. “Si continuamos en la misma senda de producir más gas, como la que se ve en los últimos dos años y medio en Neuquén (Vaca Muerta), debería dejar de aprovisionarnos de gas importado”, afirmó. “El que pagó 300 pesos debería haber pagado 9000”, agregó el secretario, quien previó que “va a seguir creciendo la producción nacional”.

No faltaron verdades de pedregullo, como que “los precios del gas nos impactan mucho más en el invierno”. “En siete de cada diez hogares, teniendo en cuenta los precios actualizados, van a tener un precio promedio de 700 pesos mensuales. En el invierno puede venir 3000 pesos, pero después se reduce”, aseveró. Con ese ejemplo anticipó que a partir de abril próximo podría aplicarse la denominada tarifa plana, una especie de promedio de consumo con el objetivo de que se pague en todos los meses lo mismo sin impacto estacional. “Mi previsión para el futuro, con una economía estable según los parámetros de la Ley de Presupuesto, es que no vemos aumentos de la factura de gas respecto de lo que se pagó medido en dólares el último año. Estamos haciendo lo posible para que el precio del gas en dólares baje y así compense la suba (de la divisa)”, concluyó el titular de la Secretaría de Energía.

Leandro Teysseire