El gobierno nacional hace que los usuarios paguen a las distribuidoras de gas por el desmanejo cambiario y por la inoperancia de las empresas para cubrirse del riesgo del dólar y, además, permite un negocio financiero con la aplicación de intereses sobre la “deuda” en 24 cuotas. Esa es la principal conclusión del informe del CEPA (Centro de Economía Política, que preside Hernán Letcher), que analiza al detalle la polémica alrededor del cobro retroactivo del gas. Con el incremento que comenzó a aplicarse este mes, la boleta promedio de gas acumula, en lo que va de la gestión Cambiemos, una suba del 1848 por ciento, lo cual implica que casi se multiplicó por 20. En medio del deterioro de la situación social, Macri dijo saber que cuesta llegar a fin de mes (ver nota aparte en esta edición).

 El informe del CEPA desmiente varios de los argumentos esgrimidos por el ministro Javier Iguacel para defender el cobro retroactivo del aumento del gas. “Lo que la ley prevé es que si es más del 20 por ciento –la modificación de los precios por la devaluación–, la diferencia puede trasladarse automáticamente a la factura. Eso hubiese sido un impacto enorme”, justificó Iguacel. Según el funcionario, el Gobierno se puso del lado de los usuarios al evitar el cobro del retroactivo en una sola cuota.

La cuestionada resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, que definió el esquema de cobro retroactivo de la boleta, se basa en la Ley 24.076 del año 1992 sobre “Regulación del transporte y distribución de gas natural - Privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado”. Luego, el decreto reglamentario 2255/92 detalla en un anexo la licencia para la distribución de gas. El punto 9.4.2 refiere al “Ajuste por variación en el precio del Gas comprado” y establece que, si a lo largo del período de facturación las diferencias en los precios de compra del gas no difieren en más de un 20 por ciento, las sumas serán incorporadas al ajuste de tarifas del período siguiente. “Si la referida suma supera en valor absoluto el 20 por ciento mencionado precedentemente, la Licenciataria podrá presentar a la Autoridad Regulatoria nuevos cuadros tarifarios para su aprobación”, dice la norma. Es decir que “la ley prevé que las diferencias de precios pueden originar readecuación tarifaria futura, pero nunca el liso y llano cobro retroactivo de diferencias”, indica el CEPA a contramano del planteo de Iguacel, quien afirmó que ese cobro a los usuarios es automático.

“Se está trasladando al usuario la inoperancia de las distribuidoras, que en un marco de inestabilidad cambiaria no tomaron los recaudos necesarios a través de instrumentos que cubran el riesgo ante cambios abruptos del dólar. Empresas de otros rubros perjudicadas por la devaluación que importaron a 22 pesos y pagaron a 40 pesos por dólar, no tuvieron la misma suerte que las empresas de energía”, agrega el informe del CEPA.

Otro punto de la resolución oficial que cuestiona el informe es el sistema de cobro de intereses por la “deuda” que se supone tienen los usuarios. El CEPA calculó que un usuario categoría R 3.2 de Metrogas que consumió 300 m3 entre mayo y junio, 450 m3 entre julio y agosto y 400 m3 entre septiembre y octubre le “debe” a la empresa 1679 pesos a raíz de la diferencia de cotización del dólar y otros 489 pesos por los intereses para compensar el desfasaje financiero de los meses que transcurrieron entre la devaluación y el comienzo del cobro el 1 de enero. Pero además, según el actual nivel de tasas del Banco Nación, a ese usuario le correspondería pagar 130 pesos por mes durante 24 cuotas –lo cual incluye los intereses a lo largo de los dos años, con un costo de financiación de 969 pesos–. Es decir, los 1679 pesos originales por la devaluación se convierten en 3120 pesos finales luego del plan de cuotas, con un costo financiero total del 87 por ciento. De modo que el usuario no sólo paga por el desmanejo cambiario sino también por las tasas de interés exhuberantes. “Además de una transferencia de renta al sector energético, implica un negocio financiero casi de la misma magnitud”, dice el CEPA.

 Por otro carril al de las cuotas retroactivas está el aumento del gas que comenzó a regir este mes, del 35 por ciento en promedio pero de hasta el 50,4 por ciento para las dos categorías residenciales de menor consumo (R1 y R2), que concentran el 55 por ciento de los clientes en el AMBA. En el último año, el incremento del gas acumula un 218 por ciento y el alza llega al 1848 por ciento desde el comienzo de la gestión Cambiemos.