La Defensora Provincial Jaquelina Balangione, anunció ayer la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por la inconstitucionalidad de una parte de la reforma al Código Procesal Penal, promulgada en diciembre de 2017, según la cual una persona puede estar hasta tres o cuatro días privada de su libertad sin ser llevada ante un juez penal, con la sola orden verbal de un fiscal. La presentación se generó en un caso atendido por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal. “Consideramos que es muy importante respetar una de las garantías más importantes de todo el sistema que protegen al imputado, acompañándolo en todo el proceso penal. Por eso pretendemos que la Corte anule aquel fallo y ordene que otro juez vuelva a dictar el fallo en el caso concreto de una persona cuya privación de libertad fue controlado por un juez pasadas las 72 horas”, explicó la Defensora, que estuvo acompañada por el Defensor Regional, Gustavo Franceschetti, y los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Federico Efron, Julián Alfie y Lucas Fortete del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), y Bernardette Blua y Analía Abreu (APP), quienes se constituirán como amicus curiae –amigos del tribunal- ante la Corte santafesina.

“Tenemos unas 8 o 9 detenciones por día

por distintos delitos, y hemos hecho este

planteo por la masividad”. Franceschetti.

Si bien no se ofrecieron mayores detalles sobre el caso que en el que se basaron para plantear la inconstitucionalidad de la extensión del plazo de detención de una persona para que sea llevada ante un juez, más allá de las 24 horas que establece la Constitución Provincial, en consonancia con la Constitución Nacional, Franceschetti dijo que son casos que se repiten a diario. “Tenemos alrededor de 8 o 9 detenciones por día de personas por distintos delitos, y justamente hemos hecho este planteo por la masividad de casos que se nos presentan, y porque nos interesa puntualmente que haya un control de los jueces porque en esos primeros momentos es donde se da la mayor posibilidad de violencia institucional”, apuntó.

La Defensora agregó que en el informe anual del 2017 de violencia institucional publicado hace 15 días “surge lo que ya se viene repitiendo, porque también desde el plano de la teoría también está demostrado, que el mayor índice de hechos de violencia se da en los primeros momentos cuando una persona ya reviste la calidad de imputado, desde que se la señala como posible autora de un delito. En ese primer contacto con la policía es cuando se da el mayor índice de abuso y violencia institucional policial”. “Por eso es tan importante el respeto de esta garantía constitucional que es el control judicial, el juez tiene que tomar conocimiento de la persona y hacer el control de la racionalidad, la proporcionalidad y la necesidad de esa medida, que por supuesto el fiscal la puede pedir y ordenar, pero que debe ser controlada inmediatamente”, remarcó Balangione durante la conferencia de prensa realizada en el Centro de Justicia Penal.

“Entendemos que lo que están planteando es absolutamente razonable y es la única que se ajusta a nuestro sistema constitucional”, señaló Efron. “Este tipo de situaciones es una vía de entrada a situaciones de violencia institucional, quizás no se tratan de casos de muertes injustificadas en el uso de la fuerza, pero son aquellas invisibles que se dan todos los días. Se viola la libertad de una persona, y a partir de ahí probablemente sucedan otro tipo de abusos, por eso entendemos que es grave para el sistema. Hay fallos del sistema interamericano que definen claramente que la mínima privación de la libertad exige la mayor protección de la ley. Esperar como mínimo 72 horas que un juez controle la legalidad de la detención es absolutamente excesivo y no hace al sistema más eficaz”, agregó el representante del Cels.

Por su parte, Alfie dijo que no se va a lograr un sistema más eficiente haciéndolo violatorio de garantías básicas como es el control de la detención. “Por eso apoyamos el reclamo de la Defensa Pública y esperamos que la Corte resuelva pronto porque lo que está en juego no es este caso particular si no cómo se van a seguir tratando estos casos. Creemos que el sistema está preparado para cumplir con lo que ordena la Constitución, sin necesidad de resolver esta clase de cuestiones que blanquean la violación de leyes en nombre de la costumbre o prácticas usuales del sistema”, señaló el representante del Inecip.

Blua hizo hincapié en la importancia del planteo. “No es una diferencia pequeña estar privado de libertad 24 horas o 72 horas. Creemos que el control judicial es muy importante, porque además una de las virtudes de la reforma procesal fue que el control judicial gane un poco de terreno frente a lo que es el poder de la policía, que es justamente el problema principal. Por lo tanto es fundamental que este control ocurra dentro de las 24 horas y no dentro de las 72”, indicó la representante de APP.

Finalmente, Balangione dijo tener expectativas de que la Corte haga lugar al reclamo y fije una audiencia pública para poder tramitar los amicus curiae que presentaron para apoyar la postura del Servicio Público Provincial de Defensa. “Si la Corte acoge nuestra petición va a declarar la inconstitucionalidad, sería marcar un sendero muy importante para la justicia penal santafesina”, destacó la Defensora.