El desarme civil, la regulación del uso letal de la fuerza por parte de agentes seguridad y la estrecha vinculación de uso y tenencia de armas de fuego con la violencia de género, son puntos centrales a la hora de pensar una seguridad en clave democrática.

El hecho ocurrido días atrás, el domingo a la madrugada en la Autopista Illia, donde un prefecto disparó y mató a una persona en un simple hecho de roce de automóviles, suma a la estadística general que indica la necesidad de establecer restricciones determinadas al personal de seguridad para la utilización del arma reglamentaria fuera del horario de servicio. Seguramente se podrían evitar muchas muertes, no sólo de civiles sino de los mismos funcionarios policiales.              

Del 24 al 30 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la creación de Naciones Unidas, se conmemora la Semana del Desarme. Esta fecha, permite algunas reflexiones sobre una política efectiva de desarme a la hora de pensar una sociedad más segura y menos violenta.

Según registros del la Agencia Nacional de Materiales Controlados, en nuestro país existen 1.562.332 armas registradas, de las cuales 84% pertenecen a civiles. Y si bien no existen estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales que circulan, la propia Agencia estima que en el mercado negro hay otro millón y medio de armas. Lo cual implica una tasa de posesión civil de 8,8 armas cada 100 habitantes, superior a la de Brasil (8,6) y Bolivia (2,5) aunque sorprendentemente inferior a la de Uruguay (32,6) y Chile (10,2).

En la Ciudad de Buenos Aires, según datos del Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, de los 147 homicidios cometidos en 2016, 87 ocurrieron producto del uso de armas de fuego, esto significa cerca del 60% del total. Respecto a la violencia de género, el 28% de las mujeres que llamaron en 2017 a la línea 144 por violencia machista dijeron que había un arma de fuego en sus casas. 

Si bien las mujeres representan apenas el 3% de las usuarias, uno de cada cuatro femicidios se produce con armas de fuego (719 femicidios entre los años 2008-2017).

Otra discusión que amerita reflexión son las muertes producto de la utilización del arma reglamentaria por parte de agentes de la fuerza de seguridad. En 2017 fueron cometidos 23 femicidios con armas del Estado, todas esas muertes ocurrieron cuando los agentes estaban fuera de servicio y en el ámbito de su intimidad. El informe del Centro de Estudios Legales y Sociales del año 2017, indicó que de 104 personas que murieron en hechos de violencia con participación de la fuerza de seguridad, 69 (es decir el 66%) ocurrieron cuando estos se encontraban fuera de servicio o retirados.

Lo contundente de la estadística, nos indica que, de establecerse una restricción o un desincentivo a la utilización del arma reglamentaria fuera de servicio, podríamos evitar muchas muertes, no sólo de civiles sino de los mismos policías. Ya que los mismos datos indican que en el acumulado total de policías muertos en hechos violentos en CABA y GBA entre 1996 y 2017, el 74% son casos de policías que estaban fuera de servicio. En 2017, de 39 funcionarios muertos en hechos violentos, 25 ocurrieron cuando estaban fuera de servicio.

Uno de los debates que se ha dado ante la sanción de la ley 5688 de Seguridad Pública de la Ciudad, ha sido la cuestión del “estado policial” y en particular lo referido a la portación del arma reglamentaria fuera del horario de servicio. No sólo por el riesgo que acarrea frente a la vida del personal policial sino también por sus consecuencias en relación con la violencia institucional, y de género en particular. La ley 5688 finalmente estableció la no obligatoriedad de intervenir fuera de su horario de servicio ordinario o complementario, sin terminar de restringir la portación del arma de dotación al horario de servicio.

Ante esta realidad, no se han implementado políticas de desincentivo de su uso. Más bien, los mensajes de las autoridades políticas fueron por el lado inverso. Los elementos señalados, nos obligan a pensar en un necesario debate acerca del uso del arma reglamentaria por parte de agentes de seguridad cuando están fuera de servicio, además de un uso racional para los momentos en que se encuentran prestando funciones.

Sabemos que se trata de una práctica que entrecruza grises normativas, cuestiones culturales y económicas, pero esta política en materia de seguridad no sólo ha sido errática, sino que ha costado muchas vidas. Como ejemplo de ello según las estadísticas existentes el 74% de los agentes fallecidos en hechos violentos entre 1996-2017, mueren por intervenciones que se realizaron fuera de servicio.

Tener un arma no es una virtud, es un problema. Estamos en un momento social en el que resulta imprescindible más y mejores políticas públicas. Las instituciones del Gobierno de la Ciudad –si quieren realmente disminuir los hechos de violencia–, tienen que trabajar con nuevas categorías y deben propiciar nuevas prácticas del uso de la fuerza y de desarme civil.

* Defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires.