“El actual gobierno ha fundado su plataforma electoral ‘en un cambio’, que a la luz de los actuales acontecimientos, pareciera distar mucho de la realidad”, redactó Manuel Javier Rodríguez en su carta de renuncia a la jefatura de la Dirección Regional Mar del Plata de la Dirección General Impositiva (DGI). Rodríguez anunció anteayer su alejamiento por “la gravedad institucional” del desplazamiento de responsables de la DGI que encabezaban la investigación sobre Angelo Calcaterra, primo del Presidente, por el caso de los cuadernos. Bajo el argumento de una reestructuración dentro del organismo, el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, removió la semana pasada al entonces director de la DGI Horacio Castagnola, y al subdirector de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky. Estos cambios profundizaron las diferencias dentro de la alianza Cambiemos. Los desplazados, cercanos a la diputada Elisa Carrió, hasta el momento integrante de Cambiemos, desataron el enojo de la legisladora, que denunció un plan para asegurar la impunidad y le apuntó directamente a Mauricio Macri. La AFIP emitió un comunicado donde sostuvo que “los funcionarios no han sido desplazados por las investigaciones” y, según fuentes del ente recaudador, las investigaciones “siguen los ritmos de la Justicia y no dependen de nombres propios”. 

La causa de coimas documentada en una serie de fotocopias involucró a varios empresarios cercanos al actual gobierno. Calcaterra, ex titular de Iecsa, se presentó bajo la figura de “arrepentido” para confesar el pago de aportes para la campaña electoral del kirchnerismo. Esto le permitió quedar en libertad de inmediato, al igual que otros empresarios que optaron por este salvoconducto. Sin embargo, el viernes 29 de septiembre la DGI presentó ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi un contrato entre las constructoras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento (Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa) y la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisación de Obras de Edificación (DSC Management). El contrato revela pagos por 5 millones de dólares a la consultora investigada como firma fantasma de Odebrecht en Andorra, Colombia y Perú. La investigación complicó más a Iecsa por la posibilidad de que utilizara a la consultora para lavar dinero de sobornos por la realización de esa obra. 

A la semana siguiente Cuccioli anunció su “plan de renovación del organismo”. “Conforme las noticias periodísticas del fin de semana, las que no fueron desestimadas en modo alguno por los involucrados, los desplazamientos se habrían motivado en la denuncia penal que desde el organismo se realizara durante el transcurso de la semana anterior a la firma IECSA, ligada como es de público conocimiento a familiares del Presidente de la Nación”, denunció el director de DGI-Mar del Plata en su carta de renuncia. La diputada Carrió había denunciado también que estos funcionarios estaban avanzando en investigar la relación de la familia de Macri en la “causa de los cuadernos”. 

Fuentes de la AFIP rechazaron las declaraciones de Rodríguez y aseguraron que Castagnola estaba jubilado desde 2008, luego de ser removido con la asunción del ex titular de la AFIP del gobierno anterior, Ricardo Echegaray. Su sucesor con el macrismo, Alberto Abad, al volver al frente de la AFIP, le había hecho un contrato de dos años y luego y Cuccioli lo retuvo seis meses más hasta justo una semana después de la denuncia contra de Iecsa. “Sacar a tres héroes de la AFIP -el tercero es Carlos Bo- por mi apoyo equivale a aliarse con Echegaray y su gente. El Presidente va a tener que elegir entre la línea Angelici o Carrió: elige o cae”, marcó las aguas entonces Carrió. “Hemos vivido en nuestra casa situaciones de similar gravedad institucional en el año 2008, cuando los mismos funcionarios actualmente desplazados de sus cargos corrieron la misma suerte por la denuncia que se realizara a empresas vinculadas a Lázaro Baez”, agregó Rodríguez en su carta de renuncia “indeclinable”.  

El ex director regional de DGI-Mar del Plata también denunció el vaciamiento de los entes públicos y el ingreso de personal no idóneo o “militantes” en esas dependencias. “A estos acontecimientos deben agregarse los cambios de jefaturas dispuestos hace tiempo en la Dirección Regional de Rosario, con el único fin de designar militantes partidarios en las jefaturas de División Revisión y Recursos y Sección Penal Tributaria respectivamente, con el consecuente desplazamiento de los funcionarios de trayectoria que ocupaban dichos puestos”, concluyó Rodríguez. Desde el organismo no dieron detalles respecto de esta denuncia de ingreso de cargos políticos.