El Gobierno de Brasil anunció ayer que movilizará a las Fuerzas Armadas para intentar frenar la ola de violencia que ha dejado más de 120 muertos desde comienzos de año en las cárceles del país.
La medida fue autorizada por el presidente Michel Temer en el marco de varias reuniones convocadas en Brasilia para afrontar la crisis en los penales. En Natal, en el noreste del país, decenas de presos se volvieron a amotinar ayer en la misma cárcel donde hubo una masacre con 26 muertos el fin de semana.
El portavoz gubernamental Alexandre Parola anunció el envío de los militares a los estados afectados por la crisis como una “acción extraordinaria”. Las tropas deben asumir “acciones de cooperación específicas”, señaló Parola. “Habrá inspecciones rutinarias dentro de los presidios con vista a detectar y decomisar materiales prohibidos en esas instalaciones”. El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, recibió en Brasilia además a los secretarios de Seguridad de todos los estados para buscar salidas a la crisis.
Las medidas anunciadas prevén entre otras cosas el desembolso inmediato de 91,7 millones de dólares para que los estados puedan reforzar la seguridad en las cárceles, comprando por ejemplo equipos para bloquear la señal de telefonía celular.
También Temer celebró reuniones con los jefes de los servicios de inteligencia para analizar la situación. El país sudamericano está siendo sacudido por una escalada de violencia sin precedentes dentro de sus cárceles desde comienzos de año. En dos semanas han muerto más de 120 presos en violentas reyertas, aparentemente vinculadas con disputas entre grupos criminales por el control externo de las rutas del narcotráfico en el país.
La última matanza tuvo lugar el sábado en la cárcel de Alcaçuz, cerca de la ciudad de Natal, en el estado de Río Grande do Norte. El penal registró un motín ayer, aparentemente porque los presos de la banda Sindicato do Crime intentaron invadir el pabellón en el que están separados los integrantes del Primeiro Comando da Capital (PCC).
La televisión mostró imágenes de reclusos semidesnudos subidos al tejado de la prisión con banderas de sus grupos y armados con palos. El gobernador de Río Grande do Norte, Robinson Faria, atribuyó la matanza del sábado a una venganza del PCC por la primera reyerta carcelaria de este año, un motín que dejó 56 muertos en un penal de Manaos, en la Amazonía brasileña.
“Hasta hoy nunca habíamos tenido un enfrentamiento dentro de los presidios entre el PCC y el Sindicato do Crime”, dijo Faria. “Esa pelea no es de Río Grande do Norte, es una represalia por lo que sucedió en el estado de Amazonas, es una venganza”, agregó el gobernador durante una visita a Brasilia.
El secretario de Justicia de Río Grande do Norte, Wallber Virgolino comparó la situación con la que había en Colombia de los años 90. “Allá había un Pablo Escobar, acá tenemos 50. El delincuente ahora tiene más derechos que obligaciones y la policía está amordazada”, dijo a la radio Estadao de San Pablo, Virgolino.
La masacre de Año Nuevo es atribuida a un ataque de la Família do Norte (FDN), una banda que controla el narcotráfico en la región amazónica, contra el PCC, originario de San Pablo. Los investigadores creen que el FDN forma parte de una alianza de varios grupos regionales que quieren disputar la hegemonía a la poderosa banda paulista. Las masacres en las prisiones, saldadas con víctimas decapitadas y mutiladas, fueron coordinadas previamente a través de teléfonos celulares. Los presos contaban además con armas metidas de forma clandestina en los penales.
Brasil tiene la cuarta población carcelaria del mundo y serios problemas de hacinamiento en sus prisiones, que albergan a más de 622.000 presos en instalaciones con capacidad para unas 371.000 personas.
En medio de la crisis, los agentes penitenciarios de Río de Janeiro iniciaron ayer una huelga de una semana para reclamar el pago de salarios atrasados. La Secretaría de Seguridad Penitenciaria carioca aseguró que cuenta con un plan de contingencia para garantizar la calma en las cárceles del estado.