-Quiero ser querellante para que no les pase a otras niñas lo que le pasó a mi hija.

E. repitió la frase en las oficinas de los dos juzgados donde se presentó y en cada uno se la quedaron mirando como a una aparición que no encuadraba en los ambientes burocráticos de la Justicia de San Juan, que se declara provincia provida por consenso, sin necesidad de resoluciones legislativas A E. le violaron y embarazaron a su hija de 14 años con capacidad mental de 5 años en la zona rural donde vivía y trabajaba, remarca para que nadie olvide. El 24 de agosto se presentó en el Hospital Rawson para exigir que le practicaran un aborto no punible a la adolescente conforme a la normativa, pero tal como sucedió el fin de semana pasado en el Hospital Rivadavia, la información “se filtró” y grupos antiderechos que operan dentro y fuera del centro de salud hicieron todo lo posible para que la chica no pudiera interrumpir su embarazo. La realización de la ILE se convirtió en un infierno para madre, hija, dirección del hospital y dos médicas que llevaron a cabo la práctica, ambas denunciadas, que siguen siendo hostigadas por los mismos sectores católicos y evangélicos.

-Nos hicieron vivir una pesadilla, me acusaron de que yo era una mala madre porque no supe cuidar a mi hija y le hicieron prácticas que estaban contraindicadas para la interrupción del embarazo. 

E. será parte querellante en la causa que se tramita en el Segundo Juzgado de Instrucción, por el “presunto delito contra la integridad sexual” de su hija. Curiosamente, en el Quinto Juzgado Correccional, a cargo de las actuaciones investigativas sobre la banda de obstructores que hicieron público el aborto, organizaron una manifestación y prácticamente tomaron el hospital ese fin de semana, aún no le permitieron presentarse como querella. Fue una de las empleadas de ese juzgado la que le preguntó con molestia cuál era el problema que tenía, si a su hija ya le habían hecho el aborto. “No son capaces de leer el daño tremendo que les causaron durante esas 48 horas de internación y ni hablar de esperar de la Justicia una interpretación con perspectiva de género”, dijo Reinaldo Bedini, el abogado que representa a E. “No vamos a aceptar que sectores contrarios a los derechos humanos básicos de las mujeres utilicen esta causa para el lanzamiento de un partido político. Aquí hubo un ataque a la privacidad y a una madre en situación de vulnerabilidad, pero consciente de que sus reclamos siempre fueron justos.”

E. y su hija se encuentran tan empobrecidas como al inicio de la cadena de abusos que padecieron, pero con mejores expectativas en la nueva zona rural donde residen, asistidas por la Dirección de Niñez provincial, con controles médicos periódicos y acompañamiento psicológico. Hasta que ocurrió el ataque sexual, nunca habían recibido ningún tipo de ayuda estatal que les permitiera mejorar sus condiciones de vida. Su caso es el primero que quisieron transformar en una especie de Inquisición pública. La quema simbólica con denuncia incluida contra los profesionales del Rawson la impulsaron el médico Federico Bazán y su esposa, la abogada Paola Miers, enardecidos activistas celestes durante los debates en el Congreso por la legalización del aborto, hoy investigados por el juez Correccional Matías Parrón por intentar frenar la ILE. 

Sandra Vega, psicóloga del Hospital Rawson e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, acompaña a E. desde que ingresó en agosto con su hija a la institución. Dice que la mujer está “empoderada”, en la plenitud de sus convicciones, informada y decidida para continuar esta lucha. “Nunca deja de decir que quiere lo mejor para la niña y está contenida por un entorno familiar unido, de trabajadores humildes. Por eso lastima que en la Justicia hayan deslizado una mirada prejuiciosa a la hora de aceptarla como parte querellante. Su vida ha estado siempre condicionada por los estereotipos de género que están enquistados en todos los ámbitos institucionales. Pero su indignación la hizo actuar y fue venciendo barreras.”

El voto de los 38 senadores “percha” que condenó el aborto a la clandestinidad es viento para la avanzada de una red nacional antiderechos que hoy teje en todos los hospitales nacionales, provinciales y municipales con diferente poder de daño. Después del escándalo del Rawson, las prácticas obstaculizadoras encontraron cobijo en la Pastoral Hospitalaria, que logró instalar una capilla abierta las 24 horas donde antes funcionaba el Servicio de Tomografía, para que se celebre misa todos los días.  

El trending topic de San Juan entre las provincias provida viene de junio, en medio de las audiencias en Diputados, cuando la Asociación Médica y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia locales organizaron otro abrazo simbólico al Rawson en apoyo a las y los médicos antiderechos que trabajan allí. Estuvieron presentes el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, representantes de la Iglesia Evangélica, adventistas y diputadas “perejil”. “Si lo que está en discusión son los abortos clandestinos o las muertes que estos pueden generar en las mamás, usemos todo el accionar político y policial, salgamos a buscar a los abortistas”, concluyó entonces el obstetra Pablo Antequeda, de Médicos por la Vida.