¿Es justicia 41 años después? ¿Es justicia si Silvia Suppo, que denunció en el año 2000, fue asesinada hace más de ocho años y no pudo ver la condena por sus violaciones reiteradas y el aborto forzado que sufrió en centros clandestinos de detención de la ciudad de Santa Fe? ¿Es Justicia si por la desaparición forzada de quien era el compañero de Silvia, Reinaldo Hattemer, no hubo condenados? ¿Es justicia si uno de los cuatro imputados, Oscar Farina, salió caminando porque dos de los tres magistrados decidieron concederle el beneficio de la libertad -que mantuvo durante 41 años- hasta que la condena quede firme? La sentencia que se conoció el lunes por delitos de lesa humanidad contra siete militantes de Rafaela, una ciudad del noroeste santafesino, fue a la vez liberadora pero también tuvo gusto a poco. Muchas personas trabajaron para llegar a esa condena, el movimiento de mujeres y feministas hizo posible que la violencia sexual sea cada vez más visible como delito de lesa humanidad. Hay 26 sentencias en todo el país que así lo demuestran. De ese lado de la balanza, es la primera vez en la provincia de Santa Fe que se condena por aborto forzado en el marco del terrorismo de Estado. Siempre es para festejar cualquier bocado que se le pueda arrancar a la justicia patriarcal, al sistema de la impunidad. 

Del otro lado: Silvia no está, no pudo conocer a su nieto menor, el hijo de Andrés Destéfani. Pudo disfrutar apenas un año de la mayor, la hija de Marina. Silvia Suppo, que denunció con valentía a sus verdugos el 8 de octubre de 2009, en el marco de la causa Brusa, ante otro Tribunal Oral de Santa Fe, no pudo vivir ese día de (parcial) justicia. Por su asesinato, cometido el 29 de marzo de 2010, hay sólo dos condenados, jóvenes marginales, uno de ellos analfabeto, como autores materiales, y recién el mes pasado un juez federal habilitó las medidas pedidas por la querella para avanzar sobre los autores intelectuales. 

El lunes, el tribunal Oral de Santa Fe condenó al ex jefe de la comisaría 4° de Santa Fe, Ricardo Ferreyra a 16 años de prisión como autor mediato de las violaciones reiteradas sufridas por Silvia Suppo, al jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (otro centro clandestino de detención), Juan Calixto Perizzotti, a  14 años como responsable del aborto forzado y a sus dos colaboradores, María Eva Aebi y Fariña, como partícipes necesarios de este delito.  

Marina Destéfani lo dice con todas las letras: “Todo el mundo espera que estemos contentos, y sabemos que es duro escuchar que siempre quedamos desconformes, porque con el asesinato de Silvia no nos conformó la condena y ahora tampoco. Cualquier pena es insuficiente, teníamos muchas esperanzas de que Farina se fuera con las esposas puestas”. Para la joven, es preocupante. Una de las testigos, y también víctima, Graciela Ravellino, reconoció a Farina y lo señaló. “Esta decisión del Tribunal expone mucho a los testigos, y le da al acusado un privilegio que no he visto en otras causas”.  

También le quedó el gusto amargo de la falta de condenas por la desaparición de Reinaldo, el compañero de mamá. “Yo tenía ganas de saldar esa deuda con ella, con él, con su memoria, es una presencia muy fuerte en la historia de nuestra familia, fue un motor muy grande”, dice Marina sobre todo lo ocurrido el lunes, y también subraya que “lo del aborto forzado fue un triunfo. Es la frutilla del postre de tantos años de trabajo, de lucha, sienta un precedente internacional, también pone en dimensión, que quizás nosotros mismos no sabíamos, el valor que tuvo mi vieja. Nosotros mismos tuvimos dudas de seguir contando lo del aborto, seguir exponiéndola y con la condena quedó en evidencia una vez más que lo personal es político”. Es que la condena por aborto forzado pone el eje en el deseo y la decisión de la mujer: Silvia fue violada, no deseó ese embarazo y tampoco tuvo capacidad de decidir su aborto. Para el Estado, también hay una línea clara. Justamente el 8 de agosto, el Senado rechazó que mande el deseo de las mujeres y personas gestantes.

Hay tres juicios en danza en esta historia. La causa Brusa, que terminó con condenas de entre 19 y 23 años de prisión en diciembre de 2009. El que castigó a los autores materiales del homicidio de Silvia, en marzo de 2015 y éste, que siguió el cansino curso de las causas por delitos de lesa humanidad y terminó el lunes. Los acusados eran nueve, pero cinco murieron durante la instrucción de la causa. 

Silvia se plantó frente al Tribunal en 2009 y pudo contar las violaciones y el aborto. Cuánto de eso tuvo que ver con su asesinato, pocos meses después, se coló en el proceso que terminó el lunes. La causa por lo ocurrido durante la dictadura militar remueve la impunidad por su asesinato político. “Creemos que después de todo lo que se escuchó y todo lo que se dijo es imposible no dimensionar el impacto que tuvo el asesinato de Silvia y los intereses que estaban en juego”, dice Marina. 

Una voz fundamental en el juicio que permitió la condena por aborto forzado fue la de Susana Chiarotti, abogada de Insgenar y de Cladem, experta de la OEA para la violencia de género. Su testimonio encuadró la violencia sexual dentro del plan sistemático de represión ilegal. “En el caso de Silvia, producto del mismo terrorismo de estado que la secuestró, la torturó y la violó, se produjo un embarazo forzado y después un aborto forzado y todo eso está dentro de la categoría de crimen de lesa humanidad que tiene la violencia sexual contra las mujeres: fueron expuestas a la desnudez forzada, a tocamientos, eso era una constante, y era un plan sistemático”, subrayó Lucila Puyol, abogada querellante, de HIJOS. 

Puyol dijo en su alegato que la dictadura fue cívica, militar y eclesiástica pero también machista, sexista y patriarcal, y por eso pidió -junto a Guillermo Muné, también abogado de Hijos- que se condene el embarazo forzado. “Chiarotti fue muy clara en que hubo tres intromisiones al cuerpo, las violaciones, el embarazo y el aborto forzado”, expresó la profesional, integrante también de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Silvia, que fue secuestrada a los 18 años, estudio enfermería después de la dictadura, una vez que estuvo en libertad. Trabajó en hospitales públicos de su ciudad. “Mi mamá estaba a favor del derecho al aborto mucho antes que las feministas de Rafaela. Cuando era adolescente, yo me peleaba con ella por eso”, cuenta Marina. La ciudad es muy conservadora, allí los grupos feministas hicieron pie recién en este siglo. 

Recordar a Silvia, las huellas del horror en su cuerpo y sus obsesiones, emociona a Marina. Porque el pasado y el presente están enlazados en la violencia de los antiderechos, es bueno subrayar que Perizzotti, el condenado, es el padre de Emilio Perizzotti, ex policía también y titular de Grávida, la ONG santafesina que interfiere en la realización de las interrupciones legales del embarazo. El hijo reivindica lo hecho por el padre, aunque en el hospital Iturraspe de Santa Fe se haya disfrazado de médico para impedirle a una niña de 11 años, violada, que acceda a su derecho.