La compensación a las gasíferas por la devaluación la pagará el Estado pero recién después de las elecciones. Luego de varios días de intentar defender a capa y espada la medida, el Gobierno dio marcha atrás con el traslado a los usuarios de la supuesta pérdida de las distribuidoras por la suba del dólar durante los meses de alto consumo en invierno. El retroceso fue comunicado oficialmente por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, durante una reunión con los jefes de bloque del Senado. Según confirmó el funcionario, las empresas absorberían la mitad del aumento del costo, que el sector estima en unos 20.000 millones de pesos, y del resto se hará cargo el Estado mediante 30 cuotas, un plan de pagos más generoso que el que se imponía a los usuarios, de 24. Consultados por este diario, fuentes oficiales aseguraron que todavía no se definió si será de 24 o 30 y no detallaron si se aplicará la misma tasa del Banco Nación para indexar las cuotas ni cómo se instrumentará la operación. Sin embargo, el subsidio del Estado a las distribuidoras arranca en octubre del año próximo. El cambio, que el Gobierno intenta presentar como una solución de “sacrificio compartido”, corresponde a la propuesta elevada por el radicalismo, cuyo rechazo a la compensación había sumado malestar dentro de la crujiente alianza Cambiemos. En el Senado se aprobó la anulación de la resolución del pago extra y se encomendó a Nación buscar una solución que no recaiga en los usuarios (ver aparte). 

El viernes se publicó en el Boletín Oficial una compensación a las firmas distribuidoras de gas por la suba del dólar, derivado de que el Gobierno haya dolarizado el mercado energético y luego dejado escapar el precio de la divisa un 100 por ciento en un semestre. La supuesta pérdida para las empresas se habría originado entre los 20 pesos del dólar al momento del compromiso de compra del gas a las productoras para su distribución y los 40 pesos que tocó la divisa en agosto en pleno abastecimiento de ese recurso energético. Para asegurarles la rentabilidad, el secretario de Energía, Javier Iguacel, había “negociado” con las empresas que los usuarios se hagan cargo de esa diferencia a partir de enero en 24 cuotas indexadas por la tasa pasiva del Banco Nación, en torno al 20 por ciento anual. El titular de Energía intentó justificar la medida en una ley de la época de la convertibilidad, en desuso desde entonces, y afirmó que se trataban de cuotas promedio que partían entre los 90 y 110 pesos. El presidente Mauricio Macri durante la mañana había vuelto a defender en declaraciones radiales la medida: “La energía hay que pagarla. Aquello que te regalan, a la larga te a va a costar más”.

La compensación extra se sumaba al aumento de 35 por ciento sobre la tarifa de gas desde octubre y una segunda cuota de hasta 15 por ciento a partir de enero. La medida recogió el rechazo de todo el arco político opositor e incluso del radicalismo dentro de Cambiemos. Asociaciones de consumidores y usuarios en forma particular realizaron presentaciones judiciales para que se reconozca que el servicio ya había sido abonado y que no se podía desconocer el pago y realizar un ajuste retroactivo. El fiscal federal Guillermo Marijuan incluso denunció por presunto “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” al secretario de Energía. “Es un problema entre los usuarios y las empresas y no nos vamos a meter en el medio”, consideró Iguacel al ser consultado sobre el aluvión de demandas. Desde los bloques opositores se había solicitado una sesión especial para la próxima semana en Diputados para analizar cómo frenar la medida. Los gremios comenzaron a utilizar la figura de la compensación para reclamar reapertura de paritarias que permitan recuperar la pérdida en los salarios por la devaluación. La situación se había tensado demasiado y el radicalismo cercano al Gobierno propuso que el Estado se haga cargo.

Frigerio fue el encargado de pedir una tregua antes de que se descontrole la situación y, si bien ratificó que habrá compensación y que la pagarán los contribuyentes, informó que será el Estado y no el usuario de manera directa quien lo abone. Según la propuesta del radicalismo sobre la que negocia Energía con las empresas, el desfasaje en el precio al productor provocado por la megadevaluación se compartiría entre las distribuidoras y el Estado. La UCR propuso que 10.000 millones de pesos los absorba el Estado nacional y los financie con el cobro a las nuevas exportaciones de gas, mientras que el resto deberían correr por cuenta de las compañías, donde la estatal YPF es una de las principales prestadoras. Todavía no se confirmó si serán 24 0 30 cuotas pero está asegurado que será luego de octubre del año próximo, luego de las elecciones presidenciales. Mientras, Frigerio negocia con la oposición para incluir en el proyecto de ley de Presupuesto del año próximo -a pedido de los bloques-un artículo para que se elimine la disposición vigente y que las empresas, de ahora en más, se hagan cargo de la diferencias por precio o devaluación y el Estado pague sólo los intereses generados.