Entidades de consumidores y otras organizaciones de la sociedad civil rechazaron la propuesta del Gobierno para que el Estado –en lugar de los usuarios– compense a las petroleras por la mayor parte de la devaluación. El argumento central es que la dolarización del precio del gas en boca de pozo implica un regalo a las petroleras, cuyos costos de extracción no son en dólares sino en pesos. Además, la compensación tarifaria es un resabio de la legislación de los `90 que el Gobierno repuso a fines del año pasado. Las entidades advierten sobre el aumento de la morosidad y los cortes del servicio y anticipan que con la suba de hasta el 50 por ciento en las boletas, según la actualización tarifaria que rige desde este mes, y junto al persistente deterioro laboral, el próximo invierno el gas será impagable.

“No queremos que ese cargo extra se cobre a los usuarios, pero tampoco estamos de acuerdo que se haga cargo el Estado, porque en definitiva el Estado somos todos. Esto se tiene que resolver de la única manera razonable posible: que las productoras de gas resignen esa ganancia derivada de la devaluación”, indicó Pedro Bussetti, titular de Deuco. Agregó que “el problema de fondo es la dolarización del precio del gas en boca de pozo que aplicó el Gobierno desde fines del año pasado a partir de la eliminación de la emergencia económica. Es indispensable convocar una nueva audiencia pública para discutir la confección de un régimen tarifario basado en la pesificación del gas en boca de pozo y el análisis de la estructura de costos de las productoras”, agregó.

El especialista Federico Bernal, del Observatorio Oetec, señaló que “la dolarización de la energía fue convalidada por las empresas en noviembre de 2017, cuando firmaron contratos con el precio del gas en boca de pozo en dólares. Esto no solamente es un hecho inédito desde la Convertibilidad, sino que además lo hicieron en un marco de tipo de cambio flexible. ¿Y el riesgo empresario?”. Otros especialistas continúan con esa línea y advierten que las empresas petroleras pueden acceder a instrumentos financieros para protegerse de la suba del dólar. Los costos internos cotizan en pesos y su dolarización es un seguro de cambio que beneficia a la explotación gasífera frente a cualquier otra actividad.

Mariano Lovelli, abogado y director del Cepis, entidad que presentó un recurso de amparo contra la resolución que estableció las 24 cuotas de resarcimiento de los usuarios a las petroleras, dijo ayer que “no queremos que la gente lo pague, ni con la boleta ni a partir de las rentas generales”. “Si bien nuestra primera presentación judicial ahora queda sin efecto, pediremos la anulación de la legislación que autoriza a las empresas a hacer el pedido de trasladar diferencias diarias de costos acumuladas al siguiente período. Esas normas se dictaron durante la convertibilidad, cuando estaba fija la paridad cambiaria. En este contexto no tienen ningún sentido”, dijo Lovelli a este diario.

Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, consideró que “esto es una pequeña victoria para las organizaciones. Sin embargo, el hecho de que una buena parte de los fondos salgan del presupuesto implica que lo pagamos todos. No debería haber compensación hacia las empresas. El problema de fondo es la dolarización de los precios en una economía que se maneja en pesos. Esta cuestión de las diferencias por tipo de cambio surge del marco normativo de la convertibilidad, pero en ese momento no se aplicó porque el tipo de cambio era fijo. Luego de 2002, la ley de emergencia económica evitó la aplicación, pero este gobierno repuso su vigencia. Es una legislación claramente a favor de las empresas”.