La marcha atrás sobre decisiones propias que habían sido justificadas como inevitables es marca registrada por parte de la gestión Cambiemos. “Me duele en el alma cada aumento porque sé lo que les está costando llegar a fin de mes. Ahora hay que pagar lo que no pagábamos y cambiar de hábito para ver cómo podemos consumir menos”, dijo Mauricio Macri el martes, antes de dar marcha atrás con la aplicación de la tarifa retroactiva. También hubo marcha atrás en temas como las asignaciones familiares, cambios en la fórmula de jubilaciones, el calendario de feriados, pensiones a discapacitados, el nombramiento por decreto de miembros de la Corte Suprema, el incremento sideral de fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste en el Conicet y los festejos por el 9 de Julio.

A veces, cuando estalla el escándalo, Macri pide perdón, admite tácitamente que el Gobierno está tanteando hasta dónde aguanta la sociedad, y da marcha atrás. De entrada, Macri intentó nombrar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin aval de la Cámara de Senadores. Las críticas de todos los sectores políticos y un fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien declaró la inconstitucionalidad del decreto, derivaron en el primer retroceso presidencial y el anuncio de respetar el proceso legal. Semanas después, Macri incrementó por decreto en un 169 por ciento los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires. La reacción de los gobernadores peronistas hizo que el gobierno debiera sentarse a negociar.

El año pasado, Macri anunció que dejaba sin efecto los cambios en el cálculo de haberes jubilatorios, que significaban una merma sobre el aumento previsto por la ley de movilidad jubilatoria. De todas formas, luego el Gobierno logró el aval del Congreso para el recorte previsional. También por decreto Macri modificó el calendario de feriados y movió los feriados del 24 de marzo y del 2 de abril. Organismos de derechos humanos y de ex combatientes criticaron la decisión y el Gobierno reculó. A mediados del año pasado, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, admitió que se iban a restablecer las pensiones a discapacitados que habían dejado de pagar. Stanley justificó el cambio por un “error de aplicación”.

En septiembre pasado, el Gobierno anunció la marcha atrás en el traspaso a las provincias del financiamiento de la tarifa social eléctrica que se había aplicado por resolución de la secretaría de Energía. Esa discusión se da ahora en el marco de la ley de Presupuesto 2019. Apenas unos días después, el Gobierno se arrepintió del recorte a las asignaciones familiares en la Patagonia y el Norte, luego de las críticas del propio oficialismo y de la oposición en el Congreso. El Gobierno argumentó que necesitaba “efectuar un pormenorizado análisis de la cuestión”. Ahora  suma el escándalo por la compensación retroactiva de parte de los usuarios a las empresas de gas por la devaluación del peso.