La Fiscalía Federal de Esquel comenzó a investigar si la Gendarmería procedió de manera correcta durante el allanamiento ordenado por la Justicia federal en la comunidad mapuche Pu Lof, en Cushamen, para retirar troncos de árbol y demás objetos de las vías del tren conocido como La Trochita y que impedían su circulación. 

La fiscal Silvina Avila, que desde hace un tiempo subroga la Fiscalía Federal de la ciudad patagónica de Esquel, informó ayer a través de un comunicado que “dispuso una serie de medidas destinadas a determinar la responsabilidad” de los miembros de la fuerza de seguridad nacional que intervino en el procedimiento del martes pasado, ordenado por el juez Guido Otranto, y que ocasionó destrozos en las viviendas de la comunidad mapuche y culminó con miembros de ese pueblo golpeados y tres detenidos. El objetivo de las medidas, según Avila, es “realizar un exhaustivo control del ejercicio de las fuerzas” en el marco del allanamiento. 

Entre las medidas ordenadas, Avila requirió información a la Gendarmería Nacional para que informe a qué hora comenzó y finalizó la ejecución de las medidas dispuestas por la justicia federal. Además, indagó sobre si recibieron órdenes de alguna autoridad judicial de la provincia o pedidos de colaboración de la policía de Chubut para ejecutarlas.

Las disposiciones implican a los efectivos que actuaron en el allanamiento que comenzó a las 7 de la mañana del 10 de enero pasado y culminó pasadas las 15. Con una orden de Otranto y respaldados por un operativo cerrojo que aisló la zona, más de 200 gendarmes a pie, en camiones y camionetas, traspasaron con corridas y amenazas la guardia que los pobladores montaron al borde de la ruta en el territorio cuya propiedad reclaman a pesar de que las tierras han sido vendidas a la trasnacional Benetton, y llegaron a la zona de las viviendas, al borde del río. Allí, sacaron a los golpes a las mujeres que permanecían encerradas con sus hijos en la casa comunal y las mantuvieron esposadas durante horas. Las fuerzas detuvieron a Nicolás Daniel Hernández Huala, Ariel Mariotto Garzi y Ricardo Darío Antigual, tres miembros de la comunidad que fueron liberados recién el sábado, aunque procesados por entorpecimiento, resistencia, daños y lesiones.  

El mismo martes la Justicia provincial ordenó el “secuestro” de animales en base a una denuncia de Benetton sobre robo. Durante el procedimiento siete personas, entre pobladores y militantes solidarios, fueron perseguidos, golpeados y encarcelados en la ciudad cercana de El maitén. El miércoles la policía chubutense se apostó en la vera de la ruta y comenzó a disparar contra los pobladores. Fausto Jones Huala y Emilio Huala. El primero se recupera de un politraumatismo de cráneo y un hematoma provocados por los disparos que recibió en su cabeza. El segundo aguarda una prótesis de mandíbula. La suya fue destrozada por perdigones de goma.