Mariano Miranda es el fiscal de Estado de Jujuy, apoderado hasta diciembre de la UCR provincial. Es el hombre que presentó en enero de 2016 la denuncia contra Milagro Sala por el acampe en la plaza Belgrano, a raíz de la cual la dirigente quedó detenida. Además, fue uno de los destinatarios de los mails revelados el domingo pasado por el periodista Horacio Verbitsky en este diario, que dan cuenta de un acuerdo para manipular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su próxima visita al país, con la presentación de testigos para mantener la prisión preventiva de la líder de la Túpac Amaru. Los correos enviados por el apoderado del gobernador Gerardo Morales, el abogado Federico Wagner del estudio jurídico Gil Lavedra, mencionan gestiones de la Cancillería ante la CIDH y tuvieron como destinatarios a Miranda y a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara De Langhe de Falcone. Miranda decidió salir a responder la denuncia. Reconoció los correos pero dijo que eran producto de una “necesaria coordinación institucional”. La respuesta no es cierta o lo es a medias, dado que la supuesta coordinación no es institucional sino encubierta y lo que muestra es la instrucción del Ejecutivo acerca de lo que tiene que hacer la Justicia.

“Lo que los correos están mostrando de ninguna manera es una coordinación institucional, sino que lo que se ve es una instrucción encubierta de parte del titular del Poder Ejecutivo a través de su apoderado acerca de lo que tiene que hacer el resto de los poderes del Estado”, explica a PáginaI12 Marcos Aldazabal, miembro del equipo de abogados de la Túpac Amaru. “De ninguna manera se desprende de los mails una coordinación institucional, sino una instrucción encubierta del titular del Poder Ejecutivo que es Morales, que además no la hace directamente sino a través de un apoderado que tiene domicilio en Capital; mediante unos mails que no tienen estado público y, además, de los mails lo que se desprende no es que se le quiere dar una respuesta adecuada a la CIDH, sino justificar la detención. Literalmente dice que se justifiquen las condiciones de detención”. Incluso, en el último párrafo del correo de Federico Wagner a Miranda, el apoderado de Morales le dice que “si hiciera falta habría que usar todos los recursos necesarios que sirvan para justificar la detención de Milagro Sala. Pero además –agrega Aldazabal–, todos los testigos que propone Wagner son testigos que declararon en contra de Milagro Sala. Si el Estado quisiera darle una respuesta integral, debería hacer escuchar a todos los testigos, no sólo testigos parciales”.

PáginaI12 llamó varias veces al fiscal Mariano Miranda durante el día de ayer, pero no respondió. Le envió mensajes a su teléfono que aparecieron como leídos. Pero no respondió. En cambio, hizo declaraciones que fueron levantadas por la web Infobae. Según Miranda, el intercambio de mails se dio en el marco de “la necesaria coordinación institucional entre distintos poderes del Estado provincial y organismos nacionales para dar transparencia a los requerimientos de los organismos internacionales”. Y dijo que el objetivo es que “se constaten, mediante la compulsa de los expedientes, el respeto a las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio que le asiste a cualquier ciudadano”.

En ese contexto, Aldazabal vuelve a decir que “es el Estado nacional el que tiene que darles una respuesta a los organismos internacionales. También en coordinación con la Justicia de Jujuy, pero esto no es una coordinación institucional     –repite–, sino una coordinación encubierta y, además, los poderes son independientes. Expresamente cuando se pronunció el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, el Estado nacional dijo que delegaba la responsabilidad en el Poder Judicial de Jujuy. Pero eso no es lo mismo que en Morales. Y dijo que por el federalismo correspondía a la Justicia jujeña hacerlo, pero no al poder político de Jujuy, que es lo que están mostrando estos mensajes”.

El equipo de abogados y abogadas de la Túpac está preparando la denuncia que presentarán ante la Justicia Federal contra los funcionarios nombrados en los correos. Un hecho que anunciaron el lunes pasado durante la conferencia de prensa en la sede de la organización, como parte del reclamo y repudio masivo de distintas organizaciones al cumplirse un año de la detención de Milagro Sala. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta dijo allí que estos “mails vienen a demostrar en otro soporte lo que desde hace un año venimos diciendo: que Milagro Sala está a disposición del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial”. Un dato, como recordó, que ya había señalado el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Lo que muestran esos correos, como explicó, “es una serie de reuniones y acuerdos entre los representantes de la Cancillería de Nación, el fiscal de Estado de la provincia de Jujuy, del apoderado personal del gobernador Gerardo Morales y, lo más grave, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. En esa línea, adelantó que se iniciarán una serie de acciones como poner en conocimiento de la CIDH que el Estado argentino viola lo que se llama principio de buena fe. También se denunciará a los firmantes de los correos por tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. A la vez, reclamaron las renuncias de los implicados. En esa lista están Leandro Despouy, a cargo del área de derechos humanos de la Cancillería –según trascendió, el CELS no acompañaría ese pedido de renuncia–; el fiscal Miranda y Clara de Falcone, que además de presidenta del STJ es una ex diputada radical que asumió la presidencia en medio de la ampliación del tribunal en menos de 24 horas y cuya primera decisión fue designar a su yerno, el juez Gastón Mercau, para perseguir a Milagro Sala.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara de Falcone, atendió el llamado de PáginaI12, pero cuando este diario se identificó, la magistrada colgó el teléfono. Poco después, sus voceros se comunicaron gentilmente para explicar que la comunicación se le cortó porque bajaba una escalera. Ya no se pudo retomar el diálogo para preguntarle por el cruce de correos electrónicos difundidos en este diario y que probaron la articulación del Ejecutivo provincial, el Poder Judicial y la Cancillería en la preparación de testimonios para la visita próxima de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Está por hacer un viaje a Chile, a la vuelta le devolverá el llamado”, explicó su vocero.

El bloque de diputados del Frente para la Victoria, encabezado por Héctor Recalde, volvió a exigir ayer al gobierno nacional la intervención federal de la provincia de Jujuy, con el fin de que se restablezcan el orden institucional y las garantías del debido proceso. Y volvieron a exigir la libertad inmediata de Milagro Sala. El bloque presentó hace un mes un proyecto de ley en esa línea, “y desde entonces no paran de acumularse las pruebas de que en Jujuy no existen hoy ni el respeto por los derechos humanos ni la división de poderes ni las garantías del debido proceso”, plantearon los diputados, en línea con la posición sostenida por el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni.