El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, firmaron ayer un acuerdo sobre el proyecto de presupuestos para 2019 que incluye un aumento del salario mínimo e impuestos a las grandes fortunas. El acuerdo se discutirá en el Parlamento Europeo de Bruselas la semana próxima y requerirá el apoyo de los nacionalistas vascos e independentistas catalanes para su aprobación.
“Es urgente revertir las cicatrices de la austeridad”, reza el preámbulo del acuerdo firmado ayer luego de una larga discusión en la Moncloa entre los equipos negociadores del PSOE y Podemos. El pacto firmado prevé un aumento del 22,3 por ciento del salario mínimo mensual que se expresa en una suba de 736 euros a 900. El gobierno y la izquierda acordaron también revalorizar las pensiones conforme a la subida de la inflación en 2018 y 2019.
En cuanto a la cuestión habitacional, uno de los principales problemas que atraviesa Barcelona y Madrid, propusieron aumentar el presupuesto estatal para desarrollar planes de vivienda. Además, con el objetivo de proteger a los inquilinos, expusieron la necesidad regular los precios de los alquileres en las zonas afectadas por la especulación, para lo que exigieron que los ayuntamientos estén habilitados a realizar esta tarea. En efecto, hace varios años que los habitantes de las grandes ciudades están desalojando sus viviendas debido a la tensión de precios producto de los alquileres ocasionales y la participación de fondos de inversión en la compra de edificios.
“Una sociedad más feminista: clave para el bienestar y el progreso económico” es el título de uno de los apartados, que se hizo eco de la llamada marea verde. “El pasado 8M España cambió. Después de muchos años en los que la igualdad de género había retrocedido hasta niveles dolorosos, las mujeres de este país, y también muchos hombres, salieron a la calle de forma arrolladora y dijeron basta ya. Fue un grito intergeneracional, poderoso y lleno de esperanza para decir basta ya de violencia machista”, afirma el inciso que dispone equiparar los permisos de maternidad y paternidad para favorecer un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares. Además, con el objetivo de erradicar la violencia sexual, el pacto prevé una ley integral que garantice la sensibilización, prevención, detección, protección y reparación de este delito.
En otro aspecto propusieron la regulación de la publicidad de los juegos de azar en términos similares al alcohol o el tabaco, y la eliminación del código penal el artículo 315.3 que persigue a los sindicalistas y que designa pena de cárcel para huelguistas.
En cuanto a la educación, el proyecto aboga por un sistema equitativo y de calidad para lo cual estimaron un aumento del presupuesto de becas y una reducción de las tasas universitarias. “Es necesario revertir los recortes educativos introducidos por el gobierno del PP durante los últimos años. Recortes que han perjudicado la calidad del sistema educativo y mermado su equidad, al aumentar la jornada lectiva de los docentes, elevar las ratios máximas de alumnos por aula y dificultar la sustitución de los profesores en baja”, expone el acuerdo. El pacto también incluye medidas sobre transición energética y una carga impositiva a los beneficios del sector que permita aliviar el precio de la energía para consumo doméstico.
En la parte de ingresos, los partidos de izquierda quieren aumentar en dos puntos los impuestos a las rentas superiores a 130 mil euros y en cuatro puntos a las superiores a 300 mil euros. Además propusieron subir un 1 por ciento el impuesto sobre patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros, y crear un impuesto sobre las transacciones financieras para las empresas con una capitalización bursátil superior a los mil millones de euros.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró ayer en 5678 millones de euros los ingresos adicionales (6550 millones de dólares) que se obtendrán de los cambios fiscales, mientras que las nuevas medidas de gasto tendrán un impacto de 2082 millones de euros (2400 millones de dólares). Según agregó Montero ayer en rueda de prensa, de los mayores impuestos al diesel se obtendrán recursos para un plan “estable e ininterrumpido de ayudas al vehículo eléctrico hasta 2020. Además, el gobierno estimó un déficit público del 1,8 por ciento en 2019 y cerrará este año con un 2,7.
El gobierno y Podemos negociaron intensamente durante esta semana para intentar cerrar el acuerdo presupuestario antes de que el Ejecutivo remita a la Comisión Europea las líneas generales de las cuentas del Estado para el próximo año. La fecha límite es el próximo lunes. Precisamente, y tras el pacto de ayer, el gobierno convocó para el mismo lunes un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar ese borrador que debe enviar a Bruselas.
