Un grupo de abogados que integran la asociación “Iniciativa Justicia”, le envió un pedido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, para que intervenga la Oficina encargada de las escuchas telefónicas, que desde el año 2016 por medio del decreto 256/15 funciona bajo la órbita judicial, y además le solicitaron que realice una auditoria integral en el área.
Los letrados Graciana Peñafort, Maximiliano Rusconi, Carlos Alberto Beraldi, Daniel Llermanos y Martin Arias Duval se acercaron ayer a la sede del máximo tribunal para entregar el pedido que solicita la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Oficina (Dajudeco) y la realización de una auditoria pública a cargo de interventores designados por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
“En primer lugar, lo que pedimos es que se intervenga la oficina de escuchas y que además los interventores sean designados por la Cámara Bicameral porque la verdad que la administración bajo la órbita de los jueces no ha funcionado”, planteó Peñafort a PáginaI12. “Vimos que había habido una reorganización de las áreas administrativas de la Corte y nos pareció prudente hacer un pedido formal para que se revea la situación de la oficina de Escuchas”, añadió.
En su escrito, los abogados señalaron que la sugerencia de estas medidas contribuye “a los efectos de garantizar los estándares de imparcialidad y transparencia institucional y, en particular, teniendo en cuenta el proceso electoral que se habrá de desarrollar en nuestro país el año que viene, el cual exige extremar todos los recaudos para evitar que se lleven a cabo maniobras que puedan enturbiarlo”.
Por otro lado, detallaron que “la constitución y el funcionamiento de la DAJUDECO ha suscitado severos cuestionamientos que derivaron en denuncias en trámite ante la Justicia Federal y también planteos en la órbita del Congreso de la Nación”.
Otro punto que se señala en el escrito es el análisis de los convenios que mantiene la Oficina de Escuchas con otros organismos. Los abogados solicitaron que “se dejen sin efecto los convenios suscriptos entre la DAJUDECO con cualquier otro organismo del Estado, en cuanto exceden las competencias establecidas en el DNU 256/2015 y la Acordada 2/2016”.
“La verdad es que pedimos que se haga una extensa auditoria porque la oficina ha funcionado mal, las situaciones son públicas pero además hay otras cosas como los convenios con otros organismos. Queremos saber qué convenios tiene, qué información intercambian y que se den de baja ciertos convenios que no tienen lógica, por ejemplo un convenio con la AFIP”, señaló Peñafort. “Las escuchas y la información de AFIP deben ser requeridas por el juez en cada causa, no concentrada en la oficina de Escuchas, que sino funciona como una SIDE paralela. Por eso mismo pedimos que sin perjuicio de la auditoria, se den de baja esos convenios”, indicó.
