Miguel Lifschitz le pidió a Maximiliano Pullaro que reimpulse en el ministerio de Seguridad el área de investigaciones patrimoniales, con el afán de mejorar la persecución fiscal al lavado de activos y de dinero en el orden provincial. Por eso el nuevo director de esa oficina, Ramón Soques, despliega por estos días una agenda de reuniones con colegios profesionales y Corte Suprema, y apura convenios con distintas áreas del Estado para agilizar el acceso a información sensible. “Vemos que en ciertas causas penales sobre organizaciones criminales hay abogados, escribanos y contadores que se repiten”, advirtió en diálogo con Rosario/12. Hay algunas actividades comerciales más observadas que otras para esta clase de delitos económicos: fideicomisos inmobiliarios, loteos y barrios cerrados, mutuales, joyerías, concesionarias de autos, embarcaciones y caballos deportivos, enumeró.

Desde un subsuelo junto a la central operativa El Ojo, en la sede rosarina de Gobernación, Soques entiende que en el Estado no existe aún una cultura aceitada de escrutar la posible comisión de delitos económicos. “Es que –lamenta- la sociedad argentina tampoco sanciona especialmente el delito económico, a pesar de que es fundamental para explicar esos otros delitos que producen la sensación de inseguridad que la aqueja. Se admira al vivo que se compra un auto carísimo sin preguntarse cómo hizo y de dónde obtuvo ese dinero para hacerlo”, observó este abogado radical, electo intendente de Carcarañá en 2011 y luego concejal, en 2015.

La Dirección de Investigación Patrimonial (DIP) no tiene facultades para actuar de oficio. Eso le corresponde al Poder Judicial. Pero sí trabaja a demanda del Ministerio Público Fiscal y de las fiscalías federales en la provincia. Informes patrimoniales de personas jurídicas, identificación de domicilios y otros menesteres útiles para el avance de una causa penal, como si fueran los peritos contables de la Justicia. El área había sido creada en 2013 como subsecretaría dentro de la ya eliminada Secretaría de Delitos Complejos del ministerio. Su responsable entonces era Margarita Zabalza. Tomó cierta relevancia en la instrucción de la investigación contra la banda Los Monos, y en requerimientos de la UIF sobre esa organización y la de los empresarios investigados por narcotráfico Delfín Zacarías (condenado) y Luis Medina (asesinado). Pero Delitos Complejos implosionó cuando empezó a ventilarse el juicio a Los Monos, con un policía del área –Gustavo Pereyra– procesado y luego absuelto. Para entonces, aquella subsecretaría quedó sumida en un segundísimo plano.

Ante el pedido del gobernador, Pullaro puso en la DIP a un hombre de su confianza –Soques- que empezó a tejer la red de información que juzga imprescindible. Dirección de Catastro, Registro de la Propiedad, EPE, API, Assa, Desarrollo Social, comunas y municipios son algunas fuentes de datos de los que la DIP debe servirse para elaborar un informe patrimonial requerido por la Justicia. También fuentes privadas como Organización Veraz. Con algunas áreas tienen ya el convenio de acceso, con otras no aún.

 

Andres Macera
Allanamiento en una cueva financiera en el centro rosarino.

 

-- ¿Cuesta obtener información dentro del Estado?

-- No por falta de voluntad, sino porque nadie abordó este tema. En la gestión de Margarita (Zabalza) se hicieron convenios, pero hay que seguir. Ahora el desafío es cruzar esa información y usarla. Juntarla, cruzarla y obtener conclusiones no lo hace cualquiera. Estamos por reunirnos con la Corte Suprema, que tiene el Registro de Procesos Sucesorios, el Registro Público de Comercio, también queremos sumar el registro de accidentes y enfermedades profesionales. Debemos mejorar el acceso a la información –respondió Soques.

Para los casos donde impera el secreto fiscal, lo único que vale es un requerimiento judicial para liberar esa información.

-- Parece que en el Estado casi nunca existe el hábito de ejercer investigación patrimonial…

-- Lo usual en cada funcionario, incluso empleados jerárquicos, es retener información porque eso es poder. Eso hay que romper y promover un cambio de hábito. Por un lado, los recursos nunca alcanzan para sacar a la gente de la pobreza, y por otro vemos que fluyen millones que no se sabe bien de dónde salen. A veces el Estado es medio bobo y no termina de coordinar acciones para prevenir esas actividades sospechosas de lavado.

Soques anhela que todas las reparticiones del Estado provincial, y de municipios y comunas, informen de manera automática a la DIP cualquier inconsistencia patrimonial o económica que detecten. Como la ley nacional 25246 obliga a las áreas a informar a la UIF.

“No hacemos investigación de manera autónoma, eso es judicial, pero sí debemos generar herramientas para detectar y prevenir de manera eficaz. Estoy seguro de que hoy en algunos organismos si un empleado detecta algo sospechoso, no sabe qué hacer ni a quién derivar eso que detectó”, señaló el titular de la DIP. “Lamentablemente, el problema en Argentina con el lavado de activos es que pasa en todos lados pero tenemos muy poco celo fiscal, pocos casos llegaron a sentencia”.

La semana pasada, Pullaro y las áreas de investigación patrimonial, criminal, y policías especiales formaron con los colegios de Abogados, Escribanos y Ciencias Económicas una “mesa de análisis de complejidad delictiva”. “Nos permite ver –resumió Soques- el rol del profesional. Atrás de toda organización criminal se repiten abogados, escribanos, contadores. Eso tampoco hay que soslayarlo, afecta a la profesión en sí. Tenemos que buscar actores que se involucren”, demandó.

Para lavar dinero ilegal, algunos rubros son recurrentes. En la historia local reciente se cuentan investigaciones sobre inversiones inmobiliarias relacionadas al narcotráfico, alguna joyería céntrica adquirida por el hijo de un traficante preso y hasta un allanamiento al casino. Soques confirmó que “hay ciertas actividades a las que se le pone el ojo: ciertas mutuales, concesionarias de autos, fideicomisos de construcción o inmobiliarios, en su momento los barrios cerrados. Embarcaciones, caballos, lavaderos… Nadie condena esas actividades, pero se sabe que en algunos casos el dinero no se sabe de dónde viene”, reseñó.