El 29 de enero de 2018, por el Decreto 83, el Poder Ejecutivo designaba como presidente del Enargas a Mauricio Ezequiel Roitman, completando la “normalización” del ente regulador iniciado seis meses atrás. Fue cuando el gobierno nombró al resto de la dirección (vicepresidente y tres vocales) por el decreto 594 (28 de julio de 2017), dejando vacante el puesto de presidente. En el medio,  ocurrió un más que llamativo cambio de criterio del “elegido”,  Marcelo Figueroa, quien después de ganar el concurso convocado por Juan José Aranguren (todavía era el ministro de Energía), se retiró para volver a ocupar el cargo de vicepresidente de Adnoc, compañía nacional de petróleo de Abu Dhabi, donde ya se desempeñaba. Fue en diciembre de 2016, pero el gobierno demoró siete meses en nombrar al resto de los concursados y trece meses en encontrar nuevo presidente. 

Que Figueroa hubiera sido elegido para presidir el ente de control y regulación, pese a ocupar tan relevante puesto ejecutivo en una de las principales petroleras del mundo, no resultaba un hecho novedoso en el gobierno de Cambiemos, aunque la colusión de intereses era evidente. Antes de Figueroa, el macrismo había puesto de interventor del Enargas a David Tezanos, nada menos que director de operaciones de Metrogas hasta poco antes de asumir: ¡la principal distribuidora controlada! Daniel Perrone, presidente a cargo hasta la designación de Roitman y hoy vicepresidente, también tiene como funciones precedentes la de haber sido ejecutivo de una de las firmas controladas por el Enargas : era director de Relaciones Institucionales de Transportadora Gas del Sur (TGS). Carlos Alberto Casares, que ingresó como vocal primero del Directorio junto a Perrone, había sido gerente de ventas  de Tecpetrol, la productora de gas y petróleo del Grupo Techint. 

Roitman, al igual que Andrés Chambouleyron, designado al mismo tiempo como titular del ente regulador eléctrico, ENRE, cumplían hasta el momento de ser nombrados, funciones como subsecretarios en el equipo Aranguren en el ministerio. Ambos tendrían que haber contado con acuerdo de la cámara de diputados. Pero el ministro de Energía elevó el pliego de ambos al Congreso recién el 23 de noviembre de 2017, una semana antes que culminaran las sesiones ordinarias. El Ejecutivo no convocó a extraordinarias para tratar el tema, y como la norma establece que el tratamiento y su aprobación debe hacerse dentro de los 30 días corridos a partir de su presentación, el Ejecutivo se consideró habilitado a interpretar que estaban aprobados los nombramientos habiendo vencido el plazo. El 29 de enero de 2018 emitió  el decreto de designación considerando que había cumplido el trámite parlamentario.  

Aunque sin ocupar cargos ejecutivos, tanto el titular nombrado en el ENRE como su par del Enargas han hecho carrera asesorando y representando a empresas privadas del sector. El caso de Chambouleyron (ENRE) presenta una curiosidad adicional. En su currículum profesional exhibe como antecedente haber sido “testigo de parte de empresas eléctricas y gasíferas como experto en el tema, en al menos diez juicios en el Ciadi”. Es decir, en juicios contra la República Argentina ante los tribunales del Banco Mundial, donde no son jueces sino abogados corporativos contratados por la entidad los que fallan.

Roitman, en cambio, no señala explícitamente su participación en estos conflictos ante el Ciadi, aunque sí menciona su desempeño reciente en dos consultoras que estuvieron muy cerca de las firmas que litigaron contra el  Estado Nacional en años recientes, como son Energy Consulting Service y Montamat y Asociados.

Según el especialista Federico Bernal (el centro de estudios que dirige, Oetec, reveló algunos de los antecedentes aquí proporcionados), “los entes reguladores de la energía actúan como prolongaciones del cartel empresarial que ocupa el Ministerio desde que se hizo cargo Juan José Aranguren”. En el mismo sentido, un sector de diputados del Frente Renovador  elaboró un informe poco tiempo atrás cuestionando los aumentos de las tarifas de gas, en el que se señalaba que “todos los funcionarios involucrados en la cadena de decisiones cumplieron funciones en el sector beneficiado por las mismas”. La denuncia incluía al ministro Aranguren, al interventor David Tezanos y al entonces subsecretario Daniel Perrone. 

Los entes reguladores surgieron como organismos de control necesarios en el proceso de privatización de los servicios públicos energéticos implementado a partir de 1991/92. En los pliegos de selección de sus autoridades, se establece que “se tendrán en cuenta los conocimientos técnicos y regulatorios; conocimiento del rol, conformación y actividad de los entes reguladores; experiencia en el sector y en la gestión pública, y formación y experiencia académica”. Los sucesivos nombramientos hechos por el actual gobierno, incluso los últimos que pasaron por el tamiz de un concurso, parecen en cambio responder a la lógica señalada en los párrafos anteriores: se privilegia la pertenencia a grandes empresas del sector, justamente para que el Enargas no actúe como un obstáculo, sino como facilitador del negocio. En un reciente episodio en una de las comisiones de energía de la cámara baja, ante las insistentes repreguntas de una diputada al titular del Enargas en ese momento, Tezanos, éste le respondió, como para dejar en claro sus vastos conocimientos: “Por favor, soy un hombre perteneciente a esta industria (la del gas)”. Como si se tratara de un valor a respetar la pertenencia a la industria, cuando lo que se le  cuestionaba era la falta del ejercicio de control a la industria ´por parte del ente que presidía.

La arbitrariedad de los tarifazos vuelve a poner en escena la cuestión de los controles y la regulación. Pero también otro tema con no tanta repercusión pero igualmente trascendente: las exportaciones de gas a Chile. El Enargas convalidó la autorización del Ministerio de Energía a la exportación de 3,5 millones de metros cúbicos diarios a la canadiense Methanex para su planta separadora de Punta Arenas, desde este mes hasta el año 2020. Mientras a los usuarios locales se le aumenta el precio en forma extraordinaria “porque es lo que cuesta”, según la explicación del presidente Macri,  a Chile se estaría vendiendo a un precio menor al establecido para el mercado interno (cinco dólares por millón de BTU, se estimó, ya que no hubo información oficial). Según el medio especializado en negocios energéticos EconoJournal, la operación busca darle forma al “desarrollo de un mercado regional, una de las claves para poder desarrollar el gas no convencional de Vaca Muerta”. El destino de esta nueva y valiosa fuente de recursos sería, entonces, principalmente la exportación. Y hay indicios que así lo señalan. Se estima que el sistema de gasoductos troncales desde la Cuenca Neuquina al área metropolitana (son tres, Neuba I y II, y el Centro Oeste) registra en invierno una capacidad ociosa de apenas 8 millones de metros cúbicos por día. Tecpetrol, del grupo Techint, alcanzó un nivel de producción de 9 millones de m3 que ya inyecta en la red desde su yacimiento de Fortín de Piedra, pero aspira a llegar a 17 millones para mayo de 2019, justo al inicio de la temporada de alto consumo. Son 8 millones más, con los que se completaría la capacidad de transporte del sistema. Lo que produzcan, de ahí en más, otros yacimientos de Vaca Muerta, deberá buscar mercado tras la cordillera.

No se conoce ningún proyecto de trazado de nuevos gasoductos centrales en el país. Es más, el proyectado del Noreste (GNE) para abastecer a esa zona del país fue recientemente desactivado por el Gobierno. La proyección de Vaca Muerta como un negocio de exportación en manos privadas y de espaldas al mercado interno surge evidente. Nada de esto hubiera sido posible con un Enargas que cumpliera su función de regulación y control.