El líder de Camioneros, Pablo Moyano, enmarcó el pedido de detención en su contra como parte de “una persecución política, mediática y judicial” del gobierno de Mauricio Macri. “Sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila porque no firmé la reforma laboral, porque no firmé el 15 por ciento para los camioneros”, remarcó. La CGT le reclamó al gobierno que “se abstenga de seguir atacando a las organizaciones sindicales por el solo pecado de defender dignamente los derechos de sus trabajadores”. “Es para tratar de tapar este retroactivo que piden del pago del gas”, fue la lectura de Hugo Moyano y advirtió que “siempre tienen algún ataque previsto para tapar todo este desastre que está llevando adelante este gobierno”. La respuesta oficial estuvo a cargo del ministro Rogelio Frigerio, quien aseguró que “no hay un Poder Ejecutivo, como en el pasado, que le da órdenes a la justicia según su conveniencia”.
El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera presentó el viernes ante el juez Luis Carzoglio un pedido de detención contra Moyano basado en testimonios de barrabravas detenidos del club Independiente. El fiscal acusa al camionero (vicepresidente del club) de integrar junto a Hugo (presidente) y Héctor Maldonado (secretario general) una asociación ilícita que habría defraudado a esa institución de Avellaneda.
“No creo que hagan el show de querer detenerme en Ezeiza como están acostumbrados, con los bolsos, con los chalecos, con todo”, sostuvo Moyano desde Singapur, donde participa del Congreso de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. “Nos acusan en Independiente de que Hugo y yo recaudábamos la plata de los choripanes” y de “venta de entradas”, ironizó en una entrevista por radio Uno. El secretario general adjunto de Camioneros consideró que el pedido “no tiene sentido” y calificó al fiscal como “un payaso” y “un instrumento de (la ministra) Patricia Bullrich, de (la diputada Elisa) Carrió, que constantemente están presionando al juez Carzoglio, al juez (Luis) Armella para que hagan eso”. “Si tengo que ir en cana iré en cana. Ya lo dije hace siete meses atrás: sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila porque no firmé la reforma laboral, porque no firmé el 15 por ciento para los camioneros”, remarcó.
A su turno, la CGT repudió el pedido de detención, que encuadró en “una campaña de persecución a dirigentes gremiales con el doble objetivo de distraer la atención a la tremenda crisis económica que padece el Pueblo Argentino y a la vez amedrentar al movimiento obrero organizado para que no continúe con el Plan de lucha que se viene desarrollando desde la CGT”. En el comunicado remarcaron que “no escapa siquiera al más distraído la voluntad explícita del Gobierno de llevar a la familia Moyano a prisión”, dice el texto que lleva la firma de los secretarios generales Carlos Acuña y Héctor Daer. La CGT le reclamó a la Casa Rosada “el cese de estas maniobras de hostigamiento y persecución”. “La vigencia y legitimidad popular que nuestras organizaciones gremiales mantienen han sido refrendadas por los trabajadores contundentemente en los paros nacionales de junio y septiembre, cuando exigimos el cambio de esta política económica. Continuaremos al frente de los reclamos y no abandonaremos la lucha, con una causa judicial o con mil”, concluyó.
“Este es otro de los tantos disparates que se plantean. El señor Scalera está tratando de subir algunos peldaños porque aparentemente le han prometido ascender en su tarea”, afirmó Hugo Moyano, para quien el objetivo real es “tratar de tapar este retroactivo que piden del pago del gas”. “Como le ha salido mal ponen este tipo de excusa para distraer la atención de la gente –dijo por radio Mitre–. “Estamos acostumbrados”, confesó el dirigente, y apuntó “una coincidencia: hemos pedido la reapertura de paritarias y justamente el martes tenemos reunión con el sector empresario en el Ministerio (sic) de Trabajo. Y casualmente sale esto”, razonó.
Dirigentes gremiales y políticos repudiaron el pedido de detención y se solidarizaron con el camionero. “Son de manual”, señaló Omar Plaini. “Está en riesgo el estado de derecho, no hay presunción de inocencia”, destacó el dirigente de canillitas, que relacionó el avance contra Moyano con su convocatoria a marchar a Luján el próximo sábado. “Estas medidas salen del Gobierno, acompañadas por jueces que no tienen dignidad”, resumió. “Mi solidaridad con Pablo Moyano, hostigado y perseguido por su coherente defensa de los derechos de los trabajadores”, escribió el ex diputado Héctor Recalde. “Toda nuestra solidaridad y acompañamiento”, expresó Andrés Larroque, de La Cámpora. La Federación de Aceiteros expresó su “profunda solidaridad” con Moyano y Camioneros “ante la persecución política desatada en su contra por haberse puesto al frente de los reclamos de los trabajadores”. La senadora bonaerense María Teresa García apuntó que “falta una semana para la marcha a Luján convocada por Moyano”, recordó que asociación ilícita es “la figura con la que persiguen opositores” y consideró que se trata de el “modus operandi de un gobierno cada vez más autoritario”. Oscar Laborde, ex intendente de Avellaneda, enmarcó el pedido en “la decisión de Macri de extorsionar, chantajear, pagar o perseguir a aquellos que se le enfrentan”.
El ministro del Interior fue el único funcionario que acusó recibo de las acusaciones e intentó despegar al Presidente de la persecución a Moyano. “Claramente todavía hay quienes no entienden que somos todos iguales ante la ley, que la Justicia es independiente y que no hay un Poder Ejecutivo, como en el pasado, que le da órdenes a la justicia”, sostuvo Frigerio.
