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El Gobierno decidió poner fin a la investigación disciplinaria interna que, en teoría, buscaba determinar las responsabilidades de distintos funcionarios en el proceso que derivó en la firma de un acuerdo por el cual el Estado aceptaba condonarle al Correo Argentino, empresa del Grupo Macri, casi el total de una deuda superior a los 4 mil millones de pesos. La decisión fue tomada por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y publicada ayer en el Boletín Oficial. Diez días antes, Mauricio Macri había firmado otro decreto en el que admitía un conflicto de intereses y, por eso, informaba que no participaría de cuestiones vinculadas al Correo. Pese a ese reconocimiento, la resolución firmada por Michetti afirma que no hubo irregularidades y que no hay responsabilidades administrativas en ninguna repartición. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que fue impulsor de estas actuaciones, tiene tres opciones ahora: presentar un recuso de reconsideración, desistir de todo o impulsar una investigación en el fuero contencioso administrativo, para reclamar todas las medidas que solicitó y que fueron ignoradas por el organismo que llevaba adelante el sumario, la Procuración del Tesoro. La tercera podría ser la más viable.
El intento por salvar al Correo de pagar casi el 99 por ciento de la deuda que arrastra desde hace 17 años se remonta a junio de 2016. Ocho meses más tarde, antes de que se convirtiera en un hecho consumado, lo frenó la denuncia de Gabriela Boquín, fiscal ante la Cámara Comercial –el tribunal donde se había celebrado el acuerdo–. Dijo que era “ruinoso” y “abusivo” para las arcas públicas, y que eso era algo ostensible porque, además, los representantes estatales en el expediente del concurso de acreedores del Correo, de pronto, con la llegada de Macri al poder, habían decidido aceptar condiciones de pago (o no pago) que antes eran rechazadas por desfavorables. Y hete aquí que la empresa involucrada pertenece al clan familiar del Presidente. El planteo de Boquín causó un gran revuelo, a punto tal que Macri ordenó dar marcha atrás y propiciar un nuevo acuerdo, que nunca se concretó ni ocurrirá por lo menos hasta dentro de unos diez meses, dada la prórroga judicial concedida. De todos modos, derivó también en distintas investigaciones. Hay una causa penal en trámite en Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo, que marcha a paso lento; en el propio fuero comercial se investigan maniobras de vaciamiento de Socma y Sideco, las firmas controlantes del Correo –lo que le valió a Boquín varios intentos de desplazamiento–, y también había un expediente administrativo por las posibles faltas disciplinarias, que es el que Michetti decidió dar por terminado.
Faltas disciplinarias
La investigación administrativa sobre posibles faltas disciplinarias de funcionarios se inició por pedido de la PIA, pero tramita en el ámbito de la Procuración del Tesoro, que es el cuerpo de abogados del Estado. El primer procurador que se ocupó del tema, Carlos Balbín, avanzó en un sumario y una auditoría que fueron críticos respecto de lo sucedido y marcaban que los representantes del Estado habían actuado contra sus propios intereses. Esto ocurrió durante años, pero la diferencia fue que el macrismo logró consolidar un acuerdo a favor del Correo. Como resultado, Balbín tuvo que dejar el cargo. Su sucesor, Bernardo Saravia Frías –cuyo estudio de abogados supo representar a empresas de los Macri– cerró el sumario, sin dar la menor respuesta a pedidos concretos del fiscal Rodríguez, que incluso rechazó. Por ejemplo, medidas de pruebas para analizar las “instrucciones” que había impartido el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, para que su representante enviado a la Cámara Comercial, Juan Mocoroa, aceptara un acuerdo inconveniente: pedía documentación de esa cartera para establecer, por caso, cómo había sido posible que Aguad conociera de antemano la oferta que haría el Correo para el pago de la deuda con dos semanas de anticipación, lo que quedó registrado en una nota con el número 55 que le elevó Mocoroa, que era director de Asuntos Jurídicos, donde explicaba los detalles.
Pero, además, Rodríguez planteó la necesidad de desentrañar si, desde el ámbito de la Casa Rosada, existió una negociación irregular y paralela a las tratativas judiciales. Encontró fechas incongruentes en la documentación y sellos diferentes que generaron dudas. También reconstruyó una sucesión de reuniones en el ámbito del Poder Ejecutivo que contradecían la afirmación de Macri de que era ajeno y no conocía el tema. Desde los inicios de su presidencia quedaron asentados algunos encuentros con la participación del Presidente sobre la situación del Correo. Hay otras reuniones previas al acuerdo a las que asistieron, según los registros el apoderado del Correo, Jaime Cibils Robirosa, el secretario de Tecnología del entonces ministro Aguad, Héctor María Huici, y luego también Mocoroa, entre otros funcionarios.
La gran paradoja es que, de acuerdo al régimen de la administración pública, la única persona con facultades para analizar un pedido de revisión del titular de la PIA es el propio Presidente de la Nación. Pero Macri, por decreto, anunció a comienzos de octubre su excusación de todo lo que tuviera relación con el caso, al admitir que sus familiares mantienen “participaciones societarias en las empresas controlantes” del Correo. Entonces le pasó la posta a Michetti, quien concluyó que no hay nada más que investigar porque no hubo ninguna anomalía en el caso en cuestión.
La vicepresidenta sostuvo, según refleja el decreto publicado ayer, que el hecho de que un ministro haya dado instrucciones a funcionarios para el acuerdo con el Correo, pese a la vinculación de la empresa con el Presidente y las negociaciones dudosas, los exime de responsabilidad. Tampoco analizó la conducta de Aguad. Y pasó por alto el problema de la falta de concordancia de las fechas: los instruye para aprobar el acuerdo el 23 de mayo de 2016 pero la empresa postal presentó su propuesta recién el 6 de junio.
La abogada Graciana Peñafort analizó ayer en su cuenta de Twitter este escenario y señaló: “Eso es inviable, salvo que tengan la máquina del tiempo, o que Aguad conociera la propuesta antes de ser presentada por Correo Argentino, lo cual hablaría de reuniones no declaradas del ministro y el Grupo Macri o bien de una nota de instrucción falsa y antedatada”.
Otro argumento de Michetti es que no hubo consecuencias para el erario público porque el acuerdo finalmente quedó abortado con la intervención de la fiscal Boquín y, por lo tanto, tampoco se violó la Ley de Ética Pública. Peñafort recordó que el Grupo Macri presentó este año una nueva oferta apenas mejorada en cuestión de intereses, por ende, algo fallaba con la anterior. Pero, además, como el Estado pidió prórrogas claramente funcionales al Correo, el asunto sigue sin ser resuelto. Por ende, ¿cómo se sabe que no hubo perjuicio patrimonial si no es un asunto terminado? ¿Y de dónde surge que, por el hecho de que no se haya plasmado el pacto, no hayan existido irregularidades en su preparación?
El texto publicado en el Boletín oficial también concluye que el cierre de esta investigación no tiene por qué impactar en la causa penal, en la que tanto Macri, como Aguad y Mocoroa están imputados. Según lo que había planteado el fiscal Rodríguez en su recurso, eso no es así. Es un riesgo para el esclarecimiento de lo ocurrido que existan resoluciones contradictorias entre el sumario administrativo y la causa penal. En esta última, a cargo del juez Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, se abrió un legajo específico sobre toda la negociación previa al acuerdo del año 2016, fueron citados funcionarios y se requirió documentación al ex ministerio. A la vez, tiene otras aristas, ya que se investigan posibles maniobras de Socma y Sideco para sacar dinero del concurso del Correo hacia otros destinos, e incluso la responsabilidad judicial. Nunca nadie fue llamado a indagatoria en este expediente. El fiscal Rodríguez, que también aporta material a esa pesquisa, analiza qué camino seguir tras el decreto de Michetti. La alternativa con más chances es hacer una denuncia en el fuero contencioso administrativo. De lo contrario, quedará sellado, al menos en el Boletín Oficial, que aquí no ha pasado nada, aunque haya pasado a la vista de todos.
