“Continúa desmoronándose la estrategia de criminalizar a la Tupac Amaru”, consideró ayer el abogado de la delegación mendocina de esa organización tras conocerse que el Tribunal de Cuentas provincial aprobara el estado de las cuentas de fondos públicos que ese colectivo utilizó durante casi una década para construir viviendas sociales. “Quedó comprobado por ellos mismos que la plata que el Estado otorgó a la Tupac para construir viviendas se usó para eso y nada más. Quieren criminalizar pero no tienen con qué”, sostuvo el representante legal Alfredo Guevara.
La auditoría que días atrás concluyó el Tribunal de Cuentas mendocino es la primera que la justicia provincial concreta en el marco de la investigación sobre la ejecución de fondos públicos para la construcción de los barrios de la Tupac Amaru en el departamento de Lavalle, una causa que comenzó en Buenos Aires en noviembre 2016 a partir de una denuncia de Margarita Stolbizer y culminó en el fuero local.
“El expediente peloteó entre la justicia federal de Buenos Aires, la justicia federal de Mendoza y la justicia provincial todo este tiempo sin que haya siquiera un imputado”, apuntó Guevara. La criminalización contra los integrantes de la organización corrió Buenos Aires, en cambio, sí corrió como pólvora. “En un contexto de persecución y estigmatización la idea del ‘se robaron todo’ sin pruebas concretas se instala en los medios fuertemente. Acá en Mendoza tuvimos la primera prueba concreta de la investigación y desmiente a la estrategia: no hubo perjuicio a la administración pública de parte de la Tupac Amaru”, explicó el abogado.
El Tribunal de Cuentas es un organismo de control de la actividad financiera patrimonial del Estado Provincial y Municipal de Mendoza cuyos integrantes son refrendados por el Parlamento local. El pasado 3 de octubre aprobó por unanimidad de todas las cuentas de la organización Tupac Amaru para el ejercicio 2015. Quedó acreditado así, según el análisis del representante legal, que en ese año la delegación mendocina de la Tupac utilizó los fondos públicos derivados para la construcción de 250 viviendas en General Lavalle.
“Este fallo demuestra que las causas contra dirigentes de la organización Tupac Amaru no son más que una campaña de persecución y desprestigio a la oposición de la alianza Cambiemos” aseguraron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala y concluyeron “si la Justicia quiere investigar casos de corrupción y malversación de fondos, debería estar investigando los Panamá Papers, la condonación de deuda del correo argentino y los millonarios negocios de obra pública del gobierno de Mauricio Macri”.
Guevara, en tanto, analizó que “el verdadero objetivo de los mecanismos de estigmatización que extendieron sobre la Tupac, no solo en Mendoza, sino sobre todo en Jujuy, es el recorte de derechos extendidos a los más necesitados”.
Por último, comparó los “métodos que está aplicando (el gobernador radical Alfredo) Cornejo” con los de su par jujeño Gerardo Morales. “Las acusaciones son tan ridículas como los que usan en Jujuy para mantener encerrada a Milagro Sala: todas acciones propias de una organización social”, advirtió.
