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PáginaI12 En Perú
Desde Lima
Una semana después de haber sido detenida, Keiko Fujimori salió libre. La jefa del partido fujimorista Fuerza Popular, que controla el Congreso, fue arrestada por un caso de lavado de activos relacionado con el supuesto financiamiento ilícito de su campaña electoral. Recobró su libertad luego que un tribunal revocara la orden de detención preliminar en su contra, dictada por un juez señalando que había obstrucción al proceso judicial y peligro de fuga, argumentos desestimados por el tribunal que vio la apelación. También se levantó la detención preliminar a otras 19 personas investigadas por este caso. Casi en simultáneo con esta controvertida decisión judicial, se conoció la fuga del destituido juez supremo César Hinostroza, acusado de encabezar una mafia judicial y señalado de tener vínculos con el fujimorismo, lo que gatilló un escándalo que agudizó la crisis política y provocó la caída del ministro del Interior.
Después de escuchar la decisión judicial que la liberó, Keiko, acostumbrada a la inexpresividad, se quebró y lloró. En la calle chocaron manifestantes anticorrupción y seguidores del fujimorismo. Ya en libertad, dijo que su detención había sido “un calvario de siete días”. La jefa del fujimorismo ha sido liberada, pero no declarada inocente. El tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo de la acusación en su contra, sino solamente sobre la detención preliminar, anulándola. La investigación fiscal a Keiko continúa, y la fiscalía asegura estar acumulando información consistente para llevarla a juicio con evidencias sólidas.
Keiko está acusada de encabezar una organización criminal al interior del partido Fuerza Popular para lavar aportes económicos ilícitos. Cuatro altos ejecutivos de Odebrecht han confesado que la constructora brasileña financió en forma oculta con 1,2 millones de dólares la campaña de Keiko de 2011. Han señalado que un millón de dólares fue entregado en efectivo a dos altos dirigentes del fujimorismo. Los otros 200 mil dólares fueron colocados en una bolsa organizada por varias empresas. En una agenda de Marcelo Odebrecht se encontró la anotación “aumentar Keiko para 500”, en referencia a un incremento de 500 mil dólares en los aportes a la candidata fujimorista.
También se investiga el financiamiento de la campaña presidencial de Keiko en 2016. La fiscalía estima que la llegada de dinero negro no se limitó a Odebrecht y señala que para blanquear el millón de dólares recibido en efectivo de la constructora brasileña y otros aportes no declarados, el fujimorismo organizó rifas fantasmas, cócteles para recaudar fondos, reclutó aportantes truchos para registrar a su nombre donaciones que no hicieron y usó empresas offshore. La hija del ex dictador tiene abierta otra investigación fiscal por lavado de 15 millones de dólares.
En esta complicada situación judicial, Keiko ha perdido un importante apoyo en el aparato de justicia con la caída del fugado juez supremo César Hinostroza, pero mantiene aliados de peso en el sistema judicial, que espera le aseguren impunidad, como el fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry, funcional al fujimorismo, que ha sido acusado de pertenecer a la mafia judicial que encabezaba Hinostroza y que en el Congreso ha sido salvado de ser destituido por los votos que controla Keiko.
El fujimorismo también intentó proteger en el Congreso a Hinostroza, pero ante las escandalosas evidencias en su contra y la fuerte presión mediática y ciudadana retrocedió y accedió levantarle el fuero para que sea procesado y detenido. Pero el Congreso demoró casi dos semanas en tramitar esa decisión, necesaria para detenerlo, demora denunciada como una maniobra para facilitar su fuga. Si este juez es detenido y decide hablar sobre sus denunciados vínculos con Keiko, pondría en serios problemas a la jefa del fujimorismo. Hinostroza tenía orden de impedimento de salida del país, a pesar de lo cual salió por la frontera norte con Ecuador, país en el que tomó un vuelo a Madrid, donde ha pedido asilo político, lo que precipitó la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina. El Ejecutivo y el Congreso fujimorista se acusan mutuamente por esta fuga.
El fujimorismo y sus aliados, entre ellos el partido aprista del ex presidente Alan García, han puesto en marcha una campaña para desacreditar al fiscal José Domingo Pérez, que pidió la detención de Keiko, y que también investiga por corrupción a Alan García. En el Congreso se ha llegado al absurdo de acusar al fiscal Pérez de apología al terrorismo por haber usado la palabra “guerrilla” y no “terroristas” para referirse, durante una presentación en México, a los desarticulados grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Pérez ha denunciado haber recibido amenazas de muerte luego de la detención de Keiko.
Con la decisión judicial que la ha liberado, Keiko ha logrado una victoria judicial que le da un respiro, pero es un triunfo parcial. Su situación legal sigue siendo complicada. Y su futuro político, con 81 por ciento de rechazo y su imagen en caída, no pinta bien.
