Entre mayo y julio de 1976, treinta y siete artistas, comunicadores y docentes militantes del PRT-ERP fueron secuestrados y torturados por una patota del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RI6). Las víctimas vivían y militaban en el oeste del Gran Buenos Aires. Algunas en Moreno, como María Cristina Cournou, hermana del cantante Víctor Heredia; la mayoría en Luján, como la madre del periodista Camilo García y su pareja. Todas estaban vinculadas con las revistas Estrella Roja y El Combatiente, de aquella organización política diezmada durante el genocidio de la última dictadura cívico militar. “Fue una masacre cuyo fin primero fue la censura”, explicó Ernesto “Coco” Lombardi, que además de abogado querellante fue compañero de militancia de sobrevivientes y varios desaparecidos de esta causa que, desde hace algunos días, descansa en las oficinas de Comodoro Py a la espera de que el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal ponga fecha al juicio.

Después de 8 años de investigación, la semana pasada, Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal de Instrucción 3, elevó a juicio la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura contra aquel grupo del PRT-ERP efectuada por integrantes del RI6 de Mercedes, provincia de Buenos Aires. 

El debate quedó en manos del TOF 2, que deberá determinar las responsabilidades de siete autoridades e integrantes de esa dependencia del Ejército argentino: Luis Fernández Bustos, Serapio del Río, Gustavo González Sass, Emilio Morello, Horacio Linari, Luis Brun y Martín Sánchez Zinny. Todos ellos están detenidos desde junio del año pasado, cuando Rafecas los procesó en el marco de esta misma causa. Brun, ex funcionario bonaerense durante la gestión de León Arslanian en la cartera de Seguridad,  y Sánchez Zinny formaron parte del alzamiento carapintada durante los primeros años de democracia. 

A partir de testimonios de sobrevivientes, familiares y ex soldados del Ejército, Rafecas pudo probar que el RI6 de Mercedes estuvo involucrado en el secuestro de 37 personas, la imposición de torturas a por lo menos cinco de ellas y el homicidio de otras ocho. La punta del ovillo en la investigación judicial fue la confesión de un ex soldado, quien contó que participó de un operativo de la patota del RI6 el 10 de julio de 1976 en donde funcionaba la imprenta clandestina que el PRT-ERP usaba para imprimir El Combatiente, una de sus publicaciones. Allí murió un militante, Eduardo Arancibia, y otro fue secuestrado por los represores. 

Ese operativo fue uno de los tantos que sucedieron en torno de las personas que integraron los colectivos productores de El Combatiente y Estrella Roja, otra de las revistas militantes, que “estaban siendo golpeados desde antes de marzo (de 1976) por la misma patota”, detalló Lombardi. Antes de la instauración de la última dictadura cívico militar, los represores del RI6 perseguían bajo la impronta del “Comando Bruno Genta”, en homenaje a un escritor anticomunista. 

“Fue una gran masacre con el objetivo de censurar, de frenar estas publicaciones”, contó el abogado y militante a este diario. De las 37 víctimas, “la mayoría” estaba establecida en Luján, agregó. “Muchos estaban vinculados a la escuela de Arte (de ese distrito), militaban en la Juventud Guevarista, participaban de las tertulias que armaba Dorronzoro en su casa”, recordó. Dardo Dorronzoro, herrero, poeta y militante del PRT-ERP, había sobrevivido al “Comando Bruno Genta”, que no le dio una segunda oportunidad una vez instaurado el genocidio. Del grupo de 37 víctimas comprendidas en esta causa, era una de las de más edad, junto a Rocío Martínez Borbolla, editora de El Combatiente, mamá del periodista Camilo García y su hermana Bárbara, y la hermana de Víctor Heredia, que fue secuestrada y desaparecida junto a su esposo Nicolás Grandi. Estaba embarazada de cuatro meses y eran, ambos, docentes de la escuela Escuela 19 de Moreno y fundadores de Ctera. 

En la instrucción, Rafecas también pudo determinar que la patota del RI6 de Mercedes utilizaba para mantener cautivos y torturar a sus víctimas un centro clandestino de detención instalado en una casa quinta que, a pesar de los testimonios de sobrevivientes y ex soldados, aún no pudo ser localizada. Se espera que durante el juicio, o en la segunda etapa de la investigación que permanece abierta, este dato pueda determinarse. En ese segundo tramo, el magistrado mantiene procesados con prisión preventiva a otros dos integrantes del RI6, Alberto Schollaert y Rubén Andrade, sobre cuyas responsabilidades en violaciones a los derechos humanos sigue trabajando.