Durante una conversación telefónica que los mantuvo conectados a tres bandas, los líderes de Rusia, Vladimir Putin; Alemania, Angela Merkel, y Francia, François Hollande, coincidieron en un mensaje de advertencia sobre la escalada de la tensión en el este de Ucrania. Los jefes de Estado manifestaron que no están de acuerdo con el desarrollo de las negociaciones entre ambos bandos en conflicto, después de que fracasara el intento por trazar una hoja de ruta para llegar a una solución para la crisis ucraniana. Y, además, lamentaron la falta de avances en el trabajo del Grupo de Contacto, la única plataforma en la que se producen conversaciones directas entre el gobierno ucraniano y las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Ucrania, por su parte, demandó a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, por la anexión de Crimea y por apoyar la insurrección armada de los prorrusos del este ucraniano, informó la Cancillería ucraniana.

En un comunicado difundido ayer el Kremlin señaló que, en particular, se constató una escalada de la situación a lo largo de la línea de separación en el Donbass, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Además, el comunicado oficial señaló que se subrayó la importancia de incrementar los esfuerzos comunes para frenar la escalada de la tensión en el sureste de Ucrania, garantizando el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk. Eso incluye “el pronto canje de prisioneros según el principio de ‘todos a cambio de todos’”.

Los dirigentes ruso, alemán y francés también se comprometieron a dar un nuevo impulso al Cuarteto de Normandía, un formato que incluye también al presidente de Ucrania, Petró Poroshenko. El 19 de octubre pasado Putin, Merkel y Hollande acordaron en Berlín la puesta en marcha de una hoja de ruta para destrabar la aplicación de los Acuerdos de Paz antes de que finalizara noviembre. No obstante, sus ministros de Exteriores fueron incapaces de lograr un acuerdo en el plazo previsto, por lo que las acciones militares recrudecieron, donde causaron decenas de bajas, pese a que rige un nuevo alto el fuego desde el 24 de diciembre.

Quienes contribuyeron a elevar la tensión fueron los líderes separatistas, con su primer viaje a Crimea esta semana, mientras Kiev denunció a Rusia ante el Tribunal de La Haya por apoyar el terrorismo en el Donbass y discriminar a las minorías en la península. Las negociaciones están estancadas, entre otras cosas, por la falta de acuerdo sobre las elecciones en las zonas controladas por los separatistas, ya que Kiev exige garantías de seguridad y la presencia de observadores internacionales. Además, Ucrania demanda el control de la frontera entre Donetsk y Lugansk y el territorio ruso, mientras Moscú pide a Kiev que apruebe antes una ley que otorgue altas dosis de autonomía a las zonas separatistas.

El ministro ucraniano de Exteriores, Pavló Klimkin, anunció en un comunicado divulgado por Cancillería que “como parte de la agresión ilegal en Ucrania, la Federación Rusa despreció los derechos humanos básicos del pueblo ucraniano”. Ucrania considera que Rusia violó la convención que combate la financiación del terrorismo, de 1999, al intervenir militarmente, instigar una insurrección armada, financiar actos terroristas y suministrar armamento a las milicias prorrusas de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk.

El caso ante la CIJ asegura que las milicias insurgentes cometieron actos terroristas como el derribo en julio de 2014 del avión de Malaysian Airlines MH17 con 292 personas a bordo, en su mayoría holandeses. También acusan a los separatistas de bombardear las zonas residenciales en las localidades de Mariupol y Kramatorsk, en la región de Donetsk, o del ataque con explosivos contra una manifestación pacífica en Járkov, durante la contienda en el este ucraniano.

Ucrania solicita a la CIJ que declare que Rusia tiene responsabilidad internacional por apoyar el terrorismo en el este de Ucrania. En el mismo caso, Ucrania acusa a Rusia de violar la convención de 1965 contra todas las formas de discriminación al perseguir a las minorías tártara y ucraniana que aún residen en la península de Crimea, anexionada en marzo de 2014. Además de un referéndum ilegal celebrado ese mes bajo una atmósfera de intimidación, según Kiev, las autoridades rusas lanzaron una política cuyo objetivo es borrar todo rastro cultural de esas comunidades. Esa política incluye medidas como la disolución de la asamblea popular tártara (Mejlis), los asesinatos, desapariciones y detenciones arbitrarias de miembros de esa minoría musulmana, el cierre de medios de comunicación o las restricciones en la enseñanza de su lengua.