Uno de los peores antecedentes de terremotos en el centro de Italia se registró hace ocho años, en la ciudad de L’Aquila. Los números de la tragedia dan cuenta de la magnitud que implicó para la región: hubo 308 muertos, 1500 heridos y más de 50.000 personas que perdieron sus casas a causa del derrumbe provocado por el movimiento sísmico.
El 6 de abril de 2009, un sismo sacudió L’Aquila, capital regional de Los Abruzos, que por entonces tenía más de 70.000 habitantes. El temblor provocó la destrucción del centro histórico de la ciudad, pero también la de más de 15.00 casas y edificios y el destrozo de varias iglesias antiguas. A su vez, el terremoto alcanzó una magnitud de 6,7 grados en la escala Richter. Los días posteriores no llevaron la calma esperada ya que durante semanas continuaron registrándose las réplicas del sismo más fuerte, lo que complicó la tarea de los socorristas. En total, el terremoto causó la muerte de 308 personas y dejó 1.500 lesionados.
La reconstrucción de la ciudad llevó años. Pero no sólo se enfocó en la reedificación de viviendas y la restauración de sitios históricos. También hubo un intento de determinar si existió algún culpable por no haber previsto el siniestro. En septiembre de 2011, un Tribunal procesó a siete miembros de la Comisión de Grandes Riesgos de L’Aquila acusados de efectuar “una evaluación del peligro sísmico totalmente aproximada, genérica e ineficaz en relación a la actividad de la comisión”. Un año después eran condenados en primera instancia por infravalorar los riegos de un posible sismos.
La decisión fue apelada y la suerte de los condenados cambió: el Tribunal de Apelación absolvió a seis de los siete científicos procesados. Al único que no consiguió la absolución, Bernardo de Bernardinis, subdirector técnico de Protección Civil, la pena le fue reducida a dos años de reclusión suspendida.
