La topadora macrista que se lleva puesto todo a su paso ahora avanza con el traspaso de una parte de la justicia ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y lo hará fiel a su modus operandi: en plena feria judicial. La medida genera el rechazo tanto de los magistrados como de los empleados judiciales, y fue precisamente por esta resistencia que a fines del año pasado se había frustrado el pase a la Ciudad de más de 20 juzgados penales, unos 30 juzgados laborales y también el fuero del consumidor. Ante la inminente firma del acuerdo, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) se declaró en “alerta y movilización” y advirtió que se trata de un “desguace de la justicia nacional que no da garantías respecto de las condiciones laborales de los trabajadores judiciales”. Este gremio señaló que “los trabajadores no somos muebles y no vamos a permitir que se avasallen nuestros derechos ni se conculquen los del conjunto de los trabajadores de nuestro país”. Las comisiones internas opositoras a la UEJN adoptaron la misma posición contraria a la decisión oficialista.

Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también expresó su rechazo al traspaso, que comenzará a concretarse hoy cuando el presidente Mauricio Macri firme los acuerdos con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en la Casa Rosada. “Esta Asociación rechaza enfáticamente dicha decisión como ya lo ha manifestado en anteriores oportunidades”, sostuvieron los magistrados y funcionarios de la entidad que preside María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero. “Señalamos el riesgo de que este traspaso y el nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones políticas”, sostuvieron y advirtieron sobre “la gravedad de enjuiciar y expulsar” a magistrados “con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad”. A su criterio, “esta estabilidad precaria conspira sin duda contra el derecho de los habitantes de la Ciudad a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes, resultando irreal que dicho traspaso pueda mejorar el servicio que a ellos se les presta”.

Los jueces ya habían levantado la voz en contra de esta iniciativa en noviembre y lo expusieron en un comunicado en el cual aseguraban que el ministro de Justicia, Germán Garavano, les había garantizado que durante 2016 no habría avances en el tema, y que eventualmente los magistrados serían escuchados. A criterio de la Asociación de Magistrados el traspaso “se desentiende del buen funcionamiento de la Justicia y los derechos de los litigantes y, en especial, de la situación de los empleados, funcionarios y magistrados judiciales, y de los Ministerios Públicos, cuyas condiciones de desempeño deben ser garantizadas en todos sus aspectos”.

El traspaso de parte de la justicia ordinaria –fueros Penal, Comercial y de Menores– a la órbita de la Ciudad es un antiguo reclamo de la dirigencia política porteña, para que la ciudad tenga su justicia ordinaria como todas las provincias, y se enmarca en el mismo pedido de autonomía por el que reclamaban el control del juego, la Policía y los puertos en su territorio. Según fuentes judiciales, ahora sólo pasará parte del fuero penal, en especial el área de robos y hurtos, también la justicia en las relaciones de Consumo y la Justicia de Menores. Desde el gobierno aseguran que el traspaso será gradual y se empezará por los 54 cargos vacantes, entre juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías. En la primera etapa serán sólo 490 agentes, entre funcionarios y empleados del actual fuero penal nacional.

El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, había declarado a su gremio en “estado de alerta y movilización” ante la iniciativa, porque consideró que “los salarios de los magistrados porteños son más bajos, el régimen jubilatorio no está garantizado por ley, se perjudica el acceso a los beneficios de la obra social y, desde la última modificación de Ganancias, los trabajadores podrían quedar expuestos a su pago”. Para el Gobierno de la Ciudad y el PRO es una deuda pendiente que los porteños puedan manejar su propia Justicia.