Una hipótesis de inflación inverosímil, un parámetro de cotización del dólar que es contradicho por el nuevo acuerdo con el FMI a pocas semanas de su disposición, proyecciones de crecimiento exageradas en las exportaciones y una leve recesión en un año de un fortísimo ajuste. Una vez más, el oficialismo envía al Congreso un proyecto de Presupuesto que se demuestra completamente desactualizado a escasos días de su presentación. Repitiendo el comportamiento de la conferencia de fin del año pasado cuando fueron anunciadas modificaciones en las metas de inflación y, por lo tanto, de la Ley de Presupuesto 2018 recientemente aprobado, el presupuesto 2019 apunta a convertirse rápidamente en letra muerta.
A meses de cumplirse tres años de gestión del gobierno macrista, su carácter neoliberal se puede ver con claridad en cómo ha ido evolucionando el Presupuesto Nacional, con un fuerte crecimiento de los fondos destinados al pago de la deuda pública y una notoria reducción de los gastos sociales, desde los destinados a la salud, la educación y los subsidios económicos. Los resultados de la ejecución presupuestaria que publica el Ministerio de Hacienda y la reciente presentación del Presupuesto 2019 dan cuenta de ello, con un proyecto de ley que sobredimensiona la importancia del equilibrio fiscal primario, dejando de lado objetivos socioeconómicos que deberían ser considerados como prioritarios, así como omite una mirada integral sobre la solvencia de las finanzas públicas.
En la presentación del presupuesto 2019 se deja constancia que el dinero para el pago de intereses ascenderá a 596.065 millones de pesos, con un tipo de cambio nominal de 40 pesos por dólar, algo poco creíble. Dicho monto significa una suba del 48,9 por ciento respecto de lo estimado en la presentación para el pago de intereses de todo 2018. En términos relativos, el peso del pago de los intereses de la deuda pública en el gasto primario total del presupuesto nacional, pasó de un 8,1 por ciento en 2015 al 16,0 por ciento en 2019. El pago de intereses ha venido incrementándose desde la llegada del macrismo al gobierno: en 2017 los intereses de la deuda fueron el 9,4 por ciento del gasto primario y en 2018 ascendieron al 13,4 por ciento, mostrando una tendencia positiva todos los años. En moneda constante, el pago de intereses crece un 73 por ciento respecto de 2015. Si se compara respecto del PIB, en el período 2011–2015 representaban el 1,68 por ciento del Producto, mientras que en 2016–2019 ascenderán a 3,25 por ciento
Por el contrario, si se compara 2019 con 2018, los fondos destinados a subsidios pasan de representar del 13,3 al 7,7 por ciento del gasto primario, las trasferencias en educación del 1,2 al 0,8 por ciento y los fondos para viviendas del 1,0 al 0,7 por ciento. Si en intereses se gastan 195.687 millones de pesos más, en educación, subsidios y vivienda se destinan 28.839 millones de pesos menos. De ese modo, el avance en el pago de intereses fue en detrimento de otros gastos de orden social, como son los de Educación y Cultura (-1,2 puntos) y Ciencia y Técnica (-0,4 puntos).
En contraposición a la relevancia prioritaria que se establece para los intereses de la deuda, los programas sociales han perdido peso relativo en contraste con la incidencia que tenían en 2015. Por caso, los servicios de deuda pasarán de representar 3,5 veces el monto destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2015, a 5,5 veces en 2019, lo que equivale a un monto de 353 millones de AUH o 69 millones de jubilaciones mínimas, casi 56 millones de salarios mínimos y la construcción de casi 20 mil jardines de infantes. En 2019 se pagarán por intereses un monto equivalente a 1.100.000 pesos por minuto, o 1600 millones de pesos por día.
Por la magnitud de los fondos, el pago de intereses pasará a representar una proporción muy superior al presupuesto de otras áreas. Por ejemplo, superarán en más de 24 veces a los fondos destinados a las obras de agua potable y alcantarillados, en 20 veces a las de vivienda y urbanismo, en casi 13 veces a las de ciencia y técnica y en cuatro veces a las de salud. Así, por cada 100 pesos de intereses que se paguen, se gastará 38 pesos en educación, 25 pesos en salud, 11 pesos a protección social, 7,7 pesos en ciencia y técnica, 4,8 pesos en vivienda y urbanismo, 4,1 pesos en agua potable, 1,8 pesos en Trabajo y 0,1 pesos en industria.
Por lo anterior, es evidente que el mayor pago de intereses se compensa con menor gasto social. La otra cara de la moneda de este fenómeno es el explosivo incremento del endeudamiento global. Así, según la reciente publicación del informe de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, la deuda externa bruta superó los 261.000 millones de dólares en el segundo trimestre del año, lo cual representa un 56,2 por ciento más que en el inicio de gestión de Mauricio Macri y 27,6 por ciento más que un año atrás. Estos números aún no computan el aumento de pasivos externos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La deuda pública (interna y externa) creció 30,7 por ciento respecto de octubre de 2015, hasta 331.481 millones de dólares. Si se tiene en cuenta la devaluación, con un tipo de cambio nominal del 40 pesos por dólar, el crecimiento potencial de los pasivos en moneda local es alarmante. El fenómeno de la deuda se completa con la fuga de capitales, dando lugar a una tríada deuda–intereses–fuga que es marca registrada de las macrofinazas neoliberales de ayer y de la actualidad. Se estima que en el período macrista la fuga de divisas ascendió a 108.352 millones de dólares por todo concepto.
De ese modo, como si el presente fuera un calco de la historia, la política de librecambio y desregulación que comenzó a implementar el macrismo generó una enorme transferencia de riqueza de los sectores populares hacia quienes detentan el poder económico, entre los que se encuentra representado por el capitalismo financiero; pero no como una consecuencia indeseada de las políticas económicas, sino como un objetivo en sí mismo. La “normalización” de la economía tantas veces escuchada por los funcionarios del gobierno, no era más que volver a la regresividad de la distribución del ingreso después de más de una década de políticas que desafiaron la hegemonía neoliberal.
Transcurrida buena parte de 2018, las propias estadísticas públicas ofrecen un sombrío panorama socioeconómico, con caída de la actividad y las ventas en el mercado interno, una fortísima devaluación, inflación galopante, cierre de empresas con despidos masivos y el desempleo volviendo a los dos dígitos. Frente a este escenario, el gobierno no hace más que confirmar el rumbo económico, incrementando el acuerdo firmado con el FMI y apelando a la supuesta confianza que traerá el equilibrio fiscal. La trayectoria de estos meses ha sido tan traumática que el riesgo país ha llegado a superar los 700 puntos, dejando una incógnita sobre si es posible afrontar los vencimientos. No hubo autocrítica; sólo apelan a la desgastado excusa de la “herencia” recibida.
Las dificultades económicas que seguirá atravesando la inmensa mayoría de la población se contrapone a los grandes negociados de las finanzas, con períodos de estabilidad cambiaria y altas tasas de interés, un virtual seguro de cambio con dólar futuro, seguidos de bruscos saltos devaluatorios una vez que el capital financiero internacional ya considera que es hora de retirarse de la plaza local. Para la mayoría quedará el esfuerzo del ajuste permanente, al menos mientras el neoliberalismo sea el que conduce los destinos del país, con un presupuesto público que no atiende la problemática social, el crecimiento y el desarrollo económico. Por lo ilusoria de su formulación, por tanto, el Presupuesto 2019 sólo servirá para marcar aguas divisorias entre los dirigentes que convalidan el recorte de la inversión pública y los que eligen posicionarse en las antípodas del ajuste.
* Director de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda e Integrante del Colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA).
