Desde Río de Janeiro

En el ocaso de un gobierno que desde hace mucho parece moribundo e inerte, Michel Temer, el más impopular presidente de la historia de los períodos democráticos brasileño, avanzó y mucho en la apertura de espacios de poder para las fuerzas armadas, ampliando el camino para un cada vez menos tenue vuelco hacia los cuarteles. El lunes 15, en medio al torbellino provocado por la disputa electoral, Temer bajó un decreto que poco o casi nada llamó la atención en un primer momento. El objetivo es la creación de una “fuerza de tareas de inteligencia” contra las organizaciones criminales.

El problema, dicen analistas, es que ya está sentada por ley la competencia de la Policía Federal para tratar de crímenes, valga la redundancia, federales, como el narcotráfico o el lavado de dinero. Otro punto que llamó la atención es que, en términos de jerarquía, la “fuerza de tareas” obedece en primer lugar al “gabinete de seguridad nacional” de la presidencia, institución abolida en los gobiernos del PT y que Temer trajo de vuelta. Y el otro punto que creó alarma en las organizaciones sociales se refiere a la vaguedad del tema: “organizaciones que atenten contra el Estado o sus instituciones”. Desde luego tanto el lavado de dinero como el narcotráfico atentan contra las instituciones y el Estado. Pero ¿qué más? ¿Sindicatos que llaman a la huelga general? ¿El Movimiento de los Sin Tierra que ocupa áreas ilegales o improductivas?

Muchos analistas señalan una especie de preparación de terreno para que el ultraderechista Jair Bolsonaro y su grupo de generales retirados, caso efectivamente lleguen al poder, puedan desatar una ola de control y represión contra lo que consideran una extemporánea “amenaza comunista”. 

Desde que llegó al sillón presidencial gracias a un golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, no son pocos los pasos de Temer en dirección a abrir espacio a militares en la estructura del gobierno. Por primera vez desde su creación, todavía bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, el ministerio de Defensa fue entregado a un general. La intervención militar en el estado de Rio de Janeiro, decretada el pasado febrero, fue otro paso: bajo el mando de un general quedó toda la estructura policial, desde la investigativa hasta la ostensiva, pasando por el sistema carcelario. Por si fuera poco, Temer también bajó un decreto determinando que cualquier caso de violencia cometido por un militar que participe de la intervención en Río será juzgado por la justicia militar, y no la civil, como determinaba la legislación anterior. 

También llamó la atención que el nuevo presidente del Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, un magistrado que no logró ser aprobado en un concurso público para ser juez de primera instancia pero llegó a la corte máxima, haya convocado para ser una especie de súper-asesor a un general retirado, muy cercano a Bolsonaro. Para inquietar aún más al campo progresista brasileño, el nuevo decreto creó concretamente un núcleo duro de inteligencia, reuniendo el todopoderoso Gabinete de Seguridad Nacional y la Agencia Brasileña de Inteligencia, y también los servicios de la Marina, Fuerza Aérea y Ejército, además del sector de control de actividades financieras del ministerio de la Hacienda, la Receta Federal, y todas las policías, inclusive la responsable por carreteras. 

Resumiendo: caso realmente llegue a la presidencia de la República, Bolsonaro contará con instrumentos ilimitados y en manos de generales en actividad para controlar la vida de cada brasileño, teniendo como blanco primordial asegurar que no ocurran atentados “contra el Estado y las instituciones”. Le tocará al núcleo duro del eventual gobierno de ultraderecha decidir qué atenta o no.