El juez Roberto López Arango dará este martes el veredicto en la causa contra tres médicos de la ciudad de Paraná por la apropiación y sustracción de identidad de los mellizos que dio a luz la militante montonera Raquel Negro el 2 de marzo de 1978, en el hospital Militar de Paraná. Miguel Torrealday fue identificado durante este juicio como quien sacó a los niños del lugar donde habían nacido y los llevó al Instituto Privado de Pediatría. 

En este juicio, que comenzó el 6 de agosto pasado, la enfermera Imelda Princic lo dijo sin dudar: “Torrealday fue el que entró con el niño”, que fue anotado como N.N. López en la clínica, y la niña como Soledad López. A los dos le dieron el alta el 27 de marzo de 1978. A ella, los represores rosarinos Walter Pagano y Juan Daniel Amelong la dejaron abandonada en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario. En diciembre de 2008, Sabrina Gullino conoció su identidad y hoy es querellante de la causa, mientras busca denodadamente a su hermano, que continúa desaparecido. 

La complicidad civil está bajo la lupa y alcanza no sólo al principal acusado –propietario del Instituto– sino también a David Vainstub y Jorge Rossi, que eran sus socios. El fiscal José Candioti pidió 12 años de prisión para Torrealday, por considerarlo partícipe necesario de la apropiación, y 9 años para los otros dos imputados, como partícipes secundarios. En cambio, la querella pidió 15 años de prisión para los tres, como coautores del delito. Sabrina está convencida de que su hermano fue –y sigue siendo– “un botín de guerra”, ya que era el hijo de Tulio Valenzuela, oficial montonero, principal acusado del atentado contra Jorge Cáceres Monié en diciembre de 1975. “A Raquel la llevaron dos veces a hacerse controles del embarazo, y estaban cuidando al bebé, porque a ella la mataron poco después de parir”, dice con una lógica implacable. 

El juicio se desarrolla en la ciudad de Paraná, adonde ocurrieron los hechos, ya que Raquel fue traslada allí desde el centro clandestino de detención donde estaba secuestrada, la Quinta de Funes. Es la primera vez en esa ciudad entrerriana que se juzga a responsables civiles. Para Sabrina, un dato muy importante de este juicio es que si bien no surgieron pistas concretas, sí hubo algunos datos que permiten ubicar la apropiación de su hermano consumándose en la provincia de Córdoba. De hecho, en un careo, la enfermera Stella Maris Cuatrín reveló que la médica pediatra Amelia Naveyro le dijo, hace poco, que el mellizo estaba en Córdoba, y era médico. 

La búsqueda de Sabrina se sostiene sin pausa desde hace diez años. “A mí me parece que la reconstrucción en el marco jurídico de todo lo ocurrido es lo más importante de este caso. Pudimos reconstruir desde el secuestro de Raquel, Tucho y el Seba (Sebastián Alvarez, el hijo mayor de Raquel, que fue enviado a sus abuelos), hasta su posterior llegada a parir a Paraná. Se pudo reconstruir que estuvo dos semanas internada en el hospital militar, se pudo saber lo que charlaba con la enfermera. Siempre nos había faltado la coordinación entre el Hospital Militar y el IPP y en este juicio también se pudo dilucidar”, dijo la mujer de 40 años. Fue otra enfermera, Alicia de Baratero, quien contó que habían llegado un médico y un camillero del IPP a la institución militar para buscar a los niños. “Después, en el IPP hay muchos testimonios que van diciendo que había un NN López, que se comentaba que era hijo de una subversiva”, relató. Incluso, Cuatrín se lo relató así: “A tu hermanito lo ponía en mi camisolín porque me daba mucha pena que era NN y nadie lo venía a ver”. Para Sabrina, “toda esa cuestión se pudo ir reconstruyendo con el relato de las enfermeras, y siempre con la resistencia de los médicos a romper el pacto de silencio”. 

Hay otros datos estremecedores: en esta investigación –que comenzó en la causa del hospital militar de Paraná en 2011– ya hubo al menos dos muertes dudosas. El militar Paul Navone, que había sido jefe del centro de salud cuando ocurrieron los hechos, apareció muerto en Ascochinga, justo cuando debía declarar en aquella causa, en 2008. Se suicidó. “Adopto esta decisión como el mejor camino para mí”, escribió en una carta dirigida al juez. En septiembre de 2008, siempre con el juicio de Hospital Militar de Paraná en marcha, Juan Zaccaría, que había sido el responsable de la terapia intensiva en esos días de 1978, había aparecido en su celda, con apariencia de haberse querido ahorcar con un cinturón, pero vivo. A la directora del hospital donde lo internaron le dejaron una amenaza. “Decile que se salvó en la cárcel, pero en el hospital lo vamos a hacer mierda”, era el mensaje. El jueves 20 de septiembre pasado, justo cuando la pista Córdoba apareció en la causa del IPP, el neonatólogo Eduardo Halac murió a un pozo en su casa en el barrio Rivera Indarte de la capital mediterránea, un lugar al que nunca iba. Su padre, Jacobo Halac, era el titular del Instituto de Neonatología de esa provincia, estrecho amigo de Torrealday e integrante del Movimiento Cristiano de Adopción y Guarda, que entregó a la nieta 88 María Belén Gentile Altamiranda Taranto. Hijos Paraná pidió que se investigue si la muerte de Halac hijo está vinculada con esta causa. 

Torrealday fue secretario de Salud del gobierno de Jorge Busti, en Entre Ríos, y debió renunciar en 1991, cuando lo rozó la investigación por el homicidio del escribano Rubén Calero, ya que su lancha fue utilizada para tirar el cadáver al río, mientras él estaba de viaje. Más tarde, fue asesor durante la gestión de Sergio Uribarri, pero fue apartado en 2011, cuando se conoció su vinculación con la apropiación de los mellizos Valenzuela Negro. 

“En definitiva, yo creo que está totalmente probada la responsabilidad de los médicos, si no hubiera existido la IPP no hubieran podido apropiarnos ni sustituir nuestras identidades, no se hubiera podido sustentar el plan de apropiación”, considera Sabrina, que lleva adelante una campaña para encontrar a su mellizo. ¿Dónde está el Melli? es la pregunta que multiplica.