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Desde hace dos meses, voceros del oficialismo venían haciendo trascender que Pablo Moyano iría a la cárcel. La jugada tenía como organizador –según denuncia el camionero– al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, y ejecutor a un fiscal de Lomas de Zamora muy cercano al procurador, Sebastián Scalera. Todo naufragó, al menos por ahora,debido a un juez que llegó a ese cargo a los 58 años, Luis Carzoglio. En su estilo rudo denunció que lo presionaron y sugirió que la movida de encarcelar a Moyano era más política que judicial.
Tras el fallo se desataron rayos y centellas contra el magistrado: buena parte de la ofensiva parece destinada al fracaso, pero la apuesta mayor es destituir a Carzoglio de su cargo. En el medio de la tormenta, el abogado del gremialista demostró de manera asombrosa que el juez original de la causa contra Moyano fue a visitar a Elisa Carrió a su casa, es decir que se trasladó desde La Plata a Exaltación de la Cruz para hablar con la legisladora. Carrió, sorpresivamente, admitió que el magistrado la visitó, lo que deja en claro que ella y la coalición Cambiemos se presentan como republicanos pero –como en Brasil– utilizan la Justicia para manipular la política.
Cárcel
El preanuncio de que el dirigente camionero iría preso no sólo salió en los diarios. La presión fue sentida directamente por el primer juez del caso, Gabriel Vitale. Esta semana, el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, contó al aire en C5N, en el programa de Gustavo Sylvestre, que un juez –no mencionó el nombre– tuvo que ir hasta la casa de Carrió, en Exaltación de la Cruz, para exhibirle el expediente y decirle que no tenía elementos para meter preso a Moyano.
Lo sorprendente es que después de que Llermanos contara la versión del encuentro juez-diputada, Carrió envió un audio de Whats App al programa Intratables a través del periodista Gustavo Grabia. De manera insólita, la legisladora negó que el juez y ella hubieran hablado de Moyano. Pero reconoció que el magistrado estuvo en su casa. Y reveló el nombre de Gabriel Vitale, el primer juez que tuvo la causa de Independiente. El encuentro fue en enero de este año.
La visita produjo estupor porque reveló la movida en las sombras. No sólo hay de por medio una presión política evidente. Además, fue necesario ocultarla con un encuentro fuera del juzgado e incluso fuera del Congreso. Un magistrado tuvo que recorrer los 147 kilómetros que van de La Plata a Exaltación de la Cruz para justificar ante Carrió por qué no daba curso a la detención de Moyano.
Según la defensa de Moyano, el fiscal Scalera le llevó varios pedidos “extraoficiales” de detención a Vitale, pero éste se los rechazaba. Lo cierto es que Scalera finalmente presentó el pedido ante Carzoglio hace diez días. A partir de ese momento las presiones se multiplicaron,con largos carpetazos contra Carzoglio en los diarios oficialistas.
Gremio
Durante la semana que pasó, y especialmente el viernes en el coloquio de Idea, el presidente Mauricio Macri se despachó contra el alto costo de la logística, o sea los sueldos de los camioneros. El gremio de los Moyano está peleando la recomposición salarial al nivel del probable 50 por ciento de inflación que hasta el oficialismo calcula para 2018. A eso se suma el papel de confrontación con el Gobierno que padre e hijo asumieron en los últimos meses dentro y fuera de la CGT.
La jugada política de detener a Moyano en la causa de Independiente parece evidente si se tienen en cuenta varios hechos.
Un punto clave es que no se percibe una ofensiva contra dirigentes de otros clubes, vinculados a barras que incluso cometieron asesinatos. Sin ir más lejos, en noviembre del año pasado fue ejecutado Gustavo “El Oso” Pereyra, barrabrava disidente de Boca Juniors, justamente de la zona de Lomas de Zamora. Nada ocurrió con los dirigentes xeneixes públicamente vinculados a La Doce. En marzo de este año Rafael Di Zeo y otros connotados barras se “reunieron” con los jugadores de Boca para exigirles más rendimiento después de una derrota con River por la Supercopa. Aquí las acusaciones se cruzan. Mientras opera por su cuenta, Carrió suele lanzar acusaciones contra Daniel Angelici y le atribuye la condición de operador en la Justicia.
Otro punto que hace diferente la causa contra Moyano es algo que a esta altura parece obvio: no hay peligro de fuga. De hecho, regresó de Singapur este jueves. Tampoco se puede hablar de peligro de obstrucción de una causa que tiene más de un año. Bebote Alvarez, el histórico barra de Independiente, fue detenido en octubre de 2017, de manera que Moyano podría haber obstaculizado las investigaciones en los 12 meses transcurridos. El fiscal Scalera no exhibe ninguna evidencia de que lo haya hecho. Moyano ni siquiera está indagado en ese expediente.
La veta política también es palpable en la iracundia desatada en sectores del oficialismo tras el rechazo de Carzoglio de la detención del vicepresidente de Independiente.
Fiscales bonaerenses consultados por este diario coincidieron en que centenares de veces en su carrera les rechazaron pedidos de detención o de allanamientos. En este caso, sin embargo, Scalera reaccionó adelantando que recusará al magistrado y que apelará el fallo de Carzoglio. Sabe que las dos cosas tienen pocas chances. La Sala II de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, integrada por Pablo Little y Alejandro Rojas, ya tiene dicho que la no-detención no es apelable porque se puede seguir la investigación con el imputado en libertad.
Tampoco es habitual que se desplace a un juez por el contenido de su fallo, argumentando que prejuzgó cuando hizo un análisis de la prueba para rechazar una detención. Por otro lado, Llermanos recusará mañana a Scalera por enemistad manifiesta, algo que tampoco parece contar con muchas chances de éxito.
Los ataques contra Carzoglio se extienden a las amenazas de destitución del magistrado, sacando del letargo un anterior jury de enjuiciamiento contra Carzoglio. Antes del fallo por Moyano ni se hablaba del jury: ahora es tema de los grandes medios.
El procurador fue antes el secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal, de manera que la ofensiva contra un juez que falla contra el gusto oficial podría ser leída como otra maniobra de Cambiemos utilizando la Justicia en la política.
No es un dato menor que Carzoglio es un magistrado muy querido. Algunos colegas le atribuyen falencias técnicas pero le adjudican características de trabajador y honesto. Tiene un pasado turbulento –hace unos 20 años– en el cual llegó a estar preso y tuvo que afrontar una probation. Fue sobreseido. Hay presos a los que les ha dicho: “Yo estuve en su situación, pero la superé poniendo mucho esfuerzo”.
Carzoglio se tomó 15 días de licencia por vacaciones, previstas desde hace tiempo, pero las apelaciones ante la Cámara tardarán más que eso, de manera que estará de regreso para retomar la causa.
El magistrado, en su fallo, no entró en consideraciones sobre Pablo Moyano. Simplemente dijo que no correspondía detenerlo y que no es el jefe de la presunta asociación ilícita conformada por la barra brava. Afirmó que Moyano mantenía con la barra una relación tensa, en la que le hacían pedidos “cuasiextorsivos” de entradas, dinero para viajes o exigencias para entrar a partidos en Colombia o Chile, pero que el jefe de la asociación ilícita era Bebote, no Moyano. Es más: cita que los directivos de Independiente respetaban la prohibición de que Bebote entrara al estadio rojo.
Protagonista
No son pocos los magistrados que ya apuntan contra Conte Grand como la mano que está operando detrás de las causas y, sobre todo, contra quienes no cumplen los deseos de Cambiemos.
Un punto clave es la megacausa en la que está preso el juez César Melazo, propietario de una megamansión que difícilmente puede explicar con sus ingresos. El expediente gira en torno de un doble homicida, Javier Ronco, a quien se le otorgó la prisión domiciliaria, con pulsera, tras discrepancias entre los dos fiscales que actuaron. Uno de ellos, Tomás Morán, también está preso. Pero en las escuchas telefónicas aparecen nombrados varios magistrados platenses, entre ellos tres integrantes de la Corte, Julio Pettigiani, Eduardo De Lázzari y Luis Genoud. También miembros de la Casación, jueces, fiscales como Alvaro Garganta y abogados más que mediáticos y conocidos.
En principio, no es que los nombrados tengan relación con la megabanda. Aparecen nombrados en algunos casos. Pero al mismo tiempo los supuestos interlocutores afirman no conocerlos. En medios judiciales la hipòtesis dominante es que Conte Grand en persona maneja las filtraciones. Contra unos sí y contra otros no. Esto es lo que dice, entre otros, el veterano juez de Casación Víctor Violini, quien en su período como fiscal investigó la desaparición de Miguel Bru y se encargó de las primeras pesquisas por enriquecimiento ilícito de jefes policiales. Violini denunció abiertamente las presiones y dijo que se originaban en el procurador.
La última movida de Conte Grand sería la activación de una causa contra Daniel Scioli, justamente de la mano del fiscal nombrado en las escuchas de la megabanda, Garganta. En el expediente, el ex gobernador rechaza una por una las acusaciones y dice que todas las compras fueron aprobadas por los organismos de control, entre ellos el Tribunal de Cuentas.
El fiscal Garganta justito pidió la elevación a juicio de la causa cuando Scioli apareció en el acto del 17 de octubre en Tucumán y en las horas previas a la marcha a Luján. Le vino perfecto al oficialismo para ocupar un lugar en las tapas de los diarios de ayer.
Garganta, un fiscal ampuloso, está en situación de debilidad. Deberá responder por su increíble actuación en el cuádruple crimen de La Plata –asesinato de cuatro mujeres– donde pese a las evidencias genéticas que demostraban la inocencia de Osvaldo “El karateca” Martínez lo siguió acusando. Finalmente fue absuelto en el juicio oral y el fiscal afronta un jury de destitución. El episodio motivó hasta un libro del periodista platense Fernando Tocho, quien describió las maniobras que se hicieron.
En un brevísimo período, Conte Grand terminó apareciendo en el centro de la escena. En territorio bonaerense ya es corriente que el procurador sea señalado por lo mismo que Cambiemos está haciendo casi en todos los niveles de la justicia a nivel nacional: utilizar las imputaciones, e incluso la prisión preventiva, para jugar en el terreno político. Contra Moyano, con sueldos y flexibilización laboral de por medio. Contra Scioli, como parte de la batalla contra la oposición. Y contra integrantes de la justicia que no se disciplinan. La prueba más evidente es que no existen ni acción ni investigación alguna respecto de la reunión clandestina mantenida por Elisa Carrió con el juez Vitale, una demostración nítida de la operación del oficialismo en la Justicia.
