Entró en su etapa decisiva el juicio por el homicidio de Javier Chocobar, autoridad de la comunidad diaguita Chuschagasta de Tucumán, con los pedidos de condena por parte de la fiscalía y los querellantes. Mientras la fiscal  Marta Jerez de Rivadeneira pidió 18 años para el empresario Darío Luis Amín, y 10 para los expolicías Luis Humberto “El Niño” Gómez y José Eduardo Valdivieso, los querellantes solicitaron la prisión perpetua para los tres. Los abogados defensores, por su parte, plantearon que los acusados deben ser absueltos porque actuaron en “legítima defensa”. Pablo Gargiullo, uno de los querellantes, sostuvo que “hay elementos que acreditan la existencia de una planificación” por parte de los autores del ataque a balazos contra miembros de la comunidad, en el que resultó muerto Chocobar y sufrieron heridas graves Andrés y Emilio Mamaní. En su alegato, Gargiullo recalcó que “los imputados se representaron la posibilidad de recurrir a la violencia letal en caso de ser necesario y fueron preparados para eso”, dado que portaban armas de guerra. 

El querellante argumentó que los tres imputados “fueron armados por una razón, la de llevar una acción que podía claramente desembocar en un resultado mortal y eso no fue casual, no fue espontáneo, y es por eso que nosotros hicimos un planteo distinto al de la Fiscalía, y solicitamos que se aplique la pena de prisión perpetua porque esta gente ha cometido homicidio agravado por haber premeditado su accionar sin ninguna duda”. Carlos Garmendia, otro de los querellantes, se manifestó crítico hacia la actuación de la fiscal Rivadeneira porque “estuvo permanentemente cuestionándonos a nosotros, cuando estábamos esperando que nos cuestionen las defensas, no la fiscal, porque estamos del mismo lado”. 

Otra de las querellantes, Julia Albarracín, dijo que en el juicio “se ha demostrado que se cometió un daño contra la comunidad”, para la que demandó una reparación económica, además de las condenas. En ese sentido, mencionó la declaración de uno de los testigos “el doctor Nieva, que dijo que la comunidad es ‘una cadena cuyos eslabones se rompieron’ y que están representados por Emilio, por Andrés, por la familia de Javier Chocobar. Por eso es necesario reparar la cadena rota, que es la comunidad”. 

Albarracín, a cargo de la demanda civil, pidió una indemnización por daños físicos, psicológicos y morales para Andrés Mamaní, herido de gravedad en los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2009, para Emilio Mamaní y para Antonia Mamaní, la viuda de Javier Chocobar. La abogada recordó que a Andrés “le practicaron una traqueotomía y una colostomía” por las heridas recibidas. Por lo vivido “le quedaron secuelas físicas y psicológicas y para poder seguir adelante necesita que se haga justicia, para que él pueda volver a pensar en su salud”.

Los imputados, ese 12 de octubre de 2009, ingresaron al territorio que le corresponde a la comunidad y que le es reconocido como propio por la Constitución y las leyes vigentes. Amín y los dos policías quisieron entrar por la fuerza, justo en un día de luto para los pueblos originarios. Tiempo después del episodio que se analiza en el juicio, los acusados fueron protagonistas de otra agresión en contra de la comunidad, en el año 2012. 

En esa oportunidad, según relató en el juicio el querellante Carlos Garmendia, llegaron al paraje El Chorro, en el territorio que pertenece a la comunidad, un camión con 20 gendarmes y la misma camioneta que usaron los imputados en 2009. Amín, su madre y una escribana, llevaban un oficio firmado por el conjuez Mario Leiva Haro, que los autorizaba a entrar a la cantera de los comuneros. Lo que hicieron, en realidad, fue “meterse en las casas de los comuneros y pedirles los datos, en un claro acto de intimidación”, precisó Garmendia. “Cuando nos estábamos yendo, veo que en el mismo lugar donde habían asesinado a Javier Chocobar habían hecho un asado”, señaló el querellante, que había sido convocado de urgencia, ante la presencia de Amín y los suyos. 

El pedido de condena de la fiscalía fue por homicidio, en el caso de Amín, señalado como autor de los disparos mortales, y como partícipes secundarios a los dos policías que lo acompañaban. La querella pidió la prisión perpetua por entender que se trató de un homicidio agravado del que hicieron responsable principal al empresario, mientras que señalaron que los otros dos imputados fueron “participes necesarios”. También pidieron que se los condene por portación ilegal de armas de fuego. 

Los defensores, a su turno, afirmaron que los tres imputados ejercieron “la legítima defensa” para responder a la “agresión” que sufrieron de parte de los miembros de la comunidad, que sólo arrojaron algunas piedras. 

El juicio finalizará este miércoles, cuando los jueces Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, escucharán por la mañana las últimas palabras de los acusados, para luego pasar a un cuarto intermedio y dar a conocer la sentencia en horas de la tarde.