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La Unión Cívica Radical comenzó a prepararse para enfrentar una nueva crisis de la deuda. “Reiteramos la necesidad de trabajar para establecer un mecanismo internacional para la reestructuración de las deudas soberanas”, reclama la última resolución de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que lleva la firma el senador radical Ángel Rozas. El gobierno asegura que el país no tendrá problemas para hacer enfrentar sus pasivos gracias al préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) pero sus socios minoritarios en la alianza Cambiemos advierten en foros internacionales sobre los riesgos asociados a los niveles de endeudamiento excesivos y el accionar de los fondos buitre. El documento elaborado por el legislador chaqueño enfatiza la responsabilidad que tienen los Estados para “prevenir que los compromisos derivados de los procesos de endeudamiento impacten de manera negativa en el bienestar y en la tutela de los derechos humanos”.
La resolución del Euro–Lat fue aprobada a finales del mes pasado en Viena cuando todavía faltaban seis días para que el FMI informase la modificación de los términos del acuerdo Stand-By solicitada por Argentina. Condicionados al cumplimiento del programa de austeridad fiscal, flotación cambiaria y contracción monetaria, los desembolsos del FMI previstos para 2018 colocarán la deuda pública en niveles cercanos al 100 por ciento del PBI. “Los gobiernos no pueden considerar las obligaciones legales derivadas de un bono o un crédito como una obligación superior a otras obligaciones tales como el pago de las pensiones o la prestación de servicios públicos básicos”, sostiene la resolución firmada por el senador Rozas. La declaración que “insta a los gobiernos europeos y de América Latina a que aúnen esfuerzos para avanzar hacia un marco legal internacional para la reestructuración de las deudas soberanas” fue redactada, además de por el legislador argentino, por el economista catalán Ernest Urtasun que se desempeña como diputado por el partido verde en el Parlamento Europeo.
Las reestructuraciones de deuda son un procedimiento habitual. Desde 1950 se registraron más de 600 casos de canjes soberanos alrededor del mundo. El caso argentino es una de las experiencias más exitosas de la historia por las condiciones financieras (quita, reducción de intereses y extensión de plazos) y, fundamentalmente, por el subsiguiente desempeño macroeconómico del país. Sin embargo, como resultado de la construcción de un vacío legal que acompañó el proceso de desregulación financiera, no existen reglas globales para encontrar soluciones que garanticen la salida de los países de las trampas financieras, volver a crecer y garantizar el cumplimiento de los vencimientos de deuda.
La disputa argentina con los fondos buitre y la crisis de la deuda griega allanaron el terreno para la búsqueda de soluciones globales como los “Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana” adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015. Aquella resolución impulsada a pedido de Argentina por el G-77 más China obtuvo 135 votos a favor, 6 negativos y 42 abstenciones.
El veto de los principales centros financieros internacionales expresado a través del rechazo de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Israel y Canadá restringió que esa resolución se convierta en un marco legal internacional.
El golpe de gracia para aquel intento provino del gobierno de Mauricio Macri que validó el reclamo de los fondos buitre. El acuerdo que premió la persistencia carroñera y reinsertó al país en el mercado financiero internacional ofreció a NML Capital de Elliott Management una rentabilidad global de 1270 por ciento.
Desde entonces la argentina ingresó en un nuevo ciclo de endeudamiento que sumó pasivos por más de 100.000 millones de dólares en apenas 27 meses. La deuda pública total ascendió hasta los 328.577 millones de dólares durante el primer trimestre de 2018, cifra que representa el 59 por ciento del PBI. Los datos oficiales para el segundo y tercer trimestre todavía no fueron publicados pero la combinación entre la devaluación, la recesión y el nuevo financiamiento del FMI colocará la deuda en niveles cercanos al 100 por ciento del producto que no se registraban desde el default.
“El sistema financiero internacional carece en la actualidad de un marco jurídico multilateral comprensivo para la reestructuración de la deuda soberana que permita a los Estados alcanzar soluciones en un plazo razonable, y que éstas sean eficaces, justas, equitativas, legales y sustentables”, sostiene la reciente resolución de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos del Euro-Lat. La asamblea multilateral fue creada en 2006 como un espacio parlamentario para elaborar resoluciones y recomendaciones destinadas a gobiernos, organizaciones, instituciones y grupos ministeriales. Rozas es uno de los delegados argentinos junto con los senadores Omar Perotti (PJ-FPV) y Adolfo Rodríguez Saá (Unidad Justicialista), entre otros.
El texto propuesto por el ex gobernador chaqueño recomienda la adopción de los nueve principios básicos de Naciones Unidas e “insta a los gobiernos europeos y latinoamericanos a que aúnen esfuerzos para avanzar hacia un marco legal internacional para la reestructuración de las deudas soberanas”. La resolución enfatiza que el derecho de los países para encarar una reestructuración no debe verse obstaculizado “por las pretensiones de grupos minoritarios de acreedores que pueden aprovechar la inexistencia de marcos regulatorios en la materia, anteponiendo sus intereses especulativos”.
El jefe de la bancada radical en el Senado se encuentra fuera del país pero sus asesores explicaron a PáginaI12 que la resolución es “extemporánea” ya que su redacción comenzó de la mano de legisladores del Frente para la Victoria en 2015 mientras tenían lugar las deliberaciones en la ONU. Los colaboradores de Rozas destacan que su participación en la discusión fue determinante para “equilibrar” la resolución incluyendo la solución propuesta por el mercado a través de modificaciones en las cláusulas contractuales de los bonos. “La resolución no menciona que Argentina vaya a entrar en un default. Es necesario contar con mecanismos que faciliten las reestructuraciones pero ojalá que no necesitemos nunca recurrir a los mecanismos que se proponen”, indicó a este diario uno de los asesores del legislador radical.
@tomaslukin
