El rimbombante plan de seguridad que el gobierno porteño comenzó a instrumentar hace unos meses sólo logró por el momento desmantelar comisarías y generar zonas liberadas en algunos barrios de la ciudad. Los vecinos están preocupados y con miedo porque aumentaron las entraderas y los robos en la vía pública y ahora ni siquiera tienen dónde hacer las denuncias. Creen que así bajará el índice oficial de delitos y que ese dato va a ser usado por el oficialismo para mostrar falsos resultados. 

El Ministerio de Seguridad porteño había anunciado que a partir de julio empezaría a implementarse el nuevo sistema de comisarías de la Policía de la Ciudad, cuyo esquema tenía previsto mejoras en infraestructura y la construcción de nuevas comisarías, lo que implica dejar de lado las 54 seccionales que heredó de la Federal y reducirlas a 15 comisarías comunales y 28 vecinales, uno de los cambios profundos en los que se basaba el plan de seguridad anunciado en junio.

Además, según el anuncio oficial, el objetivo es hacer más eficientes los mecanismos de respuestas en temas de inseguridad. Sin embargo, de acuerdo a expertos en esta materia y a la propia experiencia de los vecinos, lo único que se está instrumentando es el cierre de comisarías, lo que dejó zonas completamente liberadas y un accionar policial marcado por la desorganización y la confusión incluso al interior de la fuerza.

Sin embargo, el gobierno porteño sigue destinando grandes partidas para Seguridad, tal como se desprende del proyecto del presupuesto 2019, en detrimento por ejemplo de la Educación.

Tal es así que tiene previsto destinar 4100 millones de pesos para el área de Seguridad, que incluyen la construcción de nuevas comisarías por 1463 millones, 283 millones más que lo que prevé para la construcción de escuelas.

Sobre este punto, Lisandro Teszkiewicz, integrante de Abogados por la Justicia Social (Ajus), explicó a PáginaI12 que “como casi todas las políticas públicas del gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta, se tiende a un esquema de centralización; entonces, en vez de distribuir las decisiones en 54 comisarías en el territorio, las van a concentrar en 15 precintos comisionados”. 

El concepto “precinto” alude a las policías de Estados Unidos y es el nuevo edificio que forma parte de los anuncios, cuyo armado está pensado para que albergue adentro una comisaría y una alcaidía para tener detenidos. La idea es que haya uno por Comuna y “en ellos va a haber un comisionado de la Policía de la Ciudad, que va a ser el que tome la decisión para toda la Comuna”, precisó Teszkiewicz.

En torno a la mala implementación de las comisarías, Valentina Novick, del Observatorio Contra la Inseguridad y la Violencia Institucional de la Ciudad de Buenos Aires (Ocivi), detalló que para comenzar a instrumentar las modificaciones “primero deberían haber garantizado los edificios de las policías comunales”.

“Hoy hay varias que están funcionando donde funciona otra comisaría barrial”, agregó Novick, quien además señaló que “hay edificios de comisarías comunales que están en licitación, y que se van a terminar el año que viene o en 2020 y sin adaptar la infraestructura hicieron de un día para el otro esta readecuación territorial”.

En 2016 se votó la ley 5688 de Seguridad Integral, por medio de la cual se creó la policía de la ciudad. Esa reorganización, o readecuación de las circunscripciones de las Comisarías a la División territorial en Comunas, está establecido en la Constitución de la Ciudad. 

“Es un mandato que todas las jurisdicciones tienen que adecuarse a la jurisdicción de comunas. Así debería ser también para los distritos escolares, para las áreas programáticas de los hospitales, cosa que no pasa”, enfatizó Novick. 

“En la ley de Seguridad Integral se recoge este mandato constitucional y el gobierno de la ciudad decide hacerlo a partir del 1 de julio de un día para el otro. Algo que es correcto y a lo que habría que apuntar pero está mal implementado porque debería ser al revés”, apuntó.

Uno de los aspectos más llamativos es que no se trabajó en un plan de prevención y difusión correcta y muchos vecinos se toparon con que las comisarías de sus zonas estaban cerradas cuando necesitaban acudir a ellas para denunciar algún hecho delictivo. Así sucede en Floresta, donde cerraron tres comisarías), en Chacarita (con la excomisaría 29ª, en Guzmán 396), además de la ex 32ª (Caseros 2724) y la ex 28ª (Vélez Sarsfield 170), entre otros barrios.

“Establecen eso que en un momento se llamaba el Cinturón tecnológico que ahora es el Plan integral de seguridad pública”, sostiene el también docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Teszkiewicz explicó que el gobierno porteño tiende a incrementar la vigilancia sobre los vecinos y por eso apunta a una presencia protagónica de tecnología. “Los nombres cambian pero todo apunta a intensificar, a través de la tecnología, cámaras y GPS, el nivel de control sobre la población, que tiene el Estado en general y las fuerzas de seguridad en particular”, detalló Teszkiewicz.

Muchos vecinos se quejaron de una dinámica que se perdió en este último tiempo, que es el de las reuniones vecinales entre civiles sin la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad porque todos coinciden que si están presentes nadie se atreve a denunciar los hechos delictivos del barrio y generan un efecto de intimidación contraproducente para lo que buscaban esos encuentros. 

La ley de Seguridad Integral que crea los Foros de seguridad establece la realización de dichas reuniones como un derecho pero últimamente fueron suplantadas por las Comisarías Abiertas en cuyos encuentros participan miembros de la fuerza de seguridad, incluido el comisario. 

El gobierno de la Ciudad contempla que el plan de readecuación se terminará de completar en 2023. Uno de los principales objetivos del proyecto consiste precisamente en redistribuir las comisarías para que se adecuen a la división actual de la Ciudad que es en 15 comunas.