Durante los primeros nueve meses del año el déficit fiscal primario ascendió hasta los 153.315 millones de pesos, lo que equivale al 1,1 por ciento del PBI. Las cifras fueron celebradas por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya que le permiten ofrendar al directorio del FMI el sobrecumplimiento de la meta de ajuste del gasto público. La noticia se conoce cuatro días antes de que los miembros del organismo evalúen las modificaciones al acuerdo Stand-By. En rigor, para alcanzar al dato establecido por el FMI se deben sumar al rojo erogaciones por 27.927 millones de pesos correspondientes al Programa de Inversiones Prioritarias, que implican otro 0,2 por ciento del producto adicional. Así, el déficit primario acumulado entre enero y septiembre alcanzó al 1,3 por ciento del PBI, mientras que la meta prevista para todo 2018 alcanza a 2,7 por ciento. El recorte del gasto público impulsado por el Gobierno tiene como objetivo garantizar el pago de servicios de la deuda. Cuando se incorpora esa carga de pago de intereses de la deuda, el resultado financiero registra un rojo por 383.942 millones de pesos, equivalente al 2,8 por ciento del PBI.

Los pagos de intereses son el rubro más dinámico del gasto. El nueve meses el Estado destinó 230.627 millones para hacer frente a los vencimientos con los acreedores, con un incremento del 55,2 por ciento frente al mismo período del año anterior. Impulsados por la devaluación que incrementa la carga en moneda local de aquellas colocaciones realizadas en dólares, euros, yenes y francos suizos, los intereses se mantienen como la tercera partida más importante del gasto del Estado, solo detrás de los fondos destinados a la seguridad social y los salarios de los trabajadores estatales. El sector público utilizó en los primeros nueve meses del año 825.552 millones de pesos al pago de jubilaciones y pensiones, un alza interanual del 28,2 por ciento. En tanto, para cubrir los sueldos de sus asalariados se utilizaron 280.077 millones de pesos, que marcaron un alza del 17,8 por ciento en relación a igual período de 2017. Ambas partidas evidencian la pérdida de poder de compra de esos ingresos ya que evolucionaron por debajo del 32,4 por ciento de inflación acumulado hasta septiembre. En cambio, los pagos de intereses de la deuda treparon 55,2 por ciento.

El programa de austeridad acordado por el Gobierno con el FMI se concentra en cinco rubros: reducir transferencias a las provincias, profundizar la quita de subsidios, achicar el empleo público, ajustar el sistema de la seguridad social y recortar el gasto en obra pública. El intento de la Casa Rosada para despejar la incertidumbre de los acreedores sobre la capacidad del país para hacer frente al pago de la deuda se complementa con restricción monetaria, tasas altas y flotación cambiaria.

“Este cuidadoso manejo del gasto público nos permitió cumplir nuestras metas fiscales por séptimo trimestre consecutivo, generando entre enero y septiembre una baja de 10 por ciento en el gasto primario en términos reales con respecto a igual período de 2017. Es el nivel más bajo de los últimos seis años”, celebró el titular del Palacio de Hacienda al presentar los resultados.

La inversión pública es el rubro más afectado por el “cuidadoso manejo” que ostentó Dujovne. A diferencia de otras partidas que crecen aunque por debajo de la inflación, el gasto en infraestructura se contrae en términos nominales. Durante los primeros nueve meses de 2018 el Gobierno destinó a obra pública 141.101 millones de pesos, una caída del 13,1 por ciento. Son 21.266 millones de pesos menos que igual período del año pasado. Los recortes más significativos fueron registrados por las erogaciones destinadas a obras de vivienda, que retrocedieron 43,3 por ciento en términos interanuales. También anotaron caídas nominales relevantes los fondos utilizados para proyectos de transporte y sanidad que acumulan un retroceso frente al mismo período del año pasado del 18,1 y 16,3 por ciento, respectivamente. La escasez en el flujo de recursos para obras en provincias y municipios, conceptos fundamentales para apuntalar las economías regionales, es inédita en la última década. La apuesta oficial para contrarrestar el impacto recesivo de esos recortes son los proyectos de Participación Público Privada, donde las obras se financian con nueva deuda que incrementará la carga de intereses.