Un informe de la Auditoría General de la Ciudad revela irregularidades en la adjudicación de las obras del Paseo del Bajo --la obra emblemática del Gobierno porteño-- que permitieron que la parte más cara de la construcción quedara en manos de IECSA, la empresa que históricamente fue propiedad de la familia Macri. La presidenta de la Auditoría porteña, Cecilia Segura, evalúa presentar una denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a partir de una maniobra que implicó adjudicarle el tramo de la obra que le hubiera tocado a IECSA a otra empresa española que, para colmo, debió ser luego ser expulsada por denuncias de corrupción en México que la llevaron a la quiebra. IECSA se quedó con el tramo más caro, por 3.183 millones de pesos.
El Paseo del Bajo es la obra emblema de la Ciudad, un corredor vial que unirá las autopistas Illia y la de Buenos Aires-La Plata y que tiene un costo total estimado de 6370 millones de pesos (aunque los contratos estipulan que se ajusta por inflación, por lo que ése no será el costo final de la obra). El 57 por ciento de la obra se financia con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
ABC
La licitación comenzó en agosto de 2016. Según detalla el informe de la Auditoría porteña, se dividió la obra en tres tramos: A, B y C. El tramo C era el más caro y el más codiciado por las empresas. Se estableció en los pliegos un orden de licitación de esos tramos: primero se iba a licitar el tramo C, luego el B y finalmente el A. Como las empresas podían presentarse en los tres tramos pero sólo podían resultar adjudicadas en uno de los tres, este orden establecido tenía como sentido que la mejor oferta se quedara con el tramo C y esto representara un ahorro para la Ciudad. Una vez que a una empresa se le adjudicaba el tramo C, ya no podía participar en las licitaciones del tramo B y A.
Pero la empresa estatal AUSA --que preside un ex compañero del Cardenal Newman de Macri, Carlos María Frugoni-- hizo un cambio de último momento en ese orden. Mediante dos circulares sin consulta, AUSA eliminó ese orden en el que primero se licitaba el tramo más caro y luego seguían los otros, lo que --según denuncia Segura-- terminó beneficiando a IECSA.
Esas circulares fueron firmadas por la jefa de Compras de AUSA, Natalia Bustos, el 28 de octubre y 3 de noviembre de 2016. Ninguna presentaba una explicación de por qué se establecía esa modificación, algo que quedó registrado en el informe de la Auditoría, aprobado la semana pasada por todos los auditores (incluidos los macristas): "No se encuentran justificados los motivos por los cuales mediante circulares sin consulta se modificó el orden de apertura de las ofertas económicas de las tres licitaciones".
A raíz de esto, consultados por PáginaI12, en el Gobierno porteño respondieron que la licitación "siguió la reglamentación de la CAF para estos procesos, ni de AUSA ni de Gobierno. Al momento de emitir esa circular se habían presentado todas las ofertas y los sobres estaban todos cerrados, por lo que no había forma de direccionar el proceso". "La CAF había puesto un límite para aprobar el financiamiento muy cercano a la apertura de los sobres. Para cumplir con ese plazo se decidió abrir primero el tramo A porque era en el que AUSA tenía más experiencia técnica y podía evaluarlo más rápidamente", indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano.
En definitiva, el tramo que primero se adjudicó no fue el C (el más caro), sino el A (el más pequeño). Y lo ganó la empresa Corsan Corvian Construcciones con una oferta de 1500 millones de pesos. Segunda quedó IECSA. Si se hubiera licitado en el orden original, Segura plantea que Corsan Corvian se hubiera quedado con el tramo más caro de la licitación, dado que todas sus ofertas eran a la baja. Con el cambio de orden --remarca la presidenta de la Auditoría-- se sacó de la competencia a esta empresa para los otros tramos, ya que ninguna compañía podía resultar adjudicada en más de uno.
Pero hubo una segunda maniobra que quedó registrada en el informe de la Auditoría. La procuración general, a cargo de Gabriel Astarloa, le advirtió a AUSA en diciembre de 2016 que debía establecer la capacidad económica de Corsan Corvian antes de adjudicárselo. Según la Auditoría, AUSA nunca respondió a ese requerimiento: "No se encuentra acreditado que AUSA haya dado cumplimiento a lo dictaminado por la procuración general respecto de la verificación de la capacidad técnica y económica de la adjudicataria Corsan Corvian Construcción S.A.", dice el informe.
Si AUSA hubiera determinada con Corsan Corvian no tenía la capacidad económica para llevar adelante la obra, hubiera quedado en manos de IECSA, que había sido la segunda mejor oferta en esa licitación. Y eso hubiera impedido que IECSA ganara el tramo C.
Finalmente, Corsan Corvian no pudo terminar la obra: entró en un proceso de quiebra luego de que su socia Isolux (conocida como "la Odebrecht española) se viera envuelta en un escándalo por el presunto pago de coimas en México para obtener obra pública. En 2017, AUSA debió entonces tomar a su cargo el pago a los subcontratistas hasta que resolvió dejar la obra en manos de la tercera mejor oferta de la licitación. Era la de la empresa JCR S.A. que, en su momento, había presentado impugnaciones contra Corsan Corvian, que tampoco fueron tenidas en cuenta.
La parte del león
De esta forma, IECSA se quedó con el tramo C de la obra, que fue adjudicado después del tramo A. La oferta de IECSA fue de 3183 millones de pesos. Es la empresa que el primo del presidente aseguró que le había vendido al empresario Marcelo Mindlin. No obstante, el fiscal Franco Picardi advirtió en la causa por las coimas en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento que Calcaterra seguiría controlando IECSA a través de un mecanismo de empresas offshore. Un vocero de la nueva cabeza de la empresa aseguró a Página/12 que el fiscal maneja información errónea y que la venta sí se había concretado.
"El Jefe de Gobierno dijo que la obra del Paseo del Bajo es la más importante de los últimos 50 años en la Ciudad. A eso habría que agregarle que es la más escandalosa y la que más ganancias le está dejando a la familia del Presidente", indicó Segura.
La presidenta de la Auditoría recordó que, por accionar de los auditores macristas y sus aliados, no se le permitió en los últimos dos años auditar la obra. Solo auditaron la licitación y la gestión de tierras. "Hace dos años que bloquean que se audite la obra más importante de la Ciudad", indicó. En la última reunión de la auditoría, Segura planteó que se debía presentar una denuncia penal por las irregularidades encontradas: "Propuse que dado, que pueden constituir la posible comisión de delitos, recomendaba que se remita el informe a la Justicia Federal: votaron los seis auditores en contra", señaló. "Como es deber de un funcionario público denunciar la posible comisión de un delito, estoy estudiando con mis abogados presentar una denuncia penal", indicó la auditora.
La denuncia sería contra el Jefe de Gobierno aunque podría incluir a otros funcionarios. Los delitos que les imputaría son el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función publica. Y también solicitaría que se investigue si se pagaron coimas.
