La Justicia determinó que las tareas de inteligencia realizadas por la Policía Federal Argentina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) entre 2015 y 2016, bajo órdenes del fiscal Guillermo Marijuán, violaron la Ley de Educación Superior. La Cámara Federal porteña anuló la validez de la información recolectada durante los operativos y el juez Martínez de Giorgi deberá definir el futuro de la causa, que involucra a dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

Las actividades de inteligencia habían sido ordenadas por el fiscal Marijuán en el marco de una causa iniciada en 2015, tras una presentación del abogado radical Ricardo Monner Sans contra los copresidentes de la FUBA Julián Asiner y Adrián Lutvak, y el ex titular de la Inspección General de Justicia, Diego Martín Cormick, por supuesta administración fraudulenta en la conducción de la organización. El fiscal buscaba investigar si en las sedes de la UBA existían espacios gratuitos cedidos a la federación estudiantil y explotados comercialmente. Bajo ese pretexto, ordenó a agentes de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía realizar tareas de inteligencia entre noviembre de 2015 y abril de 2016, en ocho de las sedes del Ciclo Básico Común (CBC). 

La Cámara Federal porteña avaló el argumento planteado por la defensa de los imputados, que señaló la ilegalidad de las actividades ordenadas por el fiscal. “La actividad investigativa dispuesta por el fiscal ha resultado contraria a la expresa previsión contenida en el artículo 31 de la Ley 24.521, no cabe sino declarar la nulidad del decreto”, definieron los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens. 

Tras tomar conocimiento en julio pasado de que las actividades de inteligencia habían sido realizadas sin previa orden de un juez, la abogada  que representa a los acusados, Elizabeth Gómez Alcorta, reclamó la nulidad de la medida por entender que violaba la Ley de Educación Superior y los estudiantes presentaron una denuncia penal contra el fiscal por abuso de autoridad. Según indica en su artículo 31, la LES establece que la fuerza pública no puede ingresar en las universidades nacionales salvo que cuente con orden escrita previa y fundada de un juez o con la solicitud expresa de las autoridades académicas.

“Es una muy buena noticia. Comprueba que lo que venimos planteando es real, y que Marijuán no hizo más que una operación de inteligencia ilegal”, celebró el referente de La Mella Adrián Lutvak, en diálogo con PáginaI12.

“Está claro que es un triunfo del movimiento estudiantil, ante un intento de criminalización que es muy general y excede a la FUBA –agregó el dirigente del Partido Obrero Julián Asiner–. Hay causas para los estudiantes de Córdoba, del Comahue, también acá en la UBA tenemos el caso de Federico Fernández, un estudiante procesado por resistencia a la autoridad durante una marcha al rectorado por el intento de fraude en la federación. Hay una decisión política del Gobierno y de parte del sistema judicial de intentar criminalizar a los estudiantes que luchamos en defensa de la educación.” 

Inicialmente, Marijuán ordenó que las tareas se realizarán por quince días, pero luego fueron prorrogadas y se extendieron hasta el 7 de abril de 2016. Los agentes debían observar las actividades que se realizaban en los locales que usaba la FUBA –este año la universidad resolvió revocar el permiso de utilización– e identificar a las personas que estuvieran a cargo. En los reportes policiales pudieron verse, además de fotografías de los locales y lugares aledaños, otros datos que no se vinculan con la causa, como por ejemplo fotocopias de folletería de volantes de la agrupación La Cámpora y fotos de las mesas de distintas agrupaciones estudiantiles.