“Vivo en Córdoba y vine a Buenos Aires a hacer un trámite. Tenía que buscar mi partida de nacimiento en la embajada para poder hacer la nacionalidad. Sólo eso. No conozco la ciudad. Estaba parando en La Plata en lo de un amigo, me bajé en Constitución y caminé. Paseaba, de pronto vi que venían unos 20 o 30 policías de frente y me fui por la calle Humberto Primo, ahí me dispararon dos o tres policías desde atrás, me tiraron al piso y me ataron las manos con una cinta. Después me llevaron con otras personas.” El que habla con Página/12, en un español bastante fluido, es Anil Baran, el joven de nacionalidad turca que fue detenido al igual que otros tres extranjeros como parte del operativo represivo contra la movilización por la ley de Presupuesto 2019, y como tal es una de las personas a las que el Gobierno quiere deportar, según anunciaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y la  ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sobre él se dijeron todo tipo de cosas, por ejemplo que se investiga si es un activista contra el G-20 y se lo describió como “amante del Che” por tener una foto en su Facebook en el museo Casa de Ernesto Che Guevara, como si fueran delitos. Lo mismo respecto de dos venezolanos arrestados, Víctor y Felipe Puleo, y el paraguayo Luis Fretes. Sobre los hermanos Puleo circularon en los portales versiones de que son espías del régimen de Nicolás Maduro. A ellos, la Policía los agarró cuando  intentaban guardar dentro de su casa, cerca del Congreso, la moto con la que hacen repartos.

Lo que las autoridades nacionales no explican entre sus anuncios de expulsión es que –según la ley de Migraciones– para iniciar el trámite de deportación de una persona de otra nacionalidad, ésta debe tener una condena o procesamiento confirmado e inscripto en el registro de antecedentes penales; o se debe demostrar que entró al país por un lugar no habilitado; y en caso de que tuviera una situación migratoria irregular el Estado debe darle primero treinta días para regularizarla. Al parecer, todos tienen documento argentino y en cuanto a su situación penal ni siquiera hay aún una acusación formal. El fiscal porteño que analiza las detenciones, Federico Tropea, hasta ahora sólo certificó la identidad de los 26 detenidos y comenzará a analizar las actas de detención, donde deben estar descriptas las circunstancias en que fueron apresados cada uno de los imputados. Recién la semana que viene citará a los policías, después cotejará lo que relaten con las imágenes y en función de todo ese material resolverá si hay elementos para adjudicar algún delito. La experiencia de las movilizaciones del año pasado demuestra, como quedó claro con una resolución reciente del juez Sergio Torres, que la gran mayoría de las detenciones que se hacen en medio de las protestas suelen ser arbitrarias, al voleo y afectan a personas que a veces ni siquiera participan de la protesta. Torres estableció que a 58 de 69 detenidos en la marcha contra la reforma previsional en diciembre pasado se los había detenido sin prueba de nada. Lo cierto es que Tropea no tiene ni siquiera una imputación formal hecha, y ya se habla de expulsión.

Baran nació en Estambul, tiene 27 años y es graduado en Ciencias Económicas en la Universidad Técnica del mar Negro. “Antes de graduarme consideré la idea de viajar a Europa, pero un amigo que vive en Argentina y que estaba viajando por Turquía me habló mucho de este país y me entró el deseo de venir a conocer. Eso fue en 2016. Aquí conocí a una muchacha argentina, me establecí en Córdoba y me casé con ella a finales del año pasado. Tengo un documento y vine a Buenos Aires a sacar mi partida de nacimiento de la embajada para poder establecerme definitivamente”, cuenta. Con su pareja viven en Villa María. El trabaja en una empresa de logística. Esta semana paraba en La Plata, en la casa de un amigo, con quien el miércoles viajó al centro hasta Constitución. Llegaron cerca de las tres de la tarde, se separaron y él caminó por 9 de julio. “No sabía que estaba complicada la situación, sólo veía banderas y gente que venía caminando”, recuerda. Dice que se lo tomó como un paseo, pero que de pronto vio venir de frente un cordón policial, “disparaban y tiraban gases”. Asustado, dobló por la calle Humberto Primo. “Me dispararon desde atrás y un policía motorizado me tiró al suelo, me retuvo y me pusieron cinta. Después me juntaron con otros y nos llevaron a la comisaría. Eramos siete, yo era el único extranjero. Uno de los que estuvo con él fue Nacho Levy, de la organización La Poderosa.  En la fiscalía comenzó a ser asistido por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional  (Correpi).

Los venezolanos son hermanos, tiene 31 y 23 años, viven en las inmediaciones del Congreso, y al momento de recuperar la libertad fueron asistidos por abogados de la CTA. Al parecer son antichavistas. Todo indicaría que fueron detenidos cuando vieron los incidentes decidieron guardar la moto que tenían estacionada y que utilizan para trabajar, porque tuvieron miedo. Uno de ellos, según lo que habrían relatado en la comisaría, reparte volantes y el otro que trabaja en un Mac Pollo o delivery de pollos. Ambos tienen documento. Pero según las versiones que hizo circular el Gobierno y que alimentaron medios del Grupo Clarín e Infobae, el vendedor de pollos/repartidor y el volantero podrían ser espías del régimen de Maduro. Sobre Fretes, el hombre de origen paraguayo, las descripciones reproducidas con tono estigmatizante dicen que integraría un grupo anarquista de Asunción y al igual que al turco se lo asocia con grupos anti cumbre del G-20, que se hará en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Al parecer, tiene dos hijos argentinos.

El senador Miguel Angel Pichetto fue el primero en cargar ayer las tintas sobre los extranjeros detenidos (que ahora ya están en libertad) cuando dijo que esperaba que “los cuatro extranjeros, y en esto no tengo ninguna mirada xenófoba, ninguna estupidez de esas que siempre dicen, pero los dos venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos con esta visión alegre que tiene el Gobierno, que han entrado más de 80 mil, el paraguayo y el turco ya estén en el departamento del migraciones listos para la salida del país”. Más tarde, Frigerio y Bullrich anunciaron que serán deportados “lo antes posible”. Nadie explica qué hicieron, qué delito cometieron, porque –de hecho– ni siquiera el fiscal lo sabe. En el Gobierno dan por sentado que participaron de “hechos violentos” sin que haya nada acreditado. De hecho, los relatos que se conocen hasta el momento, no se corresponden con eso. Algunos medios titularon que ya se inició el trámite de expulsión, algo imposible. Por ahora es toda una construcción que se alimenta bajo la suposición de que mejora la posición del Gobierno en el peor momento.