El juez federal Claudio Bonadio se apartó de una parte de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Es la relacionada con el supuesto dinero ilegal destinado a campañas electorales del Frente para la Victoria (FpV). Los imputados son Máximo Kirchner, Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés Larroque, Julián Álvarez, José Ottavis, el empresario Sergio Szpolsky y los ex intendentes Enrique "El japonés" García y Ricardo Ivoskus. Se ve que el magistrado no quiere avanzar en una causa que considera paralela a la de los aportes truchos de Cambiemos, dado que cualquier paso que dé respecto de aportes supuestamente ilegales del FpV tiene repercusión en la que investiga el uso de personas que cobran planes sociales para esconder dinero recaudado en negro por el oficialismo. La causa va a sorteo, pero todo indica que terminará en manos de la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría. Un dato asombroso es que el juez sigue sin resolver la situación del ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien habría manejado el supuesto dinero electoral de FpV y lo distribuyó.
La imputación contra Máximo y los integrantes de La Cámpora se originó en la fraudulenta declaración de José López, quien mintió en forma evidente cuando fue aceptado como imputado colaborador en la causa de las fotocopias. Dijo lo que el juez y el fiscal querían escuchar: que el dinero que tiró en el convento provenía de Cristina Fernández de Kirchner. Como yapa agregó que una parte de la plata que recaudó fue a parar a La Cámpora e incluso a la agrupación Justicia Legítima. Como es obvio no aportó prueba alguna.
Antes de eso, en la cuestión del dinero electoral involucró a Abal Medina porque el ex jefe de Gabinete figura en las fotocopias de los cuadernos. El chofer Oscar Centeno afirma que Roberto Baratta le entregó un bolso con dinero. Abal Medina dijo ante el juez que efectivamente recibió plata para la campaña y que se distribuyó a través de su segundo, Hugo Larraburu. A éste le encontraron un pendrive con una especie de rendición de los gastos. Abal Medina afirmó que pensaba que el dinero recibido eran aportes voluntarios de empresarios. Desde la cárcel, Baratta dijo: "Abal Medina es una persona con miedo, sin convicciones ni valores, además de mentiroso. Nunca le entregué fondos de campaña ni ilegales". Lo que dice Baratta es que de otra declaración, la de Ernesto Clarens, se deduce que López le pidió dinero que recaudó Clarens entre distintos empresarios para la campaña electoral y para entregarle a Abal Medina.
En su resolución el juez señala que "no hay comunidad probatoria" entre dos aspectos de la causa de las fotocopias. Por un lado está la recaudación vinculada con supuestas coimas de la obra pública y empresarios de ese rubro. Por otro lado está el dinero electoral. Con ese argumento se envió a sorteo esta segunda parte. Habrá un nuevo juez el lunes, aunque lo más probable es que se declare incompetente o se la saquen y termine en manos de Servini de Cubría, jueza electoral. En el caso de los aportes truchos de Cambiemos, la investigación principal estaba en manos de dos jueces federales, Sebastián Casanello y Ernesto Kreplak, pero hubo una ofensiva de Cambiemos para sacar de la cancha, primero a Casanello y ahora a Kreplak. Esto último no lo consiguieron todavía. El objetivo de Cambiemos es que el expediente quede en manos del juez electoral de La Plata, Adolfo Ziulú. Las pruebas son tan evidentes que el oficialismo trata que no se investigue lavado de dinero sino una simple infracción electoral, redimible con multa.
Respecto de la causa de las fotocopias, la división es controvertida porque el empresario Gerardo Ferreyra, por ejemplo, afirmó que él puso dinero para la campaña electoral, por decisión propia y sintonía política con el FpV, y sin embargo sigue detenido en Ezeiza y no se considera su accionar como una infracción electoral como sucede con los que serán parte de la nueva causa.
Según se comenta en Comodoro Py, Bonadio también quiso sacarse de encima ese tramo de la acusación porque en la Cámara Federal corría el peligro de que lo aparten del grueso del expediente. Sucede que Bonadio fue querellante contra Julián Álvarez en una causa apuntada contra los miembros del FpV del Consejo de la Magistratura por votar a favor de descontarle parte de su sueldo a raíz de varias irregularidades. Es obvio que un juez que tiene una querella contra un imputado no puede ser imparcial y era un secreto a voces que la Cámara iba a apartarlo. Sacándose de encima como imputado a Álvarez, el juez mitiga el riesgo o pactó con los camaristas esa solución para el entuerto. Los elementos contra los imputados son más que débiles. Es más, respecto de Máximo, De Pedro, Larroque y Álvarez no hay prueba alguna. Nadie dice haberles dado ni un peso. Los indagaron porque son líderes de La Cámpora, pero sin imputación precisa. Ottavis, en cambio, admitió haber recibido un millón de pesos para la campaña; Szpolsky dijo que le dieron plata para imprimir boletas, mientras que Ivoskus y el Japonés García admitieron que se reunieron con José López pero no está claro si recibieron dinero o no. Para todos ellos es un alivio salir de la causa de las fotocopias donde nunca debieron estar ni hubo razón alguna para que los imputen.
