El gobierno nacional, a través de los abogados de la Secretaría de Salud, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, apelaron el fallo de la jueza federal Sylvia Aramberri que habilitaba a un grupo de madres rosarinas a cultivar marihuana en sus domicilios para producir aceite con fines medicinales. “Los argumentos centrales del Estado Nacional pasan por cuestionar severamente la utilización de los aceites por fuera de los casos de epilepsias refractarias que los mecanismos vigentes hoy permiten, desconociendo los aportes científicos que avalaron la presentación de las madres y que tienen un consenso y reconocimiento enorme en nuestras instituciones y en el mundo científico y académico”, plantearon las abogadas de Madres que se Plantan, Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini. El recurso, indicaron las abogadas, fue elevado a la Cámara por la jueza sin suspender la medida cuestionada, manteniendo la vigencia de la sentencia dictada por la misma haciendo lugar al autocultivo.

El pasado 20 de setiembre, la jueza Aramberri autorizó a las madres a continuar cultivando en sus domicilios y a realizar los aceites de cannabis que sus hijos e hijas necesitan con el control de los Ministerios de Salud y de Educación de la Nación, y de los profesionales de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac), más el testeo de los aceites por parte de la Facultad de Bioquímica de la UNR.

Además, la magistrada ordenaba al Estado nacional, en el plazo máximo de seis meses, “la operatividad en su deber de plantar, cosechar, cultivar y acopiar la planta de cannabis y sus derivados a los fines del suministro gratuito e ininterrumpido del aceite medicinal” a siete madres que utilizan el aceite para aliviar los dolores de sus hijos.

En la apelación, los abogados de la Secretaría de Salud de la Nación cuestionaron la orden de la jueza de comenzar a suministrar los aceites, y la decisión de autorizar a las mamás a cultivar en sus domicilios para producir el aceite que sus hijos necesitan. “Consagrar el derecho al uso medicinal del cannabis sin la posibilidad de garantirlo implicaría una suerte de reconocimiento de derechos como meros principios de buena voluntad”, señaló la jueza en el histórico fallo.

“Es inexplicable la decisión de recurrir. Ante la opción de cumplir con los mandatos constitucionales o no hacerlo, eligen esta segunda opción”, señaló Durruty. “Se cuestiona lisa y llanamente el derecho de las amparistas a garantizar el acceso a la salud de sus hijos e hijas ante el incumplimiento del Estado, que no solo viola sus derechos por omisión, sino que, una vez reconocidos los mismos por una resolución judicial, pretende impedir su cumplimiento. Esperamos que el fallo sea debidamente confirmado”, expresó Pellegrini.

A Erika Rojas, de Madres que se Plantan, no la sorprendió la apelación porque, consideró, el gobierno nacional “nunca apoyó esta medida”. De todos modos, indicó que están bien encaminadas e informadas: “Tenemos historias clínicas, seguimiento de los niños, la Facultad de Bioquímica que nos apoya. Ya dejó de ser el frasquito de aceite para pasar a ser una medicación. Tenemos para darle pelea a los argumentos que ellos tengan para decirnos que no”.

Las madres presentaron en julio un inédito amparo colectivo para permitirles el autocultivo de marihuana y producir el aceite sin ser perseguidas judicialmente. "Hasta ahora no hemos tenido allanamientos, pero la realidad es que cuando no tenemos cultivos salimos a buscar, y en esa salida estamos bordeando la criminalidad. Si la policía me agarra con 10 o 15 gramos que necesito para hacerle un aceite a mi niño, termino con una causa federal", decía Carina Prieto, madre de Juan Cruz, un niño con autismo, el día que presentaron el amparo acompañados por la concejala Caren Tepp.

Ayer, la edila de Ciudad Futura dijo que “lejos de acompañar el avance que desde la sociedad civil se viene dando en materia de cannabis medicinal, en un caso donde la justicia avaló una forma de acceder a la salud resuelta por las madres con el acompañamiento de profesionales y de la Universidad Pública, el Estado Nacional puso todos sus esfuerzos no sólo en impedir esta medida sino cuestionando seriamente el uso del cannabis medicinal por fuera de los casos de epilepsia refractaria. Un verdadero retroceso”.