El directorio del Fondo Monetario aprobó ayer ampliar el monto del préstamo acordado con Argentina hasta los 56.300 millones y acelerar los desembolsos. La reprogramación del cronograma, según la carta de intención que rubricaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, concentra antes de las elecciones del año próximo el 87,9 por ciento del total del crédito, equivalente a 49.555 millones de dólares. Según confirmaron fuentes oficiales, el primer desembolso por 5700 millones de dólares será la semana próxima y en diciembre habrá otra transferencia por 7600 millones. Como contrapartida, el Gobierno llevará a cabo un fuerte ajuste fiscal hasta equilibrar el resultado primario, reconoce una caída de la actividad el año próximo de hasta 2 por ciento y se somete a una mayor injerencia del organismo en la política económica y monetaria. También anticipa que impulsará el año próximo una profunda reforma del sistema previsional en 2019 (ver aparte).

Tras la media sanción de Diputados al proyecto de ley de Presupuesto 2019, el Fondo dio a conocer la respuesta al pedido argentino para que aumente el acceso al crédito y acelere los desembolsos. “El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó el día de hoy la primera revisión del desempeño económico de la Argentina en virtud del Acuerdo Stand-By de 36 meses, que fue aprobado el 20 de junio de 2018. La conclusión de la revisión permite a las autoridades obtener aproximadamente 5700 millones de dólares (por encima del acuerdo original)”, comunicó el organismo que conduce Christine Lagarde. 

Una de las condiciones a las que se había comprometido el equipo negociador de Cambiemos con el FMI era conseguir que el Congreso apruebe el ajuste que libere los recursos necesarios para el pago de intereses de la deuda. El oficialismo no vislumbra dificultades para que el Presupuesto se apruebe en Senado. La votación en Diputados explica que 24 horas después el staff del FMI haya dado a conocer su decisión. “El Directorio Ejecutivo también aprobó una ampliación del Acuerdo Stand-By que incrementa el acceso hasta aproximadamente 56.300 millones (equivalente a DEG 40.710 millones). Las autoridades han solicitado usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario”, de acuerdo con lo que informó el organismo multilateral de crédito.  

El DEG (Derechos Especiales de Giro) un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros y su valor se basa en una cesta de monedas (dólar, euro, renminbi, yen y libra esterlina). Actualmente representa a 1,383 dólares. Sobre esta base de comparación, el préstamo en DEG representa un acceso a 56.300 millones de dólares que se repartirá en su mayoría antes de septiembre, un mes antes de las elecciones presidenciales. En el cronograma original, para los 50.000 millones de dólares solicitados en junio, preveía un primer desembolso en ese mes por 15.000 millones y luego transferencias trimestrales de 2900 millones hasta el 1 de junio de 2021. La reprogramación implica que este mes se reciba el equivalente a 5700 millones de dólares; en diciembre, 7610 millones; en marzo, 10.800 millones; en junio, 5400 millones y septiembre, 5400 millones. A partir de esa última transferencia, cada desembolso trimestral para la próxima administración se reducirá al equivalente a 969 millones hasta junio de 2021. 

Para la vigencia del nuevo cronograma, el país deberá cumplir la meta de déficit fiscal impuesta por el organismo. En la carta de intención que firmó Dujovne y Sandleris, donde se anticipa para el año próximo una caída de la actividad de “entre 0,5 y 2 por ciento”, solicita apoyo para generar confianza. “Nuestro plan de política económica no ha podido recomponer la confianza del mercado de la forma que esperábamos”, reconoce el equipo económico. Si bien se aclara que el crédito dejó de tener una razón precautoria, desde Hacienda insistieron en que no se utilizarán las divisas del acuerdo hasta febrero del año próximo, al menos si no vuelve a suceder una corrida contra el peso. El BCRA se compromete a revisar la política monetaria y cambiaria con el objetivo de reducir los niveles de inflación, que este año cerrarán en torno al 45-50 por ciento y para 2019 promediará el 34,8.

“Reconocemos que nuestro enfoque elegido para la política monetaria no ha dado los resultados deseados en la reducción de la inflación”, reconoce el Gobierno en la carta de intención, aunque defiende el enfoque de metas de inflación como “el régimen apropiado para Argentina”. En este marco, el organismo se compromete “a mantener las tasas a corto plazo (Leliq de siete días) por encima de 60 por ciento, al menos hasta que el promedio de las expectativas de inflación reportadas en la encuesta REM (consultoras y bancos) a un horizonte de 12 meses hayan declinado decisivamente durante dos meses consecutivos”. Por último, asegura que continuará el monitoreo de la solidez de los bancos, aunque asegura que “los riesgos de las actuales circunstancias macroeconómicas en el sector bancario son limitados debido al pequeño tamaño del sector, su alto nivel de capital y activos líquidos, así como la limitada exposición de los bancos al soberano”.