La canasta alimentaria que elabora la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires para dos jubilados con casa propia aumentó 127,5 por ciento en los últimos tres años, al pasar de 2618 a 5956 pesos. La canasta básica, que además de alimentos incluye bienes y servicios esenciales, avanzó en el mismo período 153,6 por ciento, de 4632 a 11.749 pesos. Al comparar estas cifras con la evolución de la jubilación mínima se advierte la fuerte pérdida de poder adquisitivo que han sufrido estos ingresos, ya que entre septiembre de 2015 y septiembre de 2018 ese haber subió 100,9 por ciento, de 4299 a 8637 pesos. Fueron 27 puntos menos que la canasta alimentaria y 53 puntos por debajo de la canasta básica. Expresado de otro modo, un matrimonio de jubilados que percibía hace tres años una sola jubilación mínima podía costear el 92,8 por ciento de una canasta básica, en tanto que en la actualidad le alcanza para pagar el 73,5 por ciento. Son casi 20 puntos menos, lo que se traduce en graves pérdidas en la calidad de vida de sectores vulnerables.

El cambio en la fórmula de movilidad previsional y la disparada inflacionaria explican el deterioro en la capacidad de compra de los adultos mayores. Son dos elementos que nada tienen que ver con ninguna pesada herencia. La tendencia no se alterará en los próximos meses, porque la nueva base de cálculo de las jubilaciones toma en consideración la marcha de los salarios de los trabajadores activos, condenados a quedar por debajo de la suba de precios en un contexto de recesión persistente y aumento del desempleo. Pero hay otros factores estructurales que apuntan a disminuir el valor de las jubilaciones, con un amplio abanico de medidas que ha ido tomando el gobierno de Mauricio Macri desde un comienzo y con otras que llegarán por exigencia del acuerdo con el FMI. De hecho, está programada una nueva reforma previsional en 2019, que seguramente incluirá el aumento de la edad de retiro hasta los 70 años y cristalizará un ordenamiento del sistema con jubilados de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Pese a ello, los jubilados siguen apareciendo en las encuestas como el sector social que más apoya al oficialismo.

Según las estadísticas del gobierno porteño, que esquivan el descrédito de los registros del Indec bajo la gestión kirchnerista y el apagón informativo que produjo la actual gestión durante un semestre de 2016, entre marzo de 2013 –último dato disponible en la valorización de las canastas en la Ciudad– y septiembre de 2015, con el último aumento de haberes del mandato de Cristina Fernández, las jubilaciones exhibieron una trayectoria de recuperación que continuó la tendencia iniciada en 2003. En efecto, en marzo de 2013 la canasta alimentaria cotizaba 1351 pesos y la canasta básica valía 2377 pesos. En septiembre de 2015, esos valores treparon a 2618 y 4632 pesos, respectivamente. Es decir, un alza del 93,7 y 94,8 por ciento. La jubilación mínima, a su vez, escaló por arriba de esos incrementos, con 99,3 por ciento, de 2156 a 4299 pesos. El poder adquisitivo, en consecuencia, creció en esos dos años y medio, ya que en marzo de 2013 el haber mínimo alcanzaba para cubrir el 82,3 por ciento de la canasta básica y en septiembre de 2015, el 92,8. La mejora fue de más de 10 puntos. Como se puntualizó más arriba, de aquel nivel de 92,8 por ciento con que entregó el mando Cristina Kirchner, en casi tres años de gobierno de Macri –tomando desde septiembre de 2015– el poder de compra de la jubilación mínima cayó al 73,5 por ciento. Una contracción de 19,3 puntos. Los datos muestran de manera contundente el impacto en el bolsillo de las políticas previsionales del gobierno anterior y del actual. El relato de la pesada herencia, como en tantos otros aspectos, revierte su significado cuando se revisan los números oficiales. Los jubilados ganaban cada vez más con el gobierno anterior y ganan cada vez menos con el actual. Y ese desarrollo se profundizará en 2019.

“La llegada del FMI significó una fuerte aceleración del proceso de ajuste en materia previsional”, advirtió el especialista Miguel Fernández Pastor en un informe publicado esta semana. Además de la pérdida ya consagrada por las modificaciones en la movilidad jubilatoria, el ex director de la Anses le apuntó a la reforma previsional en estudio. El Fondo Monetario ya hizo saber cuáles son los reclamos principales:

  • A partir de mayo de 2019 se empezarán a utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para liquidar jubilaciones. Es decir, el Gobierno echará mano a un ahorro de trabajadores argentinos de más de tres décadas para gastos corrientes. Es otra caja de la que se apropia Cambiemos en su programa de ajuste permanente. Lo hace la fuerza política que en la oposición aprobó una ley de jubilación mínima que imponía el 82 por ciento móvil. En tres años de mandato no solo exhibe un duro golpe sobre el poder de compra de los haberes, sino que hipoteca el futuro de los próximos jubilados con la licuación del FGS.
  • El FMI reclama que la nueva Prestación Universal para el Adulto Mayor (Puam) baje del 80 al 70 por ciento de la jubilación mínima. Este beneficio fue creado en 2016 con la Ley de Reparación Histórica, en reemplazo de las moratorias que antes permitían a las mujeres de 60 años y a los hombres de 65 acceder a una jubilación mínima plena. Para el oficialismo eso era un regalo y lo empezó a desmontar. En primer lugar, las mujeres sufrieron un aumento de 5 años en la edad de cobro, ya que pasó de los 60 a los 65 años. Y todos bajaron su haber al 80 por ciento de la jubilación mínima. Traducido a números actuales, de 8637 a 6909 pesos. Son 1728 pesos menos. Si la Puam se redujera todavía más, al 70 por ciento de la mínima, quedaría en este momento en 6045 pesos, casi 900 pesos menos que el valor vigente y casi 2600 menos que la jubilación mínima. La Puam está pensada para las personas que en su vida activa sufrieron el desempleo, el trabajo no registrado y el trabajo no remunerado, por lo cual no pudieron completar aportes. Constituyen buena parte del 35 por ciento más pobre de la población. A ese sector se lo sentencia con la Puam a permanecer en esa condición durante la vejez, y ahora el FMI quiere ajustar todavía más sobre este grupo vulnerable.
  • El FMI postula un aumento de la edad jubilatoria de mujeres y hombres, como ya lo impuso en Grecia. El salto sería de 5 años en ambos casos, para pasar a 65 y 70 años, respectivamente.  
  • También podría haber nuevos cambios en la ley de movilidad y en la fórmula de cálculo del haber inicial, cuando una persona se retira, pasando de computar los últimos 10 años de aportes a los últimos 25.
  • “Se intentarán eliminar los regímenes especiales, en particular el de docentes y científicos”, advierte Fernández Pastor.
  • Finalmente, el FMI planteará la creación de un nuevo régimen de jubilación privada.

En ese régimen que se perfila, quedarán como jubilados de primera aquellos trabajadores formales que además de reunir 30 años de aportes en el sistema de reparto, coticen en las nuevas AFJP un plus para la vejez, con beneficios impositivos para aportar a un seguro de retiro. Los jubilados de segunda serán los que tengan 30 años de aportes. Los de tercera los que se jubilaron completando años mediante moratorias. Y los de cuarta serán los que accedan al beneficio universal de la Puam.

Hoy ya existen de la categoría dos a la cuatro. De hecho, los que se jubilaron con 30 años de aportes cobran un haber mínimo de 8774 pesos, ya que tienen un premio por haber alcanzado ese requisito. Los de segunda, que accedieron a la jubilación con años de  moratoria, ganan 8637 pesos. Y los de tercera, que cobran la Puam, obtienen 6909 pesos. Todos ellos están por debajo del nivel que percibían hasta diciembre 2015. Fernández Pastor lo expresó en dólares para facilitar la comparación. Al final del gobierno anterior, la jubilación mínima equivalía a 456 dólares. Hoy son 227 dólares. Los que cobran el plus por 30 años de aportes ganan 230 dólares. Y los de la Puam, 181.

El recorte presupuestario en seguridad social ha sido una política de Cambiemos desde un comienzo. Ahora, con la presión fiscal que establece el FMI, el ajuste será más profundo. Como en los ‘90, la herencia para los jubilados que deja otro gobierno neoliberal será costosa de levantar.